La Legislatura representa un poder distinto al Ejecutivo. Sin embargo, ocurre un raro fenómeno, donde los poderes constitucionales se comportan como poderes fácticos. Los grupos políticos que controlan la escena política hacen que el Ejecutivo invada al Legislativo y elimine los supuestos republicanos: la necesaria división de poderes para que se haga posible el fruto del equilibrio entro los mismos es borrada y, con ello, la virtud se convierte en vicio. La Legislatura debía nombrar comisiones para empezar a operar sus funciones de rendición de cuentas de los otros poderes y no lo hizo siguiendo las instrucciones de sus jefes políticos que tampoco generaban nombramientos de funcionarios en el Ejecutivo. Así, los grupos políticos funcionan como poderes fácticos que pervierten los supuestos republicanos y democráticos de los poderes constitucionales.
Es preocupante que a la fecha no se ha conocido una agenda legislativa de la fracción mayoritaria y los diputados en lo particular esperan les ordenen que cosa deben aprobar o cuando ausentarse o que revisar o congelar. Cuando inició su periodo, la Legislatura se estrenó con algunos conflictos y eventos que ameritaban su pronta actuación. Nos referimos específicamente al impago de los burócratas, docentes y jubilados del Issstezac, además de la escandalosa escalada de asesinatos que exhibían cuerpos en puentes. Era necesario la gestión y exigencia al Ejecutivo de nombrar la totalidad de su gabinete y atender ambas crisis con prontitud. Pero nada: el Legislativo se mantuvo en silencio y obediente al poder fáctico que lo controlaba. En estos casos, ya no pedimos a los diputados visión de profundidad o altas miras, sino un mínimo de dignidad. Un diputado manejado por un poder fáctico en automático deja de ser representante popular, para ser un simple operador político a sueldo. La degradación de la investidura.
Ahora mismo los diputados deben aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, para eso no sólo deben leerlo, sino revisarlo en función de los grandes retos de la entidad. Pero si obedecen consignas, únicamente votarán lo que el trámite dicta en el procedimiento. Esto es, cumplirán con la letra violando el espíritu de la ley. Para la realidad de la situación es como si no hubiera Congreso o Poder Legislativo: la desaparición fáctica del mismo. Un organismo con 30 diputados babeando por el fantasma de las herramientas, preocupados por el dinero del que se pueden hacer con facilidad, y despreocupados por el desarrollo auténtico del estado. Se comportan como mercenarios o lacayos de los jefes políticos destruyendo el sentido de las instituciones.
Al menos, deberán iniciar con el nombramiento del Órgano de Control Interno, el cual tiene la obligación de garantizar la transparencia de una Legislatura opacada en las pocas semanas que tiene de existencia. La presión de la sociedad civil es vital en estos casos, para hacer lo que dicen en los juramentos de investidura: “si no, que el pueblo me lo demande”. Alguien del pueblo debe hacer las funciones de ‘demandar’ el cumplimiento de las obligaciones de los legisladores. En este contexto son muy útiles los observatorios y tribunales ciudadanos que pongan en evidencia la vida interna de las instituciones.
