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domingo, 5 mayo, 2024
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Aprueban comisiones de la 62 Legislatura entre acusaciones y desequilibrios

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Por: ALMA RÍOS •

■ La panista Lorena Oropeza acusa de tener conflicto de intereses a su compañero López de Lara

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■ PT y Morena objetan reparto; dicen que está movido por “la ambición vulgar y mezquina”

Un mayoriteo prácticamente sin argumentos, declaró suficientemente discutida y luego aprobada por 20 votos a favor contra 10 en contra, la conformación de las 30 comisiones al interior de la 62 Legislatura. Para objetar el acuerdo de lo definido al interior de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), sí tomaron tribuna los diputados Lorena Oropeza Muñoz (PAN), Geovanna Bañuelos (PT) y los morenistas Luis Medina Lizalde, Omar Carrera e Isaura Cruz de Lira.

Un primer momento de tensión reflejó el desacuerdo entre el actual presidente estatal del Partido Acción Nacional y la secretaria del mismo instituto político, a la par integrantes de su fracción parlamentaria al interior de la Legislatura, cuando la segunda señaló a su dirigente el sustento que según el Artículo 24, fracción 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas impide a Arturo López de Lara asumir la presidencia de la Comisión de Vigilancia al estar vinculado con el gobernador Alejandro Tello Cristerna por lazos de sangre.

La legisladora exhibió en tribuna las copias de las actas de nacimiento de ambos personajes, para demostrar que sus abuelos “paterno y materno”, son hermanos, y por lo tanto le citó: “está impedido para conocer y debe abstenerse de intervenir en asuntos que tengan interés personal o que interesen a sus parientes consanguíneos en línea directa”.

Oropeza Muñoz expuso como triste y decepcionante que sobre la ilegalidad de haberse postergado la conformación de las comisiones, de la que señaló como responsables a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, “se propongan presidentes que están impedidos por Ley”.

Refirió así no sólo el caso de López de Lara, primo de Tello Cristerna, de quien dijo que “no puede ser que fiscalice sus cuentas” (un acuerdo celebrado en “lo oscurito”, dijo), sino el de Carlos Peña Badillo, ex presidente municipal de la capital, ahora elegido para quedar al frente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también impedido por ley para ello, porque su nombramiento involucra otro “conflicto de interés”, pues habiendo sido alcalde, “no puede revisar su cuenta pública”, expuso.

Preguntó la diputada a sus pares: ¿dónde no les quedó claro? el artículo 24 y su fracción citada para el caso de Arturo López de Lara, y ¿cómo vamos a cimentar sobre el agandalle a esta Legislatura, y darle calidad moral violentando la ley?

En mismo tono se manifestó Luis Medina Lizalde, quien criticó la decisión y trajo a colación los diagnósticos de la situación de país que hablan de los desequilibrios de poderes. En cita al recién fallecido Juan Gabriel les preguntó: ¿pero qué necesidad?, si “estuvimos a punto de construir credibilidad para el Poder Legislativo y desmentir una creencia generalizada de que los diputados representan más al gobierno ante la sociedad que a la sociedad ante el gobierno”.

Así, situó como equivocada la forma en que se conformaron comisiones estratégicas y calificó de escandaloso el haberse enterado apenas horas antes, “de un acuerdo entre Tello y el presidente de la Comisión de Vigilancia” que sí comunicó a la CRICP, sin que ello tuviera efectos.

También en abono a la falta de credibilidad para el Legislativo estatal, ubicó el nombramiento de Peña Badillo al frente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Aun cuando tienen la mayoría por ley, expuso que equivocan el modo de ejercerla “atropellando a diputados de fracciones minoritarias” y afectando el contrapeso que debe haber entre poderes, lo que ofrece signos de mantenerse la política que “nos está hundiendo como país y que tiene en crisis a las instituciones”, y que dijo, convertirá a la 62 Legislatura en “irrelevante”.

Al descontento se sumó Geovanna Bañuelos, para exponer ahora no el tema cualitativo sino cuantitativo con que se manifiesta la sobrerrepresentación en las comisiones. La petista calificó de correcta la que manifiestan en ellas el PRI y Morena, primera y segunda mayoría, pero no así “la sorpresa” que significó el caso del Partido Verde Ecologista de México que con tres legisladores se hace presente en 20 comisiones, al igual que Nueva Alianza y sus dos diputados que estarán integrados a 17.

Acción Nacional con los mismos legisladores que el PVEM tiene menos participación, cuestionó, o aun una mayor que los blanquiazules se observa por parte del PRD.

Así la distribución de las comisiones implicará el rezago de sus trabajos. A lo que agregó para sustentar que se trata de un reparto movido por “la ambición vulgar y mezquina” que sólo en cuatro de las 30 existentes no tenga mayoría la alianza PRI-Verde-Nueva Alianza, por lo que adelantó próximos mayoriteos en las votaciones, lo mismo en comisiones que en el Pleno.

Sostuvo que la Comisión de Vigilancia debería haber correspondido a Morena y que lo que ocurra en adelante en la de Presupuesto y Cuenta Pública quedará en manos “del mismo club de cuates”.

