■ Docente Octavio Vázquez, autor de Marginación y despojo en el ejido Cedros. Estudio del caso
El territorio zacatecano está enfrentando una nueva colonización en el siglo 21. Los recursos naturales y la fuerza de trabajo de la entidad están siendo explotados, como hace cinco siglos, por intereses foráneos. Pero esta vez ya no es España, sino el gran capital canadiense el nuevo colonizador.
Zacatecas, estado históricamente minero, tiene hoy en día 35 por ciento de su territorio concesionado a empresas mineras, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Secretaría de Economía (Sezac). Y mientras a nivel nacional 70 por ciento del capital invertido para extracción minera es canadiense, en el ámbito local la cifra es de 80 por ciento, según explicó el docente investigador de la Unidad Académica de Economía de la UAZ, Arturo Burnes Ortiz.
En contraste con los recursos disponibles del gran capital minero que se exponen, los ejidatarios de Mazapil negociaron la renta de sus tierras en 2007 en un entorno colmado de marginación, pobreza e ignorancia, a fin de que la empresa Goldcorp extrajera oro, plata, zinc y plomo en la modalidad de minería a cielo abierto, misma que se caracteriza por su depredación ambiental.
En el caso de Cedros, ejido donde se asentó Peñasquito, la que se considera la mina a tajo abierto más grande de Latinoamérica y que genera 100 mil toneladas diarias de minerales, los acuerdos originales entre los dueños de los terrenos y la empresa, que datan de enero de 2007 y se pactaron por un lapso de 30 años, extensibles a otros 30 en caso de que Goldcorp así lo decida, situaron el valor por metro cuadrado en 50 centavos. En una renegociación realizada en 2009 se incrementó esta cifra a un peso.
Los primeros convenios no incluyeron los ofrecimientos que para el convencimiento de los antes mayoritariamente campesinos, divulgó la gente enviada por Goldcorp. Tampoco se asentaron en la renegociación.
Las mejoras a la infraestructura de la comunidad y viviendas se ofrecen como muestras de “filantropía”, que sin embargo, han sido obtenidas por la presión de los propios habitantes de las localidades y se han concentrado en la cabecera ejidal, Cedros, comenta Octavio Vázquez Huitrón, docente e investigador adscrito a la Coordinación General de Vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y autor de Marginación y despojo en el ejido Cedros. Estudio del caso.
De ahí deriva parte de la inconformidad de la gente de Mesas, anexo perteneciente a este ejido, que después de solicitar a sus autoridades apoyo para una nueva renegociación y ante la negativa para ello, bloqueó el pasado 16 de enero los accesos a la mina.
Este hecho tuvo como consecuencias el envío para su desalojo de unidades de las policías Estatal y Federal el viernes 24 de enero y el inicio de una serie de despidos, que señalan los afectados como represalias a sus reclamos.
Un actor ausente, el gobierno
Omiso en el papel que le mandata el artículo 25 Constitucional es como se ha situado al gobierno en el escenario del conflicto entre mineras y ejidatarios. Los acuerdos se habrían realizado sin asesoría desde alguno de sus ámbitos: municipal, federal o estatal.
Su intervención se ha visibilizado sí, con el uso de la fuerza pública para desalojar o desalentar los movimientos de ejidatarios inconformes bajo el argumento de la protección al empleo o para opinar, reiteradamente, a favor de la visión empresarial.
También desde este ámbito y otros mediáticos, se ha satanizado la exigencia de los comuneros hacia Goldcorp y el que decidan recibir o solicitar ayuda tanto de actores políticos como de la sociedad.
La ausencia gubernamental se evidencia también en la solicitud que han hecho los inconformes, pero también transportistas favorecidos con la proveeduría de esta empresa para que intervenga en el arreglo del conflicto
Tanto en Peñasquito como en San Tiburcio, ésta última otra localidad donde se han realizado acciones de bloqueo y posterior desalojo, la petición de los ejidatarios es la misma: una renegociación del valor de la ocupación temporal de sus tierras hacia la empresa y el señalamiento de que la misma se ha apropiado de áreas fuera de los acuerdos y, asimismo, ha incumplido promesas.
La situación en la zona está también marcada por la inseguridad, el actual presidente ejidal de Cedros, Francisco Hernández, mismo que encabezara las primeras negociaciones con la compañía, se encuentra desde hace más de dos semanas desaparecido, como se ha denunciado públicamente.
