Algunos de los magnates mexicanos en la industria minera (Alberto Bailleres, Germán Larrea o Carlos Slim) se ha resistido al pago del Impuesto Ecológico en el estado, mientras que las empresas canadienses que operan en Zacatecas han cumplido cabalmente con ese gravamen.
Luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, la semana pasada, se reveló que algunos de los grandes corporativos que operan en la entidad no cumplían con sus obligaciones fiscales, en específico en lo que respecta a este impuesto, en detrimento del interés nacional, los derechos de los ciudadanos y el bienestar social.
Según información publicada por el periodista Carlos Fernández Vega, el más reciente informe del Servicio Geológico Mexicano (dependiente de la Secretaría de Economía) detalla que “en Zacatecas están vigentes 2 mil 700 concesiones (abril de 2020), que cubren una superficie de casi 2 millones 400 mil hectáreas (se duplicó en apenas tres lustros; el número de concesiones sólo aumentó 12 por ciento en ese periodo) o lo que es lo mismo, 32 por ciento de la superficie estatal”.
En esos cinco años las tierras zacatecanas fueron extraídas casi 130 toneladas de oro (la mayoría para las transnacionales canadienses), 13 mil de plata (para Alberto Bailleres, fundamentalmente, y algo para Carlos Slim) y 212 de cobre (para Germán Larrea). El valor de esa producción sumó 240 mil millones de pesos (90 mil por oro, 125 mil por plata y 25 mil por cobre), y las mineras se negaron a pagar el Impuesto Ecológico, porque de hacerlo, pretextaban, “haría incosteable a las empresas mineras”.
“El zar de la plata (en el país, pero especialmente en Zacatecas) es Alberto Bailleres, por medio de Peñoles y Fresnillo PLC, y le desagrada eso de pagar impuestos. Entonces, ¿quién podría ser el evasor?”, cuestiona el periodista de La Jornada.
En abril del 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría la validez de las cuatro vertientes del Impuesto Ecológico de Zacatecas: remediación ambiental, emisión de gases a la atmósfera, contaminantes en el suelo y subsuelo, además del almacenamiento de residuos.
Además, se aprobó lo referente a la existencia de un estímulo y al destino específico dentro del gasto público a los recursos que se obtengan de los denominados impuestos ecológicos. Estos recursos se destinarán a la remediación ambiental.
El rubro de la remediación ambiental contempla la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, aun cuando correspondan a vetas, mantos o yacimientos.
Tras una serie de revisiones a la legislación se concluyó que las entidades federativas cuentