La violencia de género en Zacatecas es un recordatorio constante de que la desigualdad mata. No es una estadística fría, sino un fracaso estructural que se mide en vidas fracturadas. Años después de decretar la Alerta de Violencia de Género, la magnitud del problema sigue siendo abrumadora, pero es en la especialización de sus instituciones donde se puede anclar una esperanza real de cambio.
El último informe de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI desmantela cualquier espejismo. En Zacatecas, el 59.3% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una forma de violencia a lo largo de su vida. Esta cifra, que significa que casi seis de cada diez mujeres han sido agredidas por razón de género, es una deuda social que el estado no puede seguir postergando. Además, un alarmante 37.9% de ellas experimentó esta violencia en los doce meses previos al levantamiento de la encuesta, lo que subraya la inmediatez y constancia del peligro. La agresión se manifiesta de manera insidiosa; la violencia psicológica y sexual se mantienen como las más prevalentes, demostrando que el problema no se limita al ámbito físico, sino que socava la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de las mujeres. La brecha entre esta cifra de agresión y el número de denuncias es el reflejo más cruel de la falta de confianza en un sistema de justicia que históricamente ha revictimizado en lugar de proteger.
Cerrar esa brecha requiere más que buenas intenciones; exige una respuesta institucional radicalmente profesional. Es aquí donde las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), y la apuesta por la capacitación internacional, inyectan una dosis de optimismo cauto. La Fiscalía, junto con elementos de la Policía de Investigación, ha emprendido un camino de especialización mediante la formación con la Policía Nacional de España, centrándose en el modelo VIOGEN (Violencia de Género).
Este esfuerzo es vital porque el modelo VIOGEN se enfoca en la gestión de riesgo y la prevención. El objetivo no es solo castigar el delito consumado, sino evitar que ocurra. El conocimiento transferido debe asegurar que los fiscales y policías puedan: primero, aplicar el Protocolo Homologado de Feminicidio con la rigurosidad debida; segundo, identificar con precisión el peligro que corre una mujer para emitir y dar seguimiento a las órdenes de protección de manera efectiva; y tercero, transformar la cultura interna para que la investigación se realice con una perspectiva de género sólida.
La capacitación con estándares internacionales es un paso firme hacia la madurez institucional. La esperanza reside en que este conocimiento se traduzca en una procuración de justicia que sea ágil, empática y, sobre todo, eficaz. Es la única vía para que Zacatecas comience a saldar su deuda con el 59.3% de sus mujeres, demostrando que la ley está de su lado y que la impunidad tiene fecha de caducidad. El verdadero indicador de éxito no será el número de cursos impartidos, sino la certeza de las mujeres de que, al levantar la voz, el Estado responderá para salvar sus vidas.
@armandogn_zac
