Durante años la derecha latinoamericana se presentó como una fuerza moderada, defensora del orden, la propiedad privada y los valores tradicionales. Hoy ese ropaje ha sido abandonado. Lo que emerge es una ultraderecha que convirtió la cultura en su campo de batalla: ya no disputa únicamente elecciones, pretende disciplinar cuerpos, memorias y afectos. Busca imponer un sentido común en el que lo diverso se vuelve amenaza y el pluralismo es leído como desorden.
El fenómeno no es menor. El nuevo rostro de la derecha redefine qué es familia, qué significa libertad, qué vidas merecen ser vividas. No se trata únicamente de políticas públicas, sino de un proyecto que intenta reinstalar un orden simbólico perdido: un pasado idealizado donde la diversidad permanecía invisibilizada y, por tanto, no incomodaba.
La lista de ejemplos es amplia. Jair Bolsonaro en Brasil convirtió el negacionismo en política de Estado, militarizó el discurso y atacó de manera sistemática a las minorías. En Argentina, Javier Milei lleva al extremo el antiestatismo, pero lo combina con un lenguaje moralizante que apunta contra derechos conquistados. En Chile, José Antonio Kast encarna un nacionalismo cristiano obsesionado con el orden y la “normalidad”. Nayib Bukele en El Salvador ha concentrado poder mediante una estética digital que disfraza un autoritarismo profundo. En Perú, Rafael López Aliaga refleja cómo los vínculos entre ultraconservadurismo religioso y política pueden convertirse en instrumentos de exclusión.
Las diferencias entre estos liderazgos existen, pero comparten una premisa: restaurar un orden que consideran natural y que se percibe amenazado por las luchas feministas, las disidencias sexuales, las migraciones y los reclamos de los pueblos originarios. Todos ellos son convertidos en enemigos simbólicos, en encarnaciones de un caos que supuestamente debe ser controlado.
El avance de esta cruzada no se explica únicamente por la fuerza de la derecha. También ha sido favorecido por las limitaciones de la izquierda institucional. En América Latina, varios gobiernos progresistas prometieron inclusión, justicia y reparación, pero terminaron administrando la desigualdad con un rostro más amable. Prefirieron la gobernabilidad antes que la transformación de fondo.
Esa renuncia tuvo consecuencias: en lugar de desmantelar los dispositivos simbólicos que sostienen la exclusión, los dejaron intactos. En lugar de incomodar los privilegios culturales, se optó por tolerar la diversidad como nota al pie. Así, mientras la ultraderecha grita, la izquierda calla. Mientras unos borran, otros apenas nombran. El resultado es una democracia que se dice plural pero que sigue sin garantizar la dignidad de quienes viven fuera de la norma.
La ofensiva cultural no es abstracta: se expresa en hechos concretos. En México, tres gestos recientes revelan cómo se despliega esta disputa. Y que ocurran en un país gobernado por la izquierda resulta una alarma que no debe ser ignorada.
El primero provino del Senado: la iniciativa presentada por Lilly Téllez que pretende reformar la Constitución para reconocer únicamente el sexo biológico. Bajo el argumento de “proteger espacios exclusivos para mujeres” se busca borrar jurídicamente a identidades trans, no binarias y agénero. La propuesta contradice compromisos internacionales firmados por el país y constituye una forma de borrado institucional disfrazado de legalidad.
El segundo gesto surgió en el ámbito diplomático: el nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia. Más allá de los debates sobre perfiles diplomáticos —tema delicado para las relaciones externas— lo que encendió las reacciones fue lo que Lozano representa: un comentarista identificado con causas progresistas y con la defensa pública de los derechos LGBTIQ+. Las críticas no se centraron en su capacidad, descendieron al plano de su identidad política y afectiva. La atención en su orientación sexual y no en la idoneidad del perfil reveló otra forma de exclusión.
El tercer gesto ocurrió en San Luis Potosí: durante un evento oficial, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo comentarios en tono de burla sobre la supuesta homosexualidad de colaboradores. Aunque posteriormente negó haber ridiculizado a la comunidad LGBTIQ+ y afirmó que su gobierno “ha sido el único en apoyarles”, las organizaciones civiles denunciaron el hecho como violencia simbólica. La gravedad no residió solo en la burla, sino en el contexto: cuando la diversidad se convierte en chiste, el poder legitima la exclusión. El humor oficial, cuando ridiculiza identidades, enseña qué cuerpos pueden ser objeto de risa y cuáles merecen respeto.
Estos episodios muestran que la ofensiva no se reduce a leyes o decretos. También se libra en el terreno de lo simbólico. La cultura organiza lo visible y lo invisible; determina qué cuerpos son reconocidos, qué afectos pueden mostrarse sin castigo, qué memorias son dignas de permanecer.
La violencia en este nivel no siempre grita. A veces se disfraza de tradición, de neutralidad, de corrección. Se presenta como defensa del idioma, como protección de la infancia, como sentido común. Precisamente por eso resulta peligrosa: porque opera como pedagogía silenciosa que normaliza la exclusión.
Lo que está en juego es más profundo que un presupuesto o una reforma legal. Se trata del derecho a existir sin pedir permiso. Y esa batalla se libra en las aulas, en las redes, en las conversaciones familiares, en los gestos cotidianos que nombran o borran. Cada silencio importa. Cada palabra importa.
El avance de la ultraderecha en América Latina no puede entenderse solo como una ola conservadora pasajera. Es parte de una ofensiva global que busca reinstalar un orden binario, patriarcal y excluyente como norma. Frente a ella, la tibieza progresista ha resultado insuficiente. Ceder el terreno cultural equivale a aceptar que la democracia puede funcionar sin pluralismo.
Defender la diversidad no es un lujo ni un gesto de tolerancia: es una urgencia ética. Porque al negar a las disidencias no solo se cercenan derechos, se les arranca del relato colectivo, se les convierte en excepción, en amenaza, en error. Resistir a esa exclusión implica comprender que la cultura no es adorno, sino campo de disputa política.
La pluralidad no es un añadido a la democracia: es su núcleo. Y cuando lo diverso se vuelve amenaza, defenderlo es la única manera de que lo democrático conserve sentido.
