México, DF. En la discusión, elaboración y aprobación de la próxima Ley General de Protección de Datos Personales, los legisladores federales no deben olvidar incluir temas como el derecho al olvido (borrar de la base de datos gubernamentales antecedentes negativos de una persona), el manejo de las bases de datos, la información de las personas fallecidas, el uso que darán las autoridades judiciales a las cámaras de videogilancia y la geolocalización, así como lineamientos en las redes sociales.
Así lo consideraron los comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública de esta ciudad (Infodf), Mucio Israel Hernández Guerrero y Luis Fernando Sánchez Nava, al participar en el seminario La Protección de los Datos Personales y las reformas constitucionales, organizado por este mismo organismo, en donde coincidieron en señalar que esos rubros son fundamentales para contar con una verdadera norma que proteja este derecho humano de cualquier persona en México.
En los trabajos de la cuarta mesa de trabajo de dicho foro, “Reformas a la legislación local del Distrito Federal en materia de protección de datos personales. ¿Hacia dónde vamos?”, Hernández Guerrero consideró que existen algunos vacíos en el país que permiten la vulneración del derecho a la protección de los datos personales y por lo tanto deben ser revisados de inmediato.
Citó, como ejemplo, la reciente aprobación de la geolocalización por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual se debe analizar, pues no se establecen ahí los alcances y límites de este mecanismo.
A la par, dijo que en la próxima ley general deberá incluir, también, el derecho al olvido que cualquier ciudadano debe tener, ya que su integridad y moral se pueden ver afectados por temas jurídicos o económicos que ya no sean susceptibles de un mayor castigo.
Por su parte, Luis Fernando Sánchez Nava expuso que se debe considerar la información de las personas fallecidas que en muchas ocasiones es utilizada de manera irregular y no hay un control de ellas.
Destacó, además, que el manejo de los expedientes médicos deben contener una serie de niveles de protección para que ninguna persona pueda ser afectada con la divulgación ilegal de su información de salud.
Finalmente, y en relación a las cámaras de videovigilancia en varios puntos del DF, Sánchez Nava consideró que su uso tiene que revisarse, a fin de garantizar que únicamente sean empleadas las imágenes que se capten con fines de seguridad, y no para perjudicar a los ciudadanos con otro tipo de intereses.