El diputado Omar Carrera manifestó también su rechazo a “que se sirvieran con cuchara grande para taparse a lo grande”. Y exhibió otros conflictos de interés ahora con los nombramientos del titular de la Jiapaz, Víctor Rentería, y el procurador fiscal, Uriel Márquez Cristerna, que son o “parientes o amigos o compadre del mandatario” y representan “más de lo mismo y que siguen siendo los mismos”.

Lorena Oropeza e Isaura Cruz de Lira también argumentaron objeciones sustentadas en temas de violencia de género, la primera al señalar: “soy una legisladora que piensa y decido por mí misma”, esto por habérsele involucrado en comisiones en las que no tenía interés en participar.

La segunda se mostró indignada por no tomársele en cuenta para integrarse a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable, a cuyos miembros, todos varones, increpó por no creer que las mujeres son capaces y retó a que la inviten argumentando conocimiento de los temas “para demostrarles quién pesa más”.

Contra todas estas argumentaciones, sólo el aludido Arturo López de Lara reviró precisando que es primo del gobernador Alejandro Tello Cristerna en “sexto grado” y que la ley señala que en el “peor de los casos debe abstenerse” en temas que les involucren a ambos.

El panista consideró pertinente señalar su respeto por Lorena Oropeza porque “para mí es una gran mujer” y recordarle que es la secretaria general del PAN, así como a todos los diputados, respecto de que la Legislatura es una autoridad “autónoma” y colegiada “que tomamos decisiones de manera democrática”, por lo que luego de apuntar que un solo miembro no es quien decide los asuntos, pidió a su correligionaria que “elevemos el nivel del debate en estos términos”.

La panista contestó ofreciéndole la precisión de que los diputados están obligados a observar las leyes y que la respectiva al tema, señala el impedimento que implica el parentesco “sin importar el grado. No dice primero, segundo, tercero”.

Le externó a su dirigente también su respeto y subrayó que no así a “las prácticas que se quieren imponer”, al agregar a sus objeciones que tampoco puede presidir la Comisión de Vigilancia, justo por presidir al Partido Acción Nacional, “porque la Ley de Fiscalización señala que la Auditoría Superior del Estado deber auditar a los entes públicos”, como lo es el instituto político que encabeza, “por ello tampoco puede ser presidente de esta comisión”.

Ni lo cualitativo, ni lo cuantitativo, ni los argumentos de equidad y contra la violencia de género tuvieron eco, sumándose para votar tal cual el dictamen, los representantes del PRI, uno del PAN, y los del Verde Ecologista, Nueva Alianza, Partido de la Revolución Democrática y Encuentro Social.

A revisión iniciativa para la creación
del Sistema Estatal Anticorrupción

Ayer fue leída ante el Pleno de la 62 Legislatura del Estado de Zacatecas la iniciativa con proyecto de decreto para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción enviada por el Ejecutivo estatal, y que involucra el establecimiento de una serie de órganos autónomos, entre ellos, una Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, que contempla “al menos tres fiscalías especializadas”, de combate a la corrupción, de delitos electorales y de protección a los derechos humanos.

La creación del Sistema Estatal Anticorrupción obedece a la disposición de la Constitución General de la República acorde a su reforma del 10 de febrero de 2014, donde se mandata la instauración del correspondiente nacional, y asimismo, que las entidades federativas establezcan “sistemas locales anticorrupción y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción”.

El sistema será una instancia coordinadora entre todos los órdenes de gobierno competentes en la materia “para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción” y estará integrado por un Comité Coordinador y otro de Participación Ciudadana, se expuso.

Se integran modificaciones al actuar de la Auditoría Superior del Estado, y la instauración de un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas que será el órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidades administrativas graves, y a los particulares que hayan actuado en connivencia con ellos.

Se agrega asimismo un Tribunal de Conciliación y Arbitraje también autónomo, que será el encargado de dirimir las controversias que involucren a los trabajadores al servicio del Gobierno del estado y sus relaciones laborales con el mismo.

El citado dictamen luego de su lectura, fue turnado a las comisiones legislativas de Función Pública y Puntos Constitucionales para su análisis.

El otro punto del orden del día sesión nocturna de ayer, fueron precisados los criterios de la convocatoria a la elección extraordinaria del ayuntamiento de la capital de Zacatecas para el periodo 2016-2018, estableciendo su celebración el domingo 4 de diciembre de 2016, y el periodo de campaña en que podrán participar todos los partidos políticos registrados ante el INE así “como las candidaturas independientes que hubiesen participado en la elección ordinaria anulada” del 10 al 30 de noviembre próximos.

La selección interna de las candidaturas de los distintos particos políticos tiene como lapso del 11 al 31 de octubre próximo y su registro ante el órgano electoral, del 2 al 5 de noviembre, se mandata asimismo que éste último deberá pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de tales candidaturas con fecha límite del 9 de noviembre. La votación para este tema se dividió en 20 a favor y 9 en contra.

También quedó ayer determinado, quien fungirá como presidente, vicepresidente y secretarios primero y segundo, de la Mesa Directiva para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la 62 Legislatura, siendo respectivamente, Luis Medina Lizalde (Morena), Carlos Alberto Zamarripa Sandoval (PVEM), Lydianna Elizabeth Bugarín Cortés (PRI) y María Elena Ortega Cortés (PRD)

Asimismo rindieron protesta en sesión solemne y luego de haber sido elegidos en una ordinaria previa, los diputados que representarán a la Legislatura ante el IEEZ.

 

 

 

 

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