A pesar de que el Comité de Redacción del Protocolo contra la Violencia Sexual en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) acordó un calendario para que el documento fuera aprobado por el Consejo Universitario antes del fin del periodo 2021–2025, la promesa hecha al Movimiento Estudiantil Universitario Autónomo (Moves) de concretarlo con el anterior órgano colegiado quedó sin cumplirse.
La reunión del Comité del 29 de mayo de 2025, con la presencia del entonces abogado general César Augusto Rivera Muñoz, la secretaria general Lorena Jiménez Sandoval y la titular de Equidad de Género Liliana Vélez Rodríguez, acordó un cronograma de trabajo que contemplaba concluir la versión definitiva del protocolo en junio y someterlo a votación del pleno antes del relevo del Consejo Universitario.
El objetivo era responder a una de las demandas centrales del pliego petitorio del Moves, surgido tras la negativa de la administración a rescindir inmediatamente al exrector Rubén Ibarra, sentenciado por abuso sexual infantil.
“Que la Comisión de Equidad y Género, coordinada por la doctora Liliana Angélica Vélez Rodríguez, concluya con la elaboración y presente públicamente el protocolo de género, para que se difunda, promueva y aplique en toda la Universidad”, establecía el punto 11 del pliego, clasificado como innegociable.
Sin embargo, las autoridades han justificado el retraso argumentando que el documento aún está en revisión por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por otra parte, aún es necesario que se emprendan reformas estatutarias para que el protocolo pueda tener capacidad sancionadora, advirtió la exconsejera Margarita Ramos Mier en su informe de trabajo.
La exrepresentante estudiantil de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (UAED) documentó los vacíos de la propuesta original contra el acoso y hostigamiento sexual presentada en abril de 2024 por la oficina del abogado general.
Ese primer borrador institucional presentaba un enfoque revictimizante y limitaciones legales que, de haberse aprobado, habrían obstaculizado el acceso a la justicia para muchas víctimas. Fue esta situación lo que impulsó la creación de la Red de Investigación, Feminismos y Desarrollo (Redifed), explicó Ramos Mier.
La propuesta oficialista restringía a solo un año el plazo para presentar quejas tras una agresión, entre otros lineamientos dictaminados como regresivos en materia de derechos.
En agosto de 2024, las activistas universitarias lograron una nueva convocatoria para la construcción colectiva del protocolo, pero se toparon con diversos fallos que motivaron nuevas exigencias: falta de diagnóstico, una metodología poco clara y una comisión operativa reducida y poco inclusiva.
Las mesas de trabajo comenzaron en octubre y fueron descritas por Ramos Mier como “jornadas intensivas pero esporádicas”, dificultadas por la poca regularidad de las convocatorias y la ausencia recurrente de autoridades universitarias.
Fue el paro convocado por el Moves, del 16 al 27 de mayo de 2025, lo que reactivó la discusión y permitió concluir el documento técnico-jurídico, que fue enviado a la CDHEZ para su revisión.
La consejera cerró su informe subrayando que su paso por el Consejo Universitario no fue decorativo, sino una apuesta crítica y comprometida por transformar institucionalmente la universidad, otorgando su tiempo y trabajo no remunerado.
“Compañeras feministas, dimos muestra de lo que somos capaces con una formación política, una consciencia de clase y feminista guiando, discutiendo y aceptando cada decisión que tomó la asamblea general universitaria, no nos van a parar, seguiremos alzando la voz, por cada compañera que ha sido perseguida después de nuestro paro”, concluyó la universitaria.
