La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que una encuesta encargada por su administración reveló que 86 por ciento de la población capitalina está de acuerdo en legalizar la eutanasia en casos específicos, lo que constituye un indicador relevante para comenzar a construir una ruta que permita convertir esta demanda en un nuevo derecho en la Ciudad de México.
La mandataria señaló que ya recibió a representantes de asociaciones civiles que promueven la legalización de esta práctica y que próximamente su gobierno dará a conocer más detalles sobre el proceso de discusión.
Recordó que la capital del país ha sido pionera en la ampliación de libertades que inicialmente parecían imposibles y que, con el tiempo, fueron reconocidas legalmente.
Indicó que la eventual elaboración de una iniciativa deberá considerar la opinión de la ciudadanía y los testimonios de familiares y personas cuidadoras, quienes acompañan a pacientes con padecimientos graves y enfrentan directamente sus consecuencias.
También deberán participar especialistas en bioética y salud, así como organizaciones civiles y otros sectores involucrados, añadió.
“Este gobierno cree en la autonomía personal frente al sufrimiento intolerable”, expresó Brugada, y afirmó que las movilizaciones realizadas para impulsar esta demanda contribuyen a ampliar el debate público y a definir una posible legislación para la capital.
Por otra parte, informó que como parte de los compromisos hechos con las familias de personas desaparecidas, se propuso incorporarlas al Sistema Público de Cuidados debido al impacto que esta labor tiene en su vida cotidiana, y se inició un programa de apoyo mensual de más de 2 mil 600 pesos para hijas e hijos de personas desaparecidas, desde su nacimiento y hasta los 18 años o hasta concluir sus estudios.
Asimismo, adelantó que en los próximos días se entregarán pulseras con un código a personas adultas mayores o que puedan salir de sus domicilios y no ser ubicadas. En caso de ser encontradas, la ciudadanía podrá comunicarse a Locatel mediante dicho código con el propósito de facilitar su identificación y localización con sus familiares.
Aseguró que a un año del compromiso establecido con las familias de personas desaparecidas se registra 80 por ciento del cumplimiento de los 30 puntos acordados, entre ellos el fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda y de la fiscalía, así como el incremento de personal para evitar la saturación de casos entre policías de investigación y agentes del Ministerio Público.
