Nadie puede minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo en Michoacán, como tampoco puede minimizarse el esfuerzo que se está realizando mediante las instituciones e instrumentos del estado, para recuperar la paz y la estabilidad en la entidad.
Es indispensable que ante la situación nos pronunciemos a favor de las acciones que de manera coordinada y en el marco del pacto federal se están realizando por parte del Gobierno federal y de las autoridades, legítimamente constituidas en la entidad, para restablecer condiciones de paz, legalidad, seguridad y con ello fortalecer al estado de derecho en beneficio de los michoacanos.
No podemos evadir que se enfrenta un problema complejo, que no es reciente, ni mucho menos producto de la alternancia democrática en el Gobierno del estado, sino que ha venido incubando en más de una década, en la que por cierto mi partido, el Revolucionario Institucional, no estuvo al frente ni del Gobierno estatal, ni del federal.
La presencia significativa de fuerzas federales, tanto del Ejército, como de la Marina y de la Policía Federal, son necesarias en la entidad en estos momentos, porque es la forma de garantizar la seguridad de la población y el desarrollo libre de las actividades de los ciudadanos bajo el imperio de la ley.
Es una demostración de que el actual Gobierno de la República ha decidido enfrentar el desafío con todos los recursos a su alcance para lograr un México en paz.
Habrá que hacer un llamado a esos ciudadanos, para que sin demérito de su derecho a manifestarse y expresar libremente su sentir sobre lo que ha ocurrido en el estado de Michoacán, permitan la labor de las autoridades y confíen en la aplicación de la ley por parte de las instituciones, para que se den los resultados que con toda razón exigen para trabajar y vivir en paz.
Mucho se ha hablado ya del saldo sangriento y de las profundas consecuencias sociales que se han vivido en el país en épocas recientes, con motivo de la actuación de las organizaciones criminales, pero también es de estrategias fallidas que no lograron el objetivo, ni de disminuir las actividades de esas organizaciones, ni de hacer menos cruenta su presencia, mucho menos detener su efecto disolvente sobre un tejido social afectado por la pobreza y la falta de oportunidades.
El daño es de tal magnitud, que es ilógico pensar que se resolverá de la noche a la mañana como por arte de magia, y por eso el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha propuesto poner en práctica una estrategia integral, que incluye un componente indispensable de prevención y atención de las necesidades sociales, que tendrá que ser sostenido en el tiempo con un alto ingrediente de participación colectiva, y así se está haciendo en Michoacán.
En ese esfuerzo se ha convocado a la participación de todos los sectores y se está basando en una estrecha coordinación con las autoridades de los diferentes órganos de gobierno, sin exclusiones, sin distinciones de origen partidista, pues el interés superior es beneficiar a la población.
De igual forma, la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta coyuntura, será valiosísima para salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales de la población.
Michoacán ha sido y es prioritario en esa estrategia. Si bien no se trata de mirar hacia atrás, sino de voltear hacia adelante para resolver los problemas, poco se logrará si no somos serios en el diagnóstico y mucho menos si se sigue la ruta fácil del oportunismo político y se busca sólo una cuestionable rentabilidad electoral; o peor aún, si se tiene como motivo la frustración y el resentimiento, y sólo se especula.
Si algo es urgente en Michoacán, es contribuir a la fortaleza de las instituciones y seguir la ruta de la legalidad y responsabilidad política, como único camino para enfrentar los problemas de seguridad que padecemos.
En Michoacán el Gobierno federal ha acudido con puntualidad y decisión al auxilio de la sociedad michoacana y de sus autoridades; en torno a esas medidas, es necesario encontrar acuerdos que permitan un respaldo decidido de los partidos y de los ciudadanos, para resolver los problemas que hoy ahí se están viviendo.
Es por ello y en base a ello que mi partido, el Revolucionario Institucional, se suma a los dos resolutivos iniciales presentados por el proponente.
Junto con Tello, el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en el Senado pidió a los grupos ciudadanos que buscan hacerse justicia de propia mano y con medios fuera del marco de la ley, para resolver el problema de inseguridad en Michoacán, confiar en la aplicación de la ley por parte de las instituciones, a fin de atender su exigencia de trabajar y vivir en paz.
Al respecto, el legislador por el estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, destacó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una estrategia integral, con el propósito de prevenir y atender las necesidades más sentidas de la población.
Sin embargo, advirtió que poco se logrará “si no somos serios en el diagnóstico y mucho menos si se sigue la ruta fácil del oportunismo político y se busca sólo una cuestionable rentabilidad electoral; o peor aún, si se tiene como motivo la frustración y el resentimiento, y sólo se especula”.
Es por ello, que la bancada del PRI en la Cámara Alta se pronuncia a favor de las acciones que de manera coordinada y en el marco del pacto federal llevan a cabo el Gobierno federal y las autoridades, legítimamente constituidas en la entidad, para restablecer condiciones de paz, legalidad y seguridad, factores que seguramente fortalecerán el estado de derecho, en beneficio de los michoacanos, aseguró Tello Cristerna.
Aclaró que esta problemática no es reciente, ni mucho menos producto de la alternancia democrática en el gobierno del estado, sino que ha venido incubando en más de una década, en la que por cierto mi partido, el Revolucionario Institucional, no estuvo al frente ni del gobierno estatal, ni del federal.
Al subir a tribuna para dar a conocer el posicionamiento de su fracción parlamentaria sobre este tema, Alejandro Tello comentó que la presencia significativa de fuerzas federales, tanto del Ejército, como de la Marina y de la Policía Federal, son necesarias en estos momentos en aquella entidad, ya que es la forma de garantizar la seguridad de los habitantes y el desarrollo libre de las actividades de los ciudadanos bajo el imperio de la ley.
Para lograr esos objetivos, se trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales y con la fuerza suficiente para contener las actividades de los grupos criminales y llevar ante la justicia a quienes han delinquido y se han constituido en una amenaza para la población y para la estabilidad de la entidad, aseveró el senador de la República.
En este contexto, consideró valiosísima la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta coyuntura, para salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales de la población.
De igual forma, señaló la necesidad de encontrar acuerdos que permitan un respaldo decidido de los partidos y de los ciudadanos a las acciones implementadas para auxiliar a la sociedad michoacana y a sus autoridades, y resolver los problemas que hoy se viven en Michoacán.
