Con el reciente arribo de las personas que han sido elegidas como juzgadoras en el pasado proceso electoral extraordinario, han comenzado a surgir críticas y señalamientos sobre el desempeño, apenas inicial, de las mismas, así como de renuncias o conflictos de interés. Desde luego, esto no es en ningún sentido un fenómeno novedoso, aunque sí se presenta en una dimensión distinta, por los antecedentes mismos del proceso.
La rendición de cuentas en los poderes judiciales siempre ha sido un desafío en las democracias constitucionales. Ello en razón del choque entre la apertura que exige cualquier mecanismo de accountability y la independencia, autonomía y reserva que son inherentes a la función judicial. Esfuerzos que anteceden han existido, aunque ninguno del tamaño y naturaleza del que estamos experimentando en México, pues, a la par que llevamos al terreno de lo electoral la definición de juzgadores, magistraturas e integrantes de la Suprema Corte, se concibió la nueva conformación de este poder judicial en una lógica democrática, cuyo concepto descansa en la idea, no solo de la apertura, sino de la competencia político-electoral, lo que implica la rendición de cuentas en sentido horizontal preexistente (es decir, a través de lo que fue el Consejo de la Judicatura, y que ahora será el Tribunal de Disciplina Judicial), y el agregado de un ejercicio de accountability vertical: a través de la valoración que los electores hagan del desempeño de quien ejerce la función jurisdiccional. Sin embargo, ello representa, como lo fue la elección misma (y lo sigue siendo), un riesgo de sesgo simplista, alejado de la técnica y complejidad que implica la labor que todo Estado de Derecho exige a sus juzgadores.
Por ello es importante que comencemos a innovar en el proceso de evaluación del desarrollo de las funciones que deben realizar las personas juzgadoras electas. Me atrevo a apuntar algunas ideas: primero, es importante que los profesionales en la materia jurídica comiencen a organizarse para incidir de manera pública, abierta, transparente y honesta (me refiero a que se aclaren sus conflictos de interés, financiamiento, principios, medios y objetivos), en esta versión de “democratización de la justicia”. Lo idóneo, me atrevo a proponer, es la formación de Observatorios Ciudadanos, conformados, ya sea por asociaciones de litigantes, así como por académicos y docentes del Derecho. Que existan varios de éstos observatorios por entidad, y más aún en el país, permitiría que los electores puedan acudir a dichos filtros para valorar el desempeño de quiénes pueden regresar a pedir la ratificación de su cargo a través del voto popular. Esto por lo que hace al inevitable ejercicio de rendición de cuentas vertical.
En cuanto a la rendición de cuentas horizontal, que habrá de desempeñar el Tribunal de Disciplina Judicial y sus unidades (el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas y el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial), es fundamental que su reglamentación interna, así como los protocolos, lineamientos y demás normativa, se redacte en una lógica de “parlamento abierto”: buscando la participación de expertos en materia de derecho disciplinario y sancionador, así como la experiencia de otras naciones en la materia, para que gocen de las bondades de la política pública comparada y la adopción de las mejores prácticas. Además es importante y urgente que este Tribunal se inserte en el aún existente Sistema Nacional Anticorrupción, para que adopte con prontitud y eficacia, el combate a la corrupción en clave sistemática y articulada con las otras instituciones del Estado que coadyuvan en dicha política de Estado. Su pronta colaboración con entes ajenos a dicho sistema es también urgente: el Instituto Nacional Electoral y en particular su Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria y desde luego la Fiscalía General, en sus respectivos ámbitos.
El desafío no es menor, nos encontramos ante el riesgo de la captura, por la vía electoral y financiera, de los operadores de la justicia, si bien, tampoco se encontraban exentos del fenómeno de la corrupción.
Van pues estas muy sencillas y primarias notas para incentivar y aportar a un debate necesario y, hoy por hoy, urgente.
@CarlosETorres_
