San Cristóbal de las Casas, Chis. La organización de la sociedad civil Las Abejas declaró este jueves en Acteal, municipio de Chenalhó: “Queda constatada la reactivación de los paramilitares en el ejido Puebla y la posibilidad una masacre de familias católicas que están bajo amenazas y no pueden caminar ni ir a sus milpas tranquilos. Ya es parecido como en los hechos previos de la masacre de Acteal”.
Vuelve a confirmarse, añade la organización, adherente de la Sexta, “la negligencia y complicidad del gobierno en la paramilitarización y en el conflicto en Puebla”. Como estas situaciones “son parte de su guerra de contrainsurgencia, dejan que actúen en impunidad los paramilitares, y cuando ya está confundida la gente hacen como que aplican la justicia, y cuando la gente cree que el gobierno ya aplicó la justicia, él mismo libera a los paramilitares”.
La “retención ilegal” del párroco Manuel Pérez Gómez el día 21 “es un delito grave tipificado como secuestro y privación ilegal de la libertad y que no se alcanza fianza”.
Las Abejas señalan responsabilidades en los hechos recientes: “El comisariado ejidal y pastor evangélico Agustín Cruz Gómez y el agente municipal, son responsables directos de la agresión a la caravana” (el pasado día 20).
El presidente municipal de Chenalhó, José Arias Vásquez y el síndico “pudieron haber detenido fácilmente el problema cuando empezó. Lo han dejado crecer y ahora no pueden resolverlo, o son aliados de las autoridades del ejido, como lo fueron las autoridades de Chenalhó en 1997, cuando era alcalde Jacinto Arias Cruz, excarcelado recientemente”.
Las Abejas recuerdan que hace 15 años “se vivía una tremenda situación y un profundo dolor que nos ha dejado una herida incurable, pareciera que vivíamos en un mundo de infierno” por “las represiones de los paramilitares priístas y del partido cardenista”, acciones que “no detuvo el gobierno y no cesaron hasta que “49 hermanos y hermanas derramaron su sangre y la opinión pública nacional e internacional exigió justicia al gobierno de México”.
Por algunos años se recuperó la paz en las comunidades pedranas, “hasta que en 2009 la ‘Suprema Corte de Injusticia de la Nación’ empezó a liberar a los paramilitares, “y se reactivaron las semillas de violencia, que ya han crecido y estamos viendo sus amargos frutos en Puebla. Los paramilitares han sido excarcelados poco a poco; el último grupo en abril de este año; en él estaba Arias Cruz, único paramilitar de Puebla que fue a la cárcel. A los pocos días de que salió libre empezaron los problemas en la colonia”.
La Sociedad Civil de Las Abejas ha denunciado la repetición de eventos como los que “desembocaron en la masacre de Acteal; cada día que pasa confirma nuestras denuncias y las autoridades se hacen sordas”. Recuerda: “En 1997 nos presionaban para cooperar con los paramilitares para armarse contra los zapatistas. A los que no aceptábamos nos tenían secuestrados en nuestras propias casas sin poder comer.
Teníamos que salir desplazados caminando en la noche, en el frío, en el agua. Después quemaban nuestras casas, se robaban nuestras cosechas y destruían nuestras pertenencias. Todo esto ha ido pasando en Puebla. Solo faltaba que quemaran casas”.
Esto ya pasó hace dos días: “Quemaron la cocina comunitaria de los católicos, y su comida ni siquiera la robaron, simplemente la tiraron y la ensuciaron”. El 20 de agosto “desde varias comunidades se vio algo que no se veía desde los días trágicos de 1997: el humo de las casas quemadas por la violencia paramilitar marcando como una señal de muerte el cielo de Chenalhó”.
“Sabemos leer estas señales de humo”, añaden. “Y el gobierno hace lo mismo que en 1997, en vez de aplicar la ley y detener a los delincuentes convoca a ‘mesas de diálogo’, que son de sordos, donde firma y hace firmar papeles mientras los paramilitares siguen tranquilamente su camino de mentiras y violencia”.
En esas mesas de diálogo, denuncian los indígenas, el gobierno “quiere quitar a los católicos lo que es casi su único medio de defenderse: denunciar públicamente la injusticia. Y curiosamente ahí coincide el gobierno con lo que le obligaron a firmar bajo presión y amenazas al padre Manuel sus torturadores: no debía hacer denuncias públicas”. Las Abejas sostienen: “Un papel firmado bajo presión y amenaza no tiene ningún valor, pero además repetimos lo que hemos dicho desde el 22 de diciembre de 1997: no nos van a callar”.
Tras la agresión contra los retornados del día 20, condimentada con la inacción oficial en el momento (dos patrullas y funcionarios estatales que “no hicieron nada para intervenir por el ataque contra la caravana, dejaron que en sus propias narices fueran insultadas las familias que iban a retornar y no se les protegió”), las Abejas lamentan: “En Puebla ahora existe un clima de odio y violencia donde nadie puede estar tranquilo”.
El día 21 el consejo parroquial, un delegado de gobierno de Chiapas y el ayuntamiento, “formaron una comisión para ir a ver la situación en el ejido”. Cuando llegaron en Puebla el párroco fue a ver cómo estaban los católicos, pero a los jóvenes paramilitares, con la complicidad de las autoridades ejidales, les molestó, y lo fueron a detener. Entre golpes, empujones e insultos “lo llevaron a encerrar en una letrina, manteniéndolo ahí por más de cinco horas; los jóvenes y niños lo insultaban con odio y burla; la mayoría son hijos de los paramilitares que actuaron en 1997. Entre sus padres y madres y las autoridades que no hacen nada para impedirlo se está creando en Puebla un nido de pequeños paramilitares que amenaza envenenar la vida de nuestro municipio en muchos años por venir”.
Al percatarse de la captura del sacerdote, el consejo parroquial exigió su intervención al presidente municipal y al gobierno de Chiapas. “Sin embargo, como ya es su costumbre, el gobierno no actúa por la justicia. Ya en la noche fue cuando liberaron al párroco, pero, no sin antes obligarlo a firmar un documento, que la una de las condiciones es no denunciar ante los medios de comunicación lo que le hicieron”.
