Con un aplauso al Movimiento Estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Moves) y el reconocimiento a su lucha contra las violencias institucionales, se inauguró este martes el Foro Nacional Diálogos Universitarios para la Prevención y Atención de las Violencias Sexuales y de Género, en el Foyer del Teatro Fernando Calderón.
Heidy Madrigal, representante del MOVES, reclamó que no se ha avanzado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras las protestas estudiantiles y denunció que algunas integrantes del movimiento han enfrentado represalias (como la reprobación y el retiro de sus becas Sehciti), además de intentos de desacreditarlas, mientras se tolera a agresores dentro de la Universidad.
Más adelante, durante el conversatorio Voces interdisciplinarias e interinstitucionales frente a las violencias en las Universidades, Alejandra Padilla Pantoja leyó el testimonio de una de las afectadas, quien describió como Rubén “N” y Elizabeth “N”, docentes de la Maestría en Ciencias Sociales (UACS-UAZ) habrían incurrido en violencia institucional al utilizar su posición académica para aplicar represalias fuera de los cauces legales, luego de que la denunciante participara en el movimiento estudiantil.
Uno de los hechos más graves señalados fue su exclusión del padrón de becarias Sehciti, acto atribuido directamente a Rubén “N”, quien en ese momento aún no fungía como responsable de la UACS, como lo hace actualmente, y que además tomó la decisión sin conocimiento ni autorización del entonces director de la Unidad Académica.
Al final de este conversatorio se planteó la urgencia de que se retire la placa del exrector Rubén Ibarra Reyes, sentenciado por abuso sexual infantil, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, con un estruendoso aplauso por parte del público.
Durante la conferencia magistral Atención de las violencias contra las mujeres en las Instituciones de Educación Superior, la Dra. Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí señaló que muchas de las instancias universitarias encargadas de atender la violencia de género no solo son ineficaces, sino que en ocasiones terminan por revictimizar a quienes buscan ayuda.
Las defensorías o unidades de género frecuentemente están ocupadas por personas sin formación adecuada, y que en ocasiones incurren en malas prácticas como exhibir denuncias en estrados o desconocer el marco legal que les obliga a actuar, señaló.
Urgió a profesionalizar estos espacios con personal especializado, evitar simulaciones y garantizar que las medidas se tomen desde el principio con base en el principio de máxima protección. Subrayó que las víctimas no deben probar nada: es obligación de las universidades investigar y sancionar incluso de oficio, de acuerdo con los artículos 1° y 4° constitucionales.
Señaló que la violencia está en el ADN patriarcal de las universidades mexicanas, y que no basta con protocolos: se requieren órganos con dientes, capaces de emitir sanciones y medidas reales de protección, sin subordinación a intereses políticos o jerárquicos.
Exigió que las autoridades universitarias dejen de proteger a los agresores con el argumento de no afectar sus trayectorias académicas, y llamó a impedir que personas con antecedentes de violencia lleguen a cargos de decisión. “No basta transversalizar la perspectiva de género, hay que centralizarla”, afirmó, exhortando a que las comunidades estudiantiles no suelten el control sobre los órganos que ellas mismas han exigido crear.
Distintas intervenciones coincidieron en señalar que las universidades no solo fallan en proteger a las víctimas de violencia, sino que a menudo encubren a los agresores.
Verónica Aguilar Vázquez recordó cómo el movimiento Yo también fui acosada UAZ enfrentó amedrentamientos institucionales y cómo se protege a los agresores mientras se desacredita a las víctimas con frases como “seguro es una venganza” o “las estudiantes no son tan santas”.
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, advirtió que las infancias y juventudes son “víctimas ideales” en entornos donde los agresores gozan de prestigio y poder, y donde incluso feministas institucionales contribuyen a encubrir los abusos.
A su vez, Gloria Luz Alexandre Ramírez alertó sobre la presencia de figuras que reproducen la dominación patriarcal desde dentro de las universidades, subrayando que “cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género” y llamando a no romantizar la presencia femenina en espacios institucionales si no hay un compromiso real con los derechos de las mujeres.
El foro fue inaugurado por diversas autoridades universitarias, académicas y gubernamentales. Participaron la diputada Renata Ávila Valadez, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez; Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ; el fiscal Cristian Camacho Osnaya; y Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ).
También tomaron la palabra el rector interino Armando Flores de la Torre, quien mencionó la posibilidad de que se restauren becas a estudiantes agredidas, y el rector electo Ángel Román Gutiérrez, quien se comprometió a aprobar el Protocolo contra las violencias sexuales en la próxima sesión del Consejo Universitario.
