En la primera sesión ordinaria de este lunes, el diputado Saúl Cordero, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, retiró del orden del día el dictamen que proponía reformar el artículo 25 de la Ley Electoral estatal para sustituir la fórmula vigente de asignación de diputaciones plurinominales por un modelo de proporcionalidad pura. La propuesta fue devuelta a la comisión para su revisión.
Con diez adhesiones, se turnó a comisiones la iniciativa de Martín Álvarez Casio para sancionar con multa a los funcionarios que no asistan a las comparecencias o que, aun presentes, evadan las preguntas. Reconoció que la falta de respuestas también obedece a fallas del Legislativo.
Subrayó que, para fortalecer estos ejercicios de rendición de cuentas, las y los legisladores deben prepararse leyendo los informes, escuchando a los grupos sociales y formulando preguntas con calidad, sustento y pertinencia social, en lugar de improvisar con cuestionamientos “sin relevancia, inocentes, periféricos o con mezquindad política y partidista”.
Ana María Romo presentó una iniciativa −respaldada por nueve diputadas y diputados−para exhortar al Congreso de la Unión a frenar el proceso de militarización en el país, señalando que la nueva Ley de la Guardia Nacional permitiría incluso “colocar a un general al frente de Pemex”.
Advirtió que, aunque en México se cometen anualmente 28 millones de delitos, solo se cuenta con 12 mil agentes del Ministerio Público, 120 mil elementos de la Guardia Nacional y 400 mil policías estatales y municipales, lo que representa un promedio de 0.7 policías por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del estándar de 1.8. Planteó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública implemente un sistema de incentivos basado en indicadores de desempeño.
Ma. Teresa López García presentó una iniciativa para exhortar a los 58 ayuntamientos del estado a que integren correctamente sus Órganos Internos de Control, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio. Señaló que muchos gobiernos locales han incumplido esta obligación, lo que limita la vigilancia y evaluación del uso de los recursos públicos, así como la prevención de actos de corrupción.
José David González propuso exhortar al INEGI y a la Biblioteca Nacional de México a que emitan un documento oficial que declare el centro geográfico del país, al punto ubicado cerca de Estancia La Colorada en Villa de Cos. Expuso que la falta de un dictamen oficial ha dado lugar a disputas simbólicas con otras localidades que reclaman esa distinción, como Tequisquiapan en Querétaro y el municipio de Tierra Blanca en Guanajuato.
En conmemoración de los 471 años de fundación de la cabecera municipal de Miguel Auza, se propuso declararla Ciudad Histórica y realizar una sesión solemne en el lugar; la iniciativa fue presentada por Jesús Padilla y Óscar Novella.
Aprueban la figura de familias de acogida
Se aprobaron seis dictámenes de la Comisión de Justicia reformando al Código Penal estatal. Se amplió el tipo penal de feminicidio para contemplar supuestos como la exposición del cuerpo en espacios públicos, antecedentes de violencia y omisión de medidas de protección. En este punto, la diputada Renata Ávila presentó una reserva para precisar que el aumento de la pena aplicable en ciertos casos agravantes se calculará sobre el mínimo de la pena prevista, con el fin de evitar contradicciones internas en la legislación penal; dicha reserva fue aprobada por unanimidad.
También se reformaron los delitos de violencia familiar, incorporando nuevas formas como la económica; omisión de cuidados, incluyendo el abandono de personas con discapacidad; abigeato, con adecuaciones a los supuestos y sanciones; usurpación de identidad en medios digitales, que se tipifica expresamente; fraude, al cual se incorporaron precisiones pero se descartó la figura de “estafa emocional”; y se incorporó la tipificación de la instigación o ayuda al suicidio, con penas diferenciadas según el desenlace y agravantes como la edad, embarazo o discapacidad de la víctima.
La 65 Legislatura aprobó la inclusión de las familias de acogida en la Ley Estatal de Derechos de la Infancia, estableciendo criterios como convivencias previas, acompañamiento institucional y evaluación de compatibilidad. La figura busca ofrecer un entorno familiar temporal a infancias separadas de su núcleo. La iniciativa fue resultado de mesas de trabajo con el SEDIF, Fiscalía y otras instancias, y contempla la creación de un nuevo departamento en el SEDIF, con un presupuesto anual estimado de 1.8 millones de pesos.
Se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, que institucionaliza el área de defensoría pública electoral, así como otras disposiciones sobre su estructura interna. También se reformó la Ley de Educación para incluir el desarrollo de habilidades digitales y ética digital como parte de la formación básica.
Se autorizaron dos enajenaciones de bienes inmuebles por parte de ayuntamientos. En el caso de Guadalupe, el Congreso aprobó que el Ayuntamiento ceda al IMSS, bajo la figura de dación en pago, la Alberca Olímpica ubicada en la calle Circuito del Cobre número 100, para saldar una deuda de 62.7 millones de pesos.
Por otra parte, se avaló la compraventa de un inmueble propiedad del municipio de Zacatecas, a favor de la ciudadana Ana Jacinta Varela Luján, con el objetivo de regularizar su situación jurídica.
Con el respaldo unánime del Pleno, se aprobaron en primera lectura dos dictámenes: uno exhorta a las secretarías de Educación y Salud a implementar campañas dirigidas a adolescentes para concientizar sobre los embarazos a temprana edad; el otro llama a las instituciones de educación superior a incorporar el derecho sanitario en las carreras del área de la salud como medida para prevenir la violencia obstétrica.
