Para mi hijo Santhiago García Arteaga.
Por lógica, si en este país debe prevalecer el principio del Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia, las dependencias que tutelan precisamente dicho principio, deben estar en el primer lugar de la pirámide de la Administración Pública o de las instituciones que protegen lo más sagrado que tiene la República Mexicana y, es que en el texto constitucional del Artículo 4° párrafo décimo primero, se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. El citado argumento constitucional, señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Además, se consagra que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Entonces debemos insistir en que este Derecho Humano Fundamental, debe garantizarse a plenitud, fortaleciendo a las procuradurías de protección de NNA, de lo contrario, quedará en entredicho el texto constitucional citado, pues mientras estas instancias se encuentren en situaciones verdaderamente adversas, sin presupuestos suficientes, sin el personal capacitado o improvisado y con una movilidad exagerada en los cargos de procurador y procuradora, no podrá avanzarse en la aspiración colectiva de tener niñas, niños y adolescentes felices y familias bien integradas. En los puestos de titular de las procuradurías no hay servicio profesional de carrera, simplemente no sabes cuándo te vas, pues estamos a expensas de denuncias ante la Fiscalía o a operativos amañados, quejas en Derechos Humanos, amenazas de la delincuencia organizada, denuncias ante la función pública y, es que todo esto es como una gran jabonera en la que el que no cae, resbala. Así lo advertimos la mayoría de los que participamos en la Conferencia Nacional de Procuradurías de Protección de (NNA) pues cada que nos reunimos (dos veces al año) tenemos que cada vez son más los nuevos procuradores y procuradoras y, nos convertimos en contempladores de los que se fueron y de los que llegan, algunos de ellos grandes talentos que se van a buscar el sustento a otra parte; aunque también es cierto, otros más han mejorado su estatus profesional en nuevos puestos estratégicos. De tal suerte, propongo que las citadas procuradurías se eleven a rango de secretarías de estado (Ya se tiene el caso de Coahuila) o que se consolide la autonomía de las mismas como en el caso de Guanajuato, con salarios dignos y con las condiciones técnicas, metodológicas y normativas necesarias para proteger a lo más preciado que tiene nuestra sociedad; no lo puedo ver de otra forma ya que la máxima constitucional de que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, debe estar también por sobre la asignación presupuestal por ejemplo de la Secretaría del Bienestar (674,510 millones de pesos), la Secretaría de Educación Pública (523,858 millones de pesos), Comisión Federal de Electricidad (554,567 millones de pesos), o la Secretaría de Energía (267,439 millones de pesos). Yo sé que las dos primeras secretarías atienden prioridades de NNA como el derecho al desarrollo y a la educación que también son prerrogativas constitucionales, simplemente no veo una fortaleza presupuestal para el tema directo de prevenir violencias contra las infancias, o para atender población vulnerada gravemente en su condición emocional o adicciones, menos aún, existen espacios dignos para atender a NNA en conflictos con la Ley Penal o para evitar y erradicar el reclutamiento forzado y las uniones maritales violentas cometidas contra nuestras niñas indígenas. En este contexto, es impostergable iniciar con la construcción de estrategias de amplio calado en favor de la niñez y adolescencia; con el reconocimiento de que una procuradora o un procurador de protección de NNA, no es cualquier servidor público, es un profesional del Derecho sensible, empático, que lucha cada día a contracorriente, que cuida y protege a las niñas, niños y adolescentes, a veces de sus propios familiares, que participa en diversos juicios, interpone denuncias, cuando es necesario se enfrenta a la misma Fiscalía y contra quien sea y, ya en la soledad de la oficina, nos invade la tristeza, el coraje y las lágrimas al ver el sufrimiento y el impacto de la violencia contra lo más importante que tiene la humanidad.
*Director general de la Asociación Nacional
de Procuradoras, Procuradores,
ex Procuradoras y ex Procuradores de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
