Recientemente el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara (IIRCCC) hizo público la segunda edición de su Informe sobre el combate a la corrupción en el país y las entidades federativas 2021, en el que da cuenta del estado que guarda tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como sus pares locales. En dicho documento podemos encontrar razones para continuar con el argumento que de manera reiterada hemos hecho en estas páginas: dicho sistema requiere un análisis desde su diseño hasta su precaria implementación para hacerlo funcional, de acuerdo a la realidad, tanto política como social en México, y no solo hablamos del sistema nacional, sino también de los locales, que por cierto, hay casos que dan prueba de que hay avances cuando se cuenta con voluntad política, proactividad, astucia, talento y capacidades.
Tales reformas no pueden pasar por alto un ingrediente inherente al combate contra la corrupción en nuestros tiempos: la identificación de redes de complicidad política, que funcionan en la lógica del poder y sus dividendos. A partir de ello, surge, solo como muestra de las mejoras al diseño que se pueden promover, la propuesta de integración del Instituto Nacional Electoral al entramado jurídico-institucional del Comité Coordinador del SNA, dado que, múltiples evidencias han probado que, una causal y explicación de la corrupción política se encuentra, desde que se consolidó nuestra democracia electoral, en la competencia política por el poder, haciendo uso de recursos públicos para generar inequidad en la contienda electoral, clientelismo en formas innovadoras y lamentables, así como esquemas de impunidad a razón de complicidad política.
Pero no termina aquí las consideraciones que debemos tomar en cuenta sí pretendemos una reforma en clave sistema y transversal anticorrupción: no hay que dejar fuera la necesaria reforma a los partidos políticos, pues mientras dichos entes (de interés público, según nuestra constitución), se mantengan en la opacidad y viciados de acuerdos cupulares, sin la participación de sus bases, ni procedimientos esencial y objetivamente democráticos, nuestras instituciones mantendrán un muro infranqueable para cercar la corrupción de manera efectiva.
Tal como lo dice Jesús Ibarra, ex presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en su artículo Informe anticorrupción (del que este texto hace eco), publicado en El Muro, el pasado 28 de agosto: “(…) buena parte del problema se encuentra en la ausencia de un gran acuerdo nacional que cambie las reglas del sistema político, especialmente en lo que respecta a su financiamiento. Entre los rubros urgentes de reforma están el fondeo de campañas electorales, la definición de proyectos prioritarios, la excesiva discrecionalidad en el ejercicio del gasto o, el control político de fiscalías y poderes judiciales, que permiten la gestión de impunidad.”
Sí, como Gabriel Zaid lo decía en Vuelta en 1986, en su artículo La propiedad privada de las funciones públicas” (artículo que bien cita Ibarra), “la corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”, luego entonces ¡hay que cambiar el sistema, comenzando por el sistema nacional anticorrupción!
@CarlosETorres_
