La renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple este martes su primer año, con 163 sesiones públicas y más de 2 mil 600 asuntos resueltos, en un periodo marcado por un viraje hacia los derechos indígenas y afromexicanos, el desahogo de litigios fiscales multimillonarios rezagados y el aval a reformas de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, aunque también con fallos contrarios a sus intereses.
En sus primeros meses destrabó expedientes, entre ellos los de empresas de Ricardo Salinas Pliego, a las que confirmó créditos fiscales por más de 48 mil 326 millones de pesos. También fijó criterios sobre lavado de dinero, abuso sexual infantil, factureras, violencia vicaria y acceso al agua, pero mantiene pendientes como la prisión preventiva oficiosa.
Su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, calificó de “sumamente positivo” el desempeño de la “nueva Corte”, aunque reconoció que el reto es extender su visión al resto del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde persisten rezagos y altas cargas de trabajo.
“Esto de volver a cerrar las puertas de la Corte, cerrar los cubículos de los ministros y pensar que sin diálogo va a ser iluminado el ministro para encontrar las mejores soluciones, se acabó. Eso se queda en el pasado”, dijo a La Jornada.
Aguilar recordó que heredaron más de mil 400 asuntos rezagados, algunos con hasta seis años en el archivo, y que a principios de este mes quedaban sólo 56. Sobre la prisión preventiva oficiosa, confió en resolverla este año: “Sí, yo espero que lo saquemos en este año”.
Decisiones trascendentes
Entre sus fallos, la Corte reconoció a pueblos indígenas y afromexicanos como terceros interesados en controversias constitucionales que afecten sus derechos. Desde septiembre resolvió 56 asuntos relacionados con estas comunidades, principalmente sobre consulta, materia agraria y medio ambiente.
También validó la extinción de 109 fondos y fideicomisos federales ordenada en 2020; limitó el pago de intereses por créditos fiscales pagados de más; y permitió reclamar una pensión compensatoria por concubinato aun después de morir la pareja.
Además, validó que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas sin orden judicial ni petición internacional ante “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo; evitó nuevos interrogatorios a menores víctimas de abuso sexual; negó a agentes aduaneros suspensiones para frenar sus declaraciones patrimoniales; y amparó a ejidatarios de San Salvador Atenco para recibir una “retribución económica” por afectaciones del decreto de 2022 sobre el Lago de Texcoco.
Entre sus decisiones de mayor trascendencia, ordenó garantizar el acceso al agua en asentamientos irregulares de Chihuahua y comunidades con rezago histórico en Ecatepec, y obligó a la Semarnat, Conagua y Cofepris a adoptar medidas ante los riesgos de contaminación del agua y el uso de glifosato en comunidades mayas de Hopelchén, Campeche.
