Cuando esta colaboración se publique, se conocerán “oficialmente” los resultados de la insaculación para determinar a los candidatos a cargos del poder Judicial de la Federación, dentro del proceso electoral 2024-2025, acorde con la Gaceta Parlamentaria que indica: “este procedimiento estará a cargo de la Mesa Directiva del Senado de la República y se llevará a cabo el próximo jueves 30 de enero a las 12:00 en el salón de sesiones de la Cámara”.
El motivo por el que se involucró inconstitucionalmente al Senado en esa función, es porque TEPJF le ordenó que sea quien presente las listas de elecciones al poder Judicial. Así, la cámara alta relevara en sus responsabilidades al Comité Evaluador del Poder Judicial, inmerso en un bloqueo de fallos judiciales relacionados con los comicios del próximo junio. Será por tanto este órgano legislativo el encargado de presentar las listas definitivas de los mejores aspirantes, y posibles candidatos de ese poder, que participarán en la elección de jueces, magistrados y ministros.
Fue esa una “salida”, pues el Comité se declaró imposibilitado para cumplir con la resolución del TEPJF que el jueves de la semana anterior, resolvió ordenando a la instancia que activara inmediatamente el proceso de elección de candidatos, sentencia que no fue acatada por el Comité, ya que se ha sujetado a la sentencia emitida por un juez de distrito de Michoacán que le ordenó suspender esa tarea. Además, se ha escudado en la SCJN para no acatar la orden del tribunal.
Bajo estas circunstancias, el Comité Evaluador presentó una controversia en la que pide a la Corte resolver el conflicto que existe entre las dos sentencias: la del juez de Michoacán que ordena suspender el proceso de elección y la otra, del TEPJF que ordena continuar con sus actividades. Esa autoridad le ha concedido una medida cautelar precautoria que, hasta que resuelva el tema lo protege ante su negativa de reiniciar el proceso.
Mientras las “etapas” de este proceso transcurren, llegaremos a la elección del 1 del próximo junio. El diseño del proceso en el que los Comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son los que finalmente deciden a los candidatos que irán a la boleta, hacen que prácticamente sea MORENA el gran elector de los comicios judiciales. Esto porque son afines al partido guinda los asignados a esos Comités y ellos definirán las dos terceras partes de las postulaciones por las que se votará, de tal manera que en los hechos sí habrá injerencia partidista.
Se trata de un proceso del todo incierto, que enfrenta graves problemas derivados de la improvisación con la que se llevó a cabo la reforma al poder Judicial el pasado septiembre. Dentro de esos problemas se destacan: el desconocimiento sobre quienes serán miles de candidatos (mínimo 5000) para la elección judicial federal. Otro, es que habrá mucho abstencionismo, pues según los consultores de Integralia, especializada en temas electorales y riesgos políticos, será una elección sin certeza, con poca participación, con poco pueblo porque va a haber pocas casillas; porque la gente no va a saber qué se está eligiendo, porque va a haber poca promoción del voto.
El objetivo de esta elección será imposible de cumplir al cien por ciento democráticamente.
El INE que ha organizado en lo que va de su historia alrededor de 350 elecciones sin conflictos poselectorales ni mayores problemas, es el responsable de llevar a buen puerto también este proceso sin precedente, pero que va con casi todo en contra. Esta elección se realizará en cumplimiento de la reforma judicial aprobada en septiembre por el Congreso, misma que ordenó la renovación total de integrantes del poder Judicial, en dos partes. La mitad, en la elección de 2025 y la otra, en 2027.
Dentro de la primera se elegirán 881 cargos: a los integrantes de la SCJN (que ahora son 9); a los magistrados de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); a magistrados del TEPJF, uno de la Sala Superior y la totalidad de cinco Salas Regionales. También se elegirán en urna a los titulares de juzgados de distrito y magistrados de circuito.
En la próxima elección un votante podrá marcar un mínimo de seis boletas, el doble de las que marcó cada ciudadano en la elección federal de 2024 en la que se eligió a la presidenta de la Republica, diputaciones y senadurías de mayoría relativa y al mismo tiempo, en esa misma boleta se votó por legisladores plurinominales.
Dado que estarán a elección 40% más posiciones que los cargos federales que se renovaron en la elección de 2024 y, en las que se imprimieron 317 millones de boletas, el INE mandará producir el mayor número de boletas para una elección: se habla de 600 millones solo para cargos federales.
Además del volumen del proceso electoral en curso, está su complejidad, pues la geografía electoral es distinta a la forma de organización del poder Judicial, y la reforma constitucional ordenó una elección por circuito judicial. Por tanto el INE dividió los circuitos judiciales y, con esta decisión redujo la gran complejidad.