El actual despojo de Mazapil
A finales de 2005 y sin que mediara un acuerdo o algún acercamiento con el ejido Cedros y sus anexos, Mesas del Portezuelo, Palmas Grandes, Los Charcos y El Peñasquito, ya se hacían evidentes las prospecciones de Golcorp en aquella zona de Mazapil, mediante sobrevuelos en avionetas y presencia de camionetas con placas canadienses. Así empezó a correrse la voz de que se abriría una mina, refiere Octavio Vázquez Huitrón.
Cuando la empresa estuvo segura de la riqueza de la zona, inició los acercamientos con los escasos ejidatarios que aún permanecían arraigados a la tierra, quienes durante varias asambleas generales se negaron a que se asentase en el lugar.
La mayoría simple, que no consenso, avalado por la Secretaría de la Reforma Agraria y mediante la cual se logró que se abriera mina Peñasquito, se consiguió cuando otros ejidatarios hasta ese momento ausentes y ya desarraigados de la tierra, pues se habían establecido en Monterrey, Saltillo y Ciudad Juárez en busca de otros medios de vida, regresaron movidos por los ofrecimientos de dinero que empezó a promover la empresa, comenta.
En este proceso de convencimiento fue importante señala, la intervención de antropólogos sociales y especialistas en relaciones humanas contratados por Golcorp, que sabían cómo abordar a los campesinos.
“Se les dijo que había un proyecto, una minera que daría trabajo a toda la población e impulsaría fuertemente el desarrollo de esta región”, refiere.
Trabajo de investigación
Desde el siglo 16 la riqueza de Mazapil ha servido para generar grandes fortunas que siempre han desarrollado otros estados, países, ahora regiones, destaca en su trabajo de investigación Octavio Vázquez: La Península Ibérica, la Ciudad de México, los Estados Unidos, ahora Canadá.
Allí surgió uno de los más grandes latifundistas de la Nueva España, Pedro de Urdiñola, quien consiguió posesionarse de un área que abarcó desde Mazapil hasta el sur de Texas; luego vino Juan Lucas de Lazaga, quien por algo consiguió ocupar el cargo de presidente administrador general del Real Tribunal de Minería, esto ya en el siglo 18.
A mediados del siglo 19 y principios del 20 se sumó Evaristo Madero a la lista de los afortunados con las riquezas naturales del semidesierto zacatecano, llegó a tener 754 mil 912 hectáreas que comprendían su hacienda ganadera y textil.
La necesidad de caucho obtenido del árbol del guayule para la joven empresa automotriz norteamericana, motivó la presencia en Mazapil de la Continental Rubber Company, de los Rockefeller.
Esta área fue también escenario de intentos de desarrollo desde la administración pública federal. En 1944 se intentó desarrollar la producción ixtlero candelillera.
Se asentaron después proyectos de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), huertos familiares y reforestación. Y posteriormente otra iniciativa de desarrollo ixtlero ahora apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El burocratismo y los malos manejos, el paternalismo y los intereses caciquiles particulares y del gobierno municipal, no permitieron que los propósitos de desarrollo se consiguieran.
Con la llegada a finales de los años 80 del neoliberalismo y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) terminaron los apoyos al campo.
Más tarde han desfilado el programa salinista Pronasol, su variante foxista Progresa y Oportunidades del gobierno calderonista. “Todos los proyectos fueron importantes pero no lograron romper la inercia de marginación”, señala el esudio.
Negociación entre el ejido Cedros y Goldcorp
“Una población empobrecida, marginada, abandonada por las políticas neoliberales, fue el caldo de cultivo para la llegada de la trasnacional Goldcorp. En esas condiciones llegó, en esas condiciones negociaron con ellos. Las autoridades ejidales, municipales y estatales fueron comparsas”, continúa Vázquez Huitrón su relato.
Con un discurso demagógico, subraya, se dirigieron los gobernantes a los campesinos: “estamos en una país libre y democrático donde ustedes van a decidir si hacen negocio con la compañía. Pero ustedes”.
No informaron a la gente qué era la minería a cielo abierto, el uso de dinamita y cianuro o que se desmontarían todas las 4 mil 500 hectáreas, o que “para moler una tonelada de mineral se necesitaba una tonelada de agua en una región donde ésta es trascendental”.
La zona donde se asentó Goldcorp era la superficie más benévola para la producción agropecuaria del ejido. Se ha perdido ganado y deteriorado los campos. Las detonaciones con dinamita producen la huida de las especies animales, señala.
