Estimado lector, lectora, como usted sabe el principio de igualdad entre mujeres y hombres requiere de acciones legales, administrativas, económicas y políticas concretas para lograr el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. De esta manera, diversos instrumentos internacionales, los cuales México ha ratificado, establecen el compromiso de los gobiernos firmantes de “incorporar procesos presupuestarios para promover una distribución de los recursos igualitaria, efectiva, apropiada, que posibilite alcanzar la igualdad de género”. En ese sentido, existen en nuestro país diversos ordenamientos jurídicos que establecen que los presupuestos de egresos deben ser sensibles a las desigualdades estructurales e históricas entre los sexos, es decir, deben incorporar la perspectiva de género.
En Zacatecas, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su numeral 16, fracción VI, que el Ejecutivo del Estado debe “incorporar en el Presupuesto de Egresos del Estado, la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política de Igualdad”. En ese sentido, la normativa local 2017 en esta materia establece que para “instaurar la política de igualdad en la entidad” se destinaron poco más de treinta y cuatro millones de pesos. Mismos que fueron asignados, en concreto, un millón para el funcionamiento de los Sistemas Estatales de Igualdad y de Violencia; así como tres millones en créditos para mujeres, el resto se trata de gasto corriente de la Secretaría de las Mujeres.
En términos generales, los presupuestos públicos son la planeación del uso de los recursos que se aplicarán a las acciones públicas, orientadas a materializar los objetivos económicos y sociales de un gobierno. Son, entonces, una propuesta de balance o equilibrio entre los ingresos y los gastos gubernamentales. Estos últimos deben llevarse a cabo a través de un plan de acción para el financiamiento de los bienes y servicios que se proporcionarán a una población, por ello, un presupuesto de egresos refleja las prioridades, compromisos y decisiones de un gobierno.
Una de las obligaciones de los estados es garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Así lo establecen los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y legislación nacional y locales en la materia. Todos los gobiernos deben formular políticas, programas y acciones que impacten en la reducción de las brechas de desigualdad existentes entre los géneros y que limitan el desarrollo humano, en este caso de las mujeres. Una manera de lograrlo es a través de asignaciones presupuestales concretas y/o transversales.
Es por ello que los gobiernos deben empeñarse en generar acciones para: 1) eliminar las desventajas existentes entre mujeres y hombres, producto de la discriminación histórica de género; y 2) promover la igualdad de trato y de resultados. Para lograr la primera comúnmente se diseñan e implementan acciones afirmativas; en cambio, para la segunda se realizan políticas y programas transversales.
Las acciones afirmativas a favor de las mujeres son medidas concretas, específicas y temporales para afrontar de manera inmediata alguna desigualdad de género: cuotas de género, apoyos a determinado grupo de mujeres, becas, microcréditos; mismas que deben estar basadas en un diagnósticos sobre las inequidades existentes. En cambio, las políticas y programas transversales tienen como finalidad la transformación de las estructuras institucionales para que de manera real se concreten los compromisos gubernamentales en materia de igualdad. Esto significa que, todas las dependencias y entidades de una administración pública, cada dirección, unidad, área, persona, deben asumir su responsabilidad para promover, reconocer, proteger, así como garantizar los derechos a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación por motivos de género. Esto es, deben asignarse partidas para programas o acciones en cada una de las dependencias y entidades de la administración pública -no solamente a los Institutos o Secretarías de las Mujeres- ello con la finalidad de institucionalizar una política de igualdad.
Cuando un gobierno ha institucionalizado una política de igualdad significa que, éste ha consumado su proceso de interiorización de estos dos derechos y, por lo tanto, todo su actuar, elaboración de planes, programas y presupuestos, están orientados a cerrar las brechas de desigualdad y elevar los índices de desarrollo humano.
De esta manera, los presupuestos con perspectiva de género son un mecanismo para la institucionalización de una política de igualdad, porque implica que los gobiernos de los estados han decidido orientar sus compromisos y prioridades a eliminar las desventajas sociales, políticas, económicas, laborales, etc. que existen entre mujeres y hombres; porque un instrumento normativo de esta naturaleza reconoce no solamente las necesidades prácticas de ambos sexos, sino también sus intereses estratégicos; esto implica necesariamente una planeación, programación y presupuestación orientada a cerrar las brechas entre mujeres y hombres.
Los presupuestos de egresos con perspectiva de género pueden incorporar: 1) etiquetación de gasto orientado atender necesidades específicas de las mujeres, lo cual es una acción afirmativa; o 2) procesos globales de definición de políticas para la igualdad, lo cual implica que en todo el ciclo de diseño, elaboración, planeación, integración, discusión, ejecución, seguimiento y evaluación incorpore la perspectiva de género.
Los presupuestos de egresos sensibles al género son el ejemplo más claro de la voluntad política y compromiso gubernamental con los derechos de las mujeres y la igualdad entre los géneros. Éstos permiten programar de manera diferente y equitativa los recursos disponibles. En ese sentido, es importante subrayar que los presupuestos de egresos con perspectiva de género no son presupuestos específicos para las mujeres; sino, por el contrario, reconocen: 1) las diferentes posiciones y condiciones que mujeres y hombres tienen en la sociedad; 2) las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales entre unas y otros; y, 3) las diferentes necesidades de bienes y servicios públicos que requieren ambos.
Es importante mencionar que la etiquetación del gasto para mujeres no implica incorporar la frase “perspectiva de género”, tampoco que se asignen partidas presupuestales para “asuntos sociales” o bien, se incorpore en algún numeral una declaración respecto a que “los recursos para las políticas de igualdad entre mujeres y hombres serán etiquetados, intransferibles, progresivos y transversales”. Un proceso presupuestal es sensible al género cuando contiene, por dependencia y entidad, las acciones específicas, los programas, las políticas de igualdad, con la asignación del recurso etiquetado para atender una necesidad específica de las mujeres y de esta manera se pueda medir el impacto en los resultados para reducir la brecha de desigualdad.
En síntesis, si desea saber si un presupuesto de egresos es sensible al género pregunte lo siguiente: ¿cómo, cuánto y en qué se está gastando?; ¿para qué se está gastando?; ¿qué efectos positivos y negativos tiene el gasto público en la condición y posición de hombres y mujeres beneficiados en la sociedad en general?; ¿qué desigualdades se tratan de resolver?; y ¿qué desigualdades se acentúan o surgen como resultado de la acción pública?
El diseño y ejecución de un presupuesto de egresos es una acción del Estado. Los presupuestos de egresos son parte de la política pública de un gobierno y pueden ser parte de la estrategia para institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública, porque sin ellos no hay política de igualdad. ■
