■ Debe exigirse que no acopie información contraviniendo la ley: Valerio
Luego de darse a conocer la supuesta contratación de servicios de espionaje por parte de autoridades de la entidad, según reveló WikiLeaks. Juan Francisco Valerio Quintero, profesor de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), opinó que el Estado no tiene el derecho de intervenir teléfonos celulares o cuentas de redes sociales si previamente no ha demostrado la necesidad de recabar determinada información ante un juez, y que éste haya valorado los elementos que aporta la autoridad investigadora.
Sin embargo, “no es improbable que esta situación se haya presentado. De hecho, en el Festival Cultural hemos visto frente a Catedral un camión semipesado, herméticamente sellado, que desde el punto de vista de los enterados se trata de un vehículo con dispositivos para intervenir comunicaciones e interrumpirlas de manera inmediata”.
Mencionó, por ejemplo, un suceso de hace algunos años en las inmediaciones de Santo Domingo, cuando fueron bloqueados todos los teléfonos de la zona en el momento de presentarse algunos disparos.
Desde su punto de vista, mientras el Estado no disponga de una orden judicial, debe abstenerse de ese tipo de prácticas. Por otro lado, la intromisión indiscriminada en los teléfonos de las personas, grupos sociales o políticos, es absolutamente violatoria de la ley”.
Independientemente de que sea o no verídica la información sobre la compra de software para intervenir teléfonos, cuentas de correo y redes sociales, dijo que “estaríamos ante una coyuntura en la que, con la ley y la Constitución en la mano, podemos preguntar a las autoridades que hay de cierto. El estado está obligado a emitir información veraz”.
Valerio Quintero reiteró que esa práctica debería depender del resolutivo del juez, de acuerdo con los elementos que haya aportado la autoridad, los cuales deben analizarse para determinar si son razón suficiente para intervenir las comunicaciones de un particular.
“El Estado, como institución, requiere siempre de información, pero si se trata del espionaje a los ciudadanos en general lo vemos con malos ojos, pero si se trata de la seguridad nacional, seguridad pública, le exigimos al Estado y lo cuestionamos por el hecho de no contar con información, como ocurrió con Joaquín Guzmán Loera”, puntualizó.
Por tanto, manifestó la necesidad de cuestionar qué información es necesario que disponga toda entidad pública reconocida bajo el concepto del Estado y cómo debe apropiarse de la información que necesita.
Desde su punto de vista, Valerio Quintero dijo que debe exigirse al Estado que no acopie información contraviniendo la ley, puesto que es una situación similar a la aplicación de la ley en general.
En materia de derechos humanos, por ejemplo, debe haber respeto incluso a los delincuentes, porque “el Estado no puede aplicar la ley al mismo tiempo que la viola”.
Cabe señalar que La Jornada Zacatecas este miércoles documentó que autoridades estatales han sostenido reuniones desde 2013 con la empresa italiana Hacking Team, dedicada a elaborar software para espionaje.
Esto de acuerdo con documentos publicados este 7 de julio por la plataforma WikiLeaks, donde se da a conocer que la administración gubernamental ha recibido demostraciones de los servicios que ofrece la compañía, envuelta en escándalos en otros países tras un hackeo de sus cuentas institucionales.
