Durante una amplia entrevista, Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas, analizó los retos que enfrenta el país ante una eventual reforma electoral, subrayando que lo esencial no es modificar la estructura del organismo, sino transformar las fórmulas de elección que determinan la integración del poder político.
Explicó que las reformas previas, como las de 2022 y 2023, se concentraron en aspectos orgánicos del INE, sin atender de fondo los mecanismos de representación. “Lo que esperamos es que la nueva reforma sea realmente electoral y no solo una reforma administrativa. Debe centrarse en las fórmulas de elección, porque ahí está el corazón del sistema democrático”, expresó.
De acuerdo con el funcionario, México mantiene desde hace casi dos siglos el uso de la fórmula de mayoría relativa, un modelo que considera obsoleto para un sistema multipartidista. En su opinión, esta herramienta permite que un partido con menos del 30% de los votos obtenga la totalidad de los cargos, lo que calificó como “antidemocrático”.
Planteó que el país debe avanzar hacia una representación proporcional pura, eliminando tanto la mayoría relativa como las listas plurinominales. Estas últimas, sostuvo, han sido instrumentos de control político de las cúpulas partidistas, al permitir que se decida arbitrariamente quién ocupa los primeros lugares.
“Hay que erradicar las listas pluris, porque desvinculan al elector de las candidaturas. Nadie conoce a quienes van en las listas. La verdadera democracia se fortalece cuando los votos se traducen de manera genuina en cargos de elección”, enfatizó.
Para Chiquito Díaz de León, la reforma electoral debe orientarse a tres puntos esenciales: fortalecer la representación proporcional, consolidar el servicio profesional del INE y reforzar el papel de los institutos electorales locales como el IEEZ. Consideró que los organismos estatales son el eje del sistema de partidos en cada entidad, por lo que deben ser fortalecidos institucional y financieramente. “Los institutos locales no solo organizan elecciones; cumplen una función política y social. Si se les quita ese papel articulador, se genera un desorden en el sistema”, advirtió.
El vocal ejecutivo también destacó que las reformas anteriores no prosperaron porque la oposición “abandonó su papel de contrapeso”, lo que impidió el debate público necesario para alcanzar consensos. “El sistema democrático se construye con debate y disenso. Si la oposición renuncia a discutir, no hay posibilidad de una reforma legítima”, afirmó.
Chiquito Díaz de León insistió en que la verdadera fortaleza del INE no depende únicamente de la ley, sino del compromiso ético de sus funcionarios. “La autonomía e independencia no se decretan; se ejercen con libertad y responsabilidad. El servicio civil de carrera es la mayor fortaleza del INE, porque permite tomar decisiones sin presiones laborales ni políticas”, señaló.
Agregó que la crítica sobre un posible debilitamiento del INE es infundada. “Quien dice que el INE se debilita tiene debilidad mental. Las instituciones se sostienen por su gente y por los valores que las guían”, dijo con tono firme.
El funcionario adelantó que participará el próximo 5 de noviembre en el foro sobre la reforma electoral en Zacatecas, donde presentará una ponencia centrada en la necesidad de revisar las fórmulas de elección. “Hay que ir al cuarto de máquinas del sistema político, no a los vagones. Si no corregimos las fórmulas de representación, seguiremos con un modelo desigual y con votos que valen más que otros”, advirtió.
Actos anticipados de campaña y el artículo 134 constitucional
En la parte final de la entrevista, Matías Chiquito abordó el tema de los presuntos actos anticipados de campaña que diversos actores políticos han denunciado. Señaló que, aunque el INE puede intervenir cuando las conductas tienen naturaleza electoral, su competencia no abarca la fiscalización del uso de recursos públicos fuera de los procesos electorales.
“El INE administra elecciones. Si alguien acusa el uso indebido de dinero público, debe acudir a las autoridades de auditoría. No somos un ente fiscalizador del gasto”, precisó.
El vocal ejecutivo indicó que el problema radica en la falta de una reglamentación clara del artículo 134 constitucional, el cual prohíbe el uso de recursos públicos para fines de promoción personal o partidista, pero no establece mecanismos de sanción efectivos. “El 134 es una norma imperfecta. Plantea obligaciones, pero no define sanciones. Por eso debe reglamentarse”, explicó.
Detalló que dicho artículo contiene dos principios fundamentales: la imparcialidad en el uso del dinero y la prohibición de la promoción personalizada con recursos públicos. Sin embargo, reconoció que existen excepciones limitadas, como los informes de labores, cuya difusión puede incluir nombre e imagen de los funcionarios, pero únicamente siete días antes y cinco días después del acto, y solo una vez al año.
En ese contexto, Chiquito Díaz de León fue cuestionado sobre la propaganda visual atribuida al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza. Al respecto, señaló que dicho tipo de publicidad, fuera del proceso electoral, no corresponde a la competencia del INE.
“Esa publicidad cuesta, y si favorece a un servidor público, debe aclarar el origen del recurso o deslindarse si no la realizó. Pero ese asunto pertenece al ámbito de transparencia y rendición de cuentas, no al electoral”, puntualizó.
Añadió que en caso de que existan evidencias de uso indebido de recursos públicos, corresponde actuar a los entes fiscalizadores, como la Auditoría Superior del Estado o la Secretaría de la Función Pública, tanto estatal como federal. “No le carguen al INE lo que no le toca. Si hay dinero público de por medio, hay vías para denunciarlo. Lo más fácil es decir que el INE no hace nada, pero el INE hace lo que le corresponde”, subrayó.
Finalmente, reiteró que el órgano electoral solo tendrá competencia directa sobre actos anticipados una vez que inicie formalmente el proceso electoral, en septiembre de 2026. “Hasta entonces, todo lo que suene a propaganda política podrá revisarse en el ámbito electoral. Por ahora, los temas de gasto público son tarea de los entes auditores”, concluyó.
