Como lo comentamos en estas mismas páginas, durante la mañanera del 17 de octubre la actual secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, expuso su proyecto para transformar dicha dependencia en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Al respecto me parece importante volver a dicha conferencia para destacar ciertos aspectos. El primero de ellos es la atención que se presta al legítimo reclamo por la pérdida de información de la plataforma Compranet y el compromiso, en respuesta explícita a dicho reclamo, de recuperar el histórico de datos respecto a las adquisiciones con recurso federal. Me parece destacable la sensibilidad que se muestra en este punto, que, a su vez, genera cierta tranquilidad y certeza, respecto a la voluntad política que existe en el nuevo gobierno para atender cuestiones de transparencia y acceso a la información pública. Es apenas un botón de muestra y lo más interesante está en siguiente punto a comentar de la exposición de Buenrostro: el anuncio de que ya se trabaja en una nueva Ley General de Transparencia, que considere la también reiterada desaparición de los órganos garantes, cuando menos en su actual configuración que implica la autonomía constitucional. En este aspecto habrá de mostrarse, cuál es el procedimiento que se propondrá para que, como lo dijo la secretaria, el órgano de control no sea juez y parte. Además de lo anterior, la propia presidenta, Claudia Sheinbaum declaró, en su conferencia del 30 de octubre, que se está buscando la fórmula para garantizar la autonomía técnica en dicho procedimiento, para no incumplir con los compromisos y tratados internacionales de los que México es parte.
Por lo dicho, seguramente el procedimiento administrativo de acceso a la información dejará de ser la excepción en nuestro derecho administrativo, sumándose a la regla, es decir, bajo las normas de lo que se conoce como contencioso administrativo, con sus etapas, procedimientos e instancias. Ello podría también implicar un mayor costo para los usuarios del derecho de acceso a la información, aunque no necesariamente, y aquí haré un par de anotaciones que podrían simplificar dicho proceso, manteniéndolo, hasta cierto punto, en una excepción, que sin embargo, no requiera un órgano constitucional autónomo exclusivo: por ejemplo, podría consolidarse el buen trabajo realizado en torno a la Plataforma Nacional de Transparencia, de tal forma que no solo se conserve dicho instrumento, sino que se amplíen las obligaciones para que los sujetos obligados carguen ahí la información que generan y que es de interés público, inclusive, obligando a los órganos de control a realizar modificaciones a dichas obligaciones, considerando como indicador, las solicitudes recibidas vía acceso a la información. Ello implicaría que, cada determinado tiempo (puede ser cada año o dos), lo que más solicita la ciudadanía sea una obligación predeterminada, de tal forma que, ya no exista necesidad de proceder a solicitarla, sino solo a ubicarla en la PNT. También podrían crearse salas especializadas en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en los Tribunales de Justicia Administrativa, tanto a nivel federal como en lo local, con el fin de que los plazos de éste tipo de procedimientos sean más ágiles y deban resolverse en un tiempo cercano a lo que hoy lo resuelve el INAI y sus homólogos. Finalmente, también pueden crearse juzgados especializados en la materia, de tal forma que los procedimientos que terminen en el Poder Judicial Federal, vía amparos, se resuelvan con prontitud y agilidad. Todo ello, además, permitiría que el personal que ya cuenta con la experiencia, capacidad y profesionalismo en dichas materias, actualmente en los distintos órganos garantes, se distribuya de tal forma que siga contribuyendo con la garantía del derecho de acceso a la información, que se ha vuelto ya, parte inherente e irrenunciable de nuestra batería de herramientas para ejercer la democracia en México.
*Las opiniones aquí vertidas, son de carácter estrictamente personal, por lo que, no necesariamente reflejan la postura que el autor pudiera tener en otros roles desempeñados en su vida pública y/o profesional.