Las autoridades tampoco previeron junto con los ejidatarios, cómo iban a darse su relación laboral con la compañía.
A seis años de las primeras negociaciones dice “hay crecimiento pero no hay desarrollo”. Se cambiaron las casas de adobe por otras de block, los techos de terrado de lodo con ocotillo por losas de concreto.
No así la atención a la salud, desde 2005 la población que ha doblado en número sigue siendo atendida por un doctor y dos auxiliares de medicina, “con la misma clínica, la misma camillita, había una ambulancia de la que fueron robadas las ruedas y ya no sirve”.
La experiencia de la contaminación y desolación que dejaron las minas en Real de Ángeles y Nuevo Mercurio y el conflicto actual en Salaverna, con la compañía Frisco Tayahua, propieda de Carlos Slim, donde quiere explotarse otra mina a cielo abierto “violando los derechos de la población”, no ofrece elementos para pensar en un feliz término acerca del futuro de los ejidatarios, dice el investigador adscrito a Vínculo de la UAZ.
Octavio Vázquez sintetiza el panorama que ofrece en México el asentamiento de la gran minería, la representación gubernamental y los campesinos, señalando que han vuelto “los cuatro ejes de la carreta porfirista: el despojo, la explotación, el desprecio por la vida campesina y la represión”.
El Zacatecas profundo
Arturo Burnes Ortiz, docente e investigador de la Unidad Académica de Economía de la UAZ, ofrece un dato “por sí solo”: 50 por ciento del territorio mexicano está concesionado a mineras y, en Zacatecas, según información de la Secretaría de Economía (Sezac), esta cifra alcanza 35 por ciento de su área total.
Añade a la lectura el que 70 por ciento del capital invertido para la extracción minera en México es canadiense, y 80 por ciento en el ámbito regional, dice.
Para exhibir las magnitudes de lo que es la gran minería transnacional cita el dato ofrecido el pasado 29 de enero por el subsecretario de Parques Industriales y Minas de la Sezac, desde 2006 a la fecha la inversión en Peñasquito alcanzó ya los mil 800 millones de dólares, “que es alrededor del presupuesto anual total para el estado de Zacatecas”, agrega Burnes.
Este escenario para México fue posible gracias a la conformación de un nuevo bloque de poder iniciado en el gobierno de Miguel de la Madrid, el proyecto neoliberal.
Los cambios a la Ley Minera a partir de 1992 fue uno de sus efectos, misma que terminó siendo “un prontuario de las demandas de los grandes mineras”.
Dice que “la minería es una actividad de interés público, cuando es privado; que es una actividad preferencial sobre todas las demás, por eso es que hacen y deshacen porque están apoyados por la Ley Minera, aunque sea inconstitucional. Es obvio que México y por tanto Zacatecas es un paraíso”.
En 1994 año de la firma del TLCAN, también hubo modificaciones al artículo 27 de la Constitución, con las que se cambiaron las cualidades de las tierras ejidales, cuyos derechos antes eran inembargables, intransferibles e imprescriptibles.
Mazapil, por otro lado, se caracteriza por limitaciones y restricciones económicas, sociales y ambientales.
El municipio tiene la precipitación pluvial más pobre de todo el septentrión americano, con 200 a 300 milímetros anuales de agua, en un solo día cae lo doble en el estado de Tabasco.
73 por ciento de su población, que tiene una dispersión de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, se encuentra en condiciones de pobreza y 50 por ciento de ella, en pobreza extrema. Esto según datos de Inegi de 2010, ofrece el investigador.
“Entonces la gran compañía llega y rompe con el delicado equilibrio de la economía campesina y lo menos que se puede esperar es su reacción indignada al darse cuenta del despojo, del engaño porque no corresponde el convenio original respecto a los resultados y, sobre todo, de algo que yo llamo la asimetría en información, en las relaciones con el poder, y la diferencia en la obtención y reparto de beneficios de ese proceso económico minero que divide al interior a la propia comunidad”.
Las reservas totales de Goldcorp son de 18 millones de onzas de oro y mil millones de onzas de plata, que representan en total alrededor de 78 mil millones de dólares.
“Respecto a una inversión de mil 800 millones de dólares la diferencia es brutal.
Entonces este gran excedente se exporta incluso vía aérea, ya ni siquiera dinamiza comunicaciones y transportes, pero sí lo hace en regiones de otros países”, puntualiza.
