■ En su momento, anteriores diputados debieron ofrecer una explicación a la opinión pública, dice
El que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en menos de tres meses haya dado por concluida la investigación y declare inocentes a los ex diputados locales a quienes se les acusó de corruptos, evidencia que Zacatecas vive en una ficción política y ya que varios de los legisladores ni siquiera se atrevieron a negar ante la opinión pública el delito que se les inculpaba, opinó el catedrático de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAZ, Francisco Muro González.
En octubre del año pasado el PRD y el movimiento #YoSoy132 interpuso una denuncia formal en contra de los ex legisladores a quienes en un audio se les escuchó decir que presuntamente Gobierno del Estado les había pagado 100 mil pesos para aprobar el presupuesto 2013. Este fin se semana la PGJE anunció que el caso había concluido por falta de pruebas.
Al respecto, Francisco Muro recordó que en aquel momento, los ex diputados debieron haber dado una explicación ante la opinión pública, sin embargo nunca lo hicieron y mucho menos lo negaron, por tanto para la ciudadanía como mera consumidora de noticias lo más creíble fue que sí incurrieron en el delito de corrupción.
De modo que aunque la PGJE quiera lavar la imagen pública de los ex diputados, entre el grueso de la población queda el desprestigio social y la idea de que en lo absoluto son claros los manejos del dinero en el Poder Legislativo.
El hecho de que con inmediatez se resolvió la denuncia, hace parecer que se hizo en aras de lavar la cara de dichos políticos, se estaba demeritando la imagen de la instancia legislativa y por ende se decidió limpiarla.
No obstante, el académico aseveró que la imagen pública de los ex diputados no se lava con el fallo de la Procuraduría, sobre todo porque las instancias gubernamentales y los propios partidos políticos distan mucho de acercarse a la verdad.
Sin contar que al no gozar la PGJE de credibilidad, junto el resto de las instituciones del país, hay escepticismo respecto de su actuar, lo que ha provocado que la población se vaya por la creencia de lo más negativo, finalizó Muro.
Autoridades estatales no quisieron investigar: Aquiles González
El presunto caso de corrupción en la sexagésima legislatura local, en el que se vieron involucrados varios ex diputados y funcionarios estatales, “no está muerto ni está prescrito”, sino que todavía cabe la posibilidad de promover un juicio de amparo por la omisión del procurador general de justicia del estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, al no haber realizado una investigación de fondo, aseguró el ex procurador, Aquiles González Navarro.
Aseveró, además, que las autoridades estatales “no quisieron investigar” los hechos, lo cual “era de esperar, nunca creí que fuera a ser diferente”, concluyó.
El ex procurador expuso que, con el esquema jurídico que actualmente existe en el estado y en todo el país, las investigaciones avanzan en la medida en que el Poder Ejecutivo quiera y, en este caso en particular, “el Ejecutivo no quería que avanzara y no avanzó”.
Esto se debe a que la autorización de la presunta entrega de 100 mil pesos a los ex legisladores que votaran a favor del presupuesto de egresos del estado para el año 2013 sin ninguna modificación “viene de más arriba del secretario de Gobierno, pero nunca se va a decir eso”.
En este sentido, agregó que “todos, cuando oímos hablar del Ejecutivo, decimos que el gobernador no ha escogido a sus funcionarios, que al gobernador no lo tienen enterado…no es cierto ni que lo engañan ni nada de eso, es que el gobernador así quiere las cosas. Y aquí el gobernador no tuvo la voluntad política para avanzar en ese asunto”.
Este tipo de resoluciones en los casos de corrupción que involucren a miembros de alguno de los tres poderes, sobre todo del Ejecutivo, no variará en tanto no se promueva una verdadera reforma de estado, comentó, que implique la creación de un órgano de procuración de justicia completamente autónomo de quienes ostenten el poder en un momento dado.
González Navarro añadió que, de esa forma, “aún en contra de la voluntad del Ejecutivo, el procedimiento avanza, la averiguación previa avanza. Y es más, si tuviéramos una procuraduría autónoma, el ejecutivo no se hubiera atrevido a motivar ese pago”.
Una reforma de estas características, precisó, sería una de las bases necesarias para combatir la impunidad desde la raíz. Además, mencionó que el hecho de colocar en puestos públicos a los ex diputados que se vieron involucrados en este presunto caso de corrupción abona a continuar con este clima de impunidad en el estado.
En cuanto al procedimiento de amparo que todavía puede iniciarse por parte de la sociedad civil, González Navarro explicó que, al no haber hecho una averiguación de fondo, “(Nahle García) incurre en una omisión, (…) más bien no quiso entrarle. Por eso valdría la pena esperar si el juez de distrito, tras el amparo, pudiera encargarle al procurador que reabra el caso”.
En ese tenor, puntualizó que el caso iría avanzando y agregó que esto favorecería a quienes promuevan el amparo pues, en caso de que se pueda hacer algo al respecto, “sería cuando el gobernador Miguel Alonso ya no sea tal, (…) cuando el gobernador ya no esté, (…) que se promuevan dirigencias y todo lo que sea necesario a fin de que no prescriba la acción penal”.
Concluyó que hay que tener paciencia ya que “en tres años más podemos ya todos presionar para que se haga la investigación a fondo, ahí están los cheques, ahí están los depósitos”.
