Lima. Tensión e incertidumbre marcaron la jornada de ayer en Lima. Mientras continúan las protestas populares y los bloqueos que comenzaron en diciembre para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la celebración de elecciones este año, el Congreso debía debatir y votar el adelanto de los comicios para el próximo octubre. Pero al final de la tarde se anunció la suspensión del debate antes de iniciarlo. Después de varias horas de tensas negociaciones a puertas cerradas entre los legisladores para buscar un consenso que permitiera llegar al debate con una posición con opción de ser aprobada, se decidió suspender la votación hasta hoy martes, día que se ha convocado a una nueva movilización antigubernamental en las calles de Lima. Anoche seguían las negociaciones.
Acosada por las protestas y denuncias ante las decenas de muertes causadas por la represión, Boluarte dirigió un mensaje la noche del domingo respaldando el adelanto de elecciones para 2023. Y llamó al Congreso a aprobarlo. Fue un giro en la posición del gobierno, que respaldaba comicios en abril de 2024, como lo aprobó el Congreso en primera votación en diciembre pasado. Este fue un primer adelanto del cronograma electoral fijado inicialmente para 2026, que estaba pendiente de ser ratificado en una segunda votación.
El nuevo debate para que las elecciones sean este año, deja sin efecto esa primera votación. Con las calles encendidas exigiendo su renuncia, Boluarte busca la salida menos traumática para su cuestionada presidencia. Nos vamos todos
, le dijo al Congreso al pedir la aprobación de elecciones para este año. En el Congreso muchos no se quieren ir, o quedarse al menos hasta el próximo año.
En otro giro, Boluarte anunció un proyecto de ley para que el Congreso que salga de las nuevas elecciones haga un cambio total
a la actual Constitución. Es un guiño a la izquierda que demanda cambiar la Carta Magna que viene de la dictadura de Alberto Fujimori, de claro corte neoliberal. Es una promesa a futuro de un cambio constitucional que, sin embargo, no es seguro se vaya a cumplir en el próximo Parlamento. Un sector de la izquierda condiciona su respaldo al adelanto de elecciones, a un referendo para una Asamblea Constituyente. La derecha defiende en bloque la Constitución fujimorista. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que 69 por ciento apoya una Asamblea Constituyente.
La presidenta señaló en su mensaje que si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones para octubre, el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley con esa misma propuesta. Esta es una declaración más efectista que efectiva, porque de darse ese caso, significaría repetir por tercera vez una votación que ya habría sido rechazada dos veces. La presidenta puso toda la responsabilidad por el adelanto de elecciones en el Congreso. Obvió la alternativa de su renuncia para forzar elecciones este año. Su dimisión obligaría a convocarlas en un plazo máximo de seis meses. Sería la mejor y más rápida solución a la crisis. Calmaría las masivas protestas y en unos meses se darían elecciones adelantadas, sin que esa decisión tenga que pasar por un Congreso en el que hay reticencias para aprobarlas. Pero Boluarte se resiste a renunciar. Mientras tanto, el país se sigue desangrando por la represión gubernamental.
Silencio ante las muertes
Boluarte. ¿Cuántos muertos más para que renuncies?
, se lee en carteles que se levantan en las movilizaciones. En lo que va de las protestas han muerto 58 personas, 47 de ellas por la represión de las fuerzas de seguridad, 46 por disparos de policías y militares, y uno por una bomba lacrimógena en la cabeza. Esta última muerte ocurrió el sábado en Lima, la primera en la capital. En su mensaje, Boluarte no mencionó esa muerte ni ninguna otra; por el contrario, volvió a respaldar la represión y a criminalizar las protestas, palabras que encienden más la indignación popular.
La sesión parlamentaria de ayer, considerada decisiva y después frustrada, comenzó antes del mediodía. Todo estuvo muy cerca de caerse rápido. Primero debía votarse la reconsideración de la votación del viernes que rechazó el adelanto de las elecciones para octubre de este año, para así poder abrir un nuevo debate y una nueva votación.
El viernes el adelanto de elecciones fue rechazado con 65 votos en contra y 45 a favor. La reconsideración para volver a debatir el tema fue aprobada con 66 votos, los mínimos necesarios para reabrir el debate. Hubo 49 en contra y seis abstenciones. Esos 66 votos quedaban lejos de los 87 necesarios para aprobar el adelanto de elecciones. Y nada aseguraba que todos los que votaron por reabrir el debate, también lo harían a favor de elecciones este año. En ese escenario es que se decidió suspender la discusión para empezar a negociar.
La negociación se fue extendiendo varias horas, quedando en evidencia los problemas para llegar a un acuerdo. Después de seis horas entre voceros de las bancadas no había acuerdo y al final de la tarde se anunció la suspensión del debate.
Las elecciones para octubre son defendidas desde el inicio de la crisis por la izquierda progresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JP) a la que se ha sumado el fujimorismo después de cambiar su posición inicial. La presión de la calle y un cálculo político explicarían ese giro.
Diversos grupos que van desde la centro derecha hasta la extrema derecha tienen como prioridad las elecciones en abril de 2024. Argumentan que antes de las elecciones deben realizarse reformas políticas que apuntan a posicionarse mejor y controlar los organismos electorales.
El partido Perú Libre (PL) con el que Castillo ganó las elecciones, y agrupaciones formadas por disidentes de PL –el Bloque Magisterial– condicionan su respaldo al adelanto de elecciones a que se apruebe un referendo para una Asamblea Constituyente. Ha trascendido que durante las arduas negociaciones de ayer, legisladores de este bloque han dejado abierta la posibilidad de levantar ese condicionamiento.
Uno de los partidos de la ultraderecha, Renovación Popular, se opone a cualquier adelanto: propone mantener las elecciones para 2026. Sus legisladores señalaron que la respuesta al rechazo popular a elecciones recién en 2026 debe ser más represión.
Si el adelanto de elecciones se aprueba hoy, debe ser ratificado también por un mínimo de 87 votos en una segunda votación. Si no se alcanzan, pero se logra el apoyo de la mayoría simple del total de congresistas, ese resultado tendría que ser ratificado en un referendo. Si el adelanto de elecciones no pasa en el Congreso, quedaría como única alternativa la renuncia de Boluarte, o su destitución por el Congreso –opción planteada por la izquierda pero que no tendría los votos– para forzar elecciones en unos meses.
