Como sucedió con la reforma al Poder Judicial, de manera arbitraria, precipitada, sin estudio previo, sin análisis, sin tomar en cuenta la experiencia, sin reparar en consecuencias de ninguna naturaleza, sin considerar lo que pudiera ser rescatable para mejorarlo, como lo comentamos la semana anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, designando como su titular a Pablo Gómez, y, al resto de los integrantes todos morenistas, sus colaboradores y subordinados a ella.
Esa actitud no le permitió darse cuenta, que toda reforma electoral debe surgir de la necesidad ciudadana, nunca impuesta desde el poder. Las personas tienen derecho a participar democráticamente, esto se logra a través de los partidos políticos, que, como entidades de interés público tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática; fomentar el principio de paridad de género; contribuir a la integración de los órganos de participación política, y también, como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral.
Sin embargo, el hecho de que los ciudadanos tienen diferentes pensamientos, ideas y opiniones, en conjunto existe una pluralidad que debe ser atendida por los gobernantes, por la autoridad política. Es totalmente imposible que todas las personas mantengan los mismos pensamientos, las mismas ideas, las mismas opiniones. Jamás. Y es precisamente por eso, que los partidos políticos canalizan esa pluralidad y diversidad.
Por consecuencia, toda reforma electoral, debe ser resultado de pactos, de acuerdos que lleven a cabo justamente los partidos políticos entre sí. Sean o no oficiales; mayoritarios o no; tal vez “adversarios” como gusta mucho decir a los gobiernos de la 4T. Por eso, todos tienen derecho de realizar pactos, de tomar acuerdos, porque representan a millones de ciudadanos militantes. Ademar de los partidos tienen derecho de participar y, de expresar su voces para que sus opiniones sean tomadas en cuenta, las organizaciones ciudadanas, catedráticos, intelectuales, profesionistas, especialistas, jóvenes y todos aquellos que tengan interés en una reforma electoral que responda a las necesidades de la ciudadanía NUNCA A LOS INTERESES GUBERNAMENTALES. PERO ADEMÁS TODOS DEBEN TENER SU PARTICIPACION CON VOZ Y VOTO, PORQUE SON PRECISAMENTE LOS PROTAGONISTAS. SIN ESTAS CONDICIONES, NO TENDRA CASO NINGUNA DE SUS “PARTICIPACIONES”.
NEGARLES LA VOZ, COMO LO HA PLANTEADO LA PRESIDENTA, ES COARTAR SU DERECHO Y PRACTICAMENTE QUEDAN EXCLUIDOS PARA QUE EL RESULTADO, SEA UNA REFORMA ELECTORAL QUE RESPONDE A CAPRICHOS. ARBITRARIEDADES Y A LOS PROPIOS INTERESES DE LA MISMA MANDATARIA FEDERAL.
Muy mala idea la que se ha hecho creer desde la presidencia de que MORENA, tiene la gran preferencia entre la ciudadanía. Y es que no todos los ciudadanos comulgan con las “imposiciones y el autoritarismo” de este gobierno. Una prueba real: en la última elección, la del Poder Judicial que se llevó a cabo el día 1 del pasado junio, solamente emitieron su voto menos de 13 millones personas, de un padrón electoral conformado por más den 100 millones de ciudadanos, si a ello le resta el número de votos nulos, el “nuevo poder judicial” resultó de aproximadamente 9 millones de sufragios.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma electoral planteada es la supresión del sistema de representación proporcional para los legisladores (diputados y legisladores).
No se ha tomado en cuenta que la pluralidad de un país se garantiza de manera efectiva, si todas las corrientes de pensamiento y de opinión tienen quién las represente ante el Congreso, o cualquier órgano colegiado del gobierno electo popularmente, que debe tomar decisiones que trasciendan a la sociedad.
Para poder entender el sistema de representación proporcional en México, es necesario contextualizar la evolución que ha tenido el sistema electoral mexicano a partir de la Constitución de 1917, en la que originalmente se estableció un sistema de elección directa. Durante más de 40 años, solamente existió un sistema de mayoría. Sin embargo, ante la hegemonía del partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones, y la nula posibilidad de triunfo de la oposición, se tuvo que buscar un mecanismo, que permitiera a otros partidos políticos tener cierta representatividad en el Congreso. Este sistema tiene su justificación y ha sido lo que permitió un avance democrático en nuestro país.
El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, persigue como objetivos:
La participación de los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, según su representatividad.
Una representación aproximada al porcentaje de votación total, de cada partido.
Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes.
Garantizar en forma efectiva, el derecho de participar de las minorías.
Evitar efectos extremos de la voluntad popular derivados del sistema de mayoría simple.
Poe eso, otra finalidad del sistema de representación proporcional, es minimizar la diferencia que existe entre el porcentaje de la votación nacional obtenida por un partido político y los espacios que ocupe en un órgano colegiado electo popularmente.
Ojalá no resulte una reforma electoral para servicio del oficialismo.