La economía campesina, considerada por los gobernantes e intelectuales integrados al poder como prescindible al no ser los campesinos “sujetos productivos”, debe ser auxiliada mediante la renta minera, expone.
“Es lo menos que se puede exigir. Por eso yo no veo raro ni satanizo en absoluto esta gran bandera y demanda de los campesinos que es la redistribución de la renta minera”, puntualiza.
De igual forma se refiere a la intervención de actores políticos que han estado asesorando a los ejidatarios. La táctica de la compañía es la división, los ejidatarios se ven con recelo entre sí.
Por esto es necesario el apoyo a que convocan tanto a la sociedad y “a mí me llama la atención que también lo piden del gobierno, porque tienen razón al pedirlo, pues es el principal convocado a la gestión y resolución del problema, lo dice no yo, el artículo 25 constitucional”.
“Un acto de guerra”, la amenaza de Goldcorp
James Martin Cypher, docente e investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ, destaca a las mineras canadienses como las más violatorias de las leyes nacionales a lo largo de América Latina, las disputas han sido por el uso de agua, los desechos tóxicos, las condiciones de trabajo o conflictos con las comunidades, dice.
Descifra las amenazas de la empresa de salir del estado como un “acto de guerra”, una agresión, en lugar de negociar como se ha hecho y se hace en todo el mundo en estos casos, dice.
Y destaca el actuar de empresas canadienses en este rubro en su propio país. Allá pagan regalías, impuestos y convienen contratos colectivos de trabajo, cosa que les permite una ganancia racional por la extracción y que en México, y por tanto en Zacatecas, no han querido hacer.
Para el investigador es necesario que se revise la forma en que en Canadá y Europa se acuerdan estos convenios, a fin de que se estandaricen las normas en México.
Calificó además como acuerdos válidos, aquellos en que ambas partes saben exactamente las implicaciones que tienen, cosa que no ocurrió señala, entre los ejidatarios de Mazapil y la Goldcorp.
“Asuntos de visiones” y “lo razonable”
Las expresiones del secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, difieren diametralmente de estas posturas, para quien los conflictos que han originado las tomas en las mineras “es un asunto de visiones”.
El funcionario desestimó la legitimidad de las movilizaciones, al señalar que los ejidatarios “quisieran tener un beneficio mayor, a veces quizá no dentro de lo razonable” o bien que detrás de ellos había otros intereses.
Otra razón expresaron Álvaro Morquecho Méndez y Vicente Herrera Méndez, ejidatarios de Las Mesas, paristas y desde el 27 de enero ex trabajadores de Peñasquito.
“Nos hablaron los laborales y nos dijeron que estábamos ya despedidos por faltas…del paro ese que hicimos nosotros. Lo hicimos porque estábamos peleando nuestras tierras”, exponen.
La visión de Álvaro Morquecho es que muchos viven y bien de las riquezas de sus tierras y esperan que “el gobierno se dé cuenta y que haga conciencia, si es que la tiene, y que se ponga al lado de nosotros”.
Las tierras no podrán volver a usarse para la siembra después de la presencia de Goldcorp en la zona y perderán las posibilidades de apoyos como el Procampo cuando esta se vaya, agrega Vicente Herrera.
La gente se cansó, dicen, de que la empresa prometiera renegociar sin que se pusiera fecha para ello y entonces decidieron tomar los accesos a la mina.
Los ejidatarios de Las Mesas no confían en las autoridades ni en asesores, porque “sí vienen a tratar el punto con nosotros y realmente ya cuando van ahí y cuando salen cambian de opinión, ¿por qué?, no sé”.
“¿Cómo le hacemos?, ¿con quién nos recalamos, con el gobernador?, ¿aquí con los alcaldes que tenemos, los presidentes? Estamos fritos y ya si lo agarran ellos personal pues ni modo ya me fregué”, agrega Herrera.
Refiere que por supuesto no están en contra del empleo y por el contrario, lo requieren pero “no siempre vamos a estar siempre agachados, tenemos que sacar la cara de vez en cuando”.
“No queremos que nos den la luna ni las estrellas, nomás lo que es justo. Somos personas que no estamos preparadas esa es la verdad, pero tampoco somos dejados. Sí nos falta mucha asesoría. El gobierno a veces ni siquiera aquí se para, que mande alguien a asesorarnos para que sea tanto ganar-ganar como ellos dicen, pero nomás están ganando ellos. ¿Entonces qué es lo correcto?”, enfatiza.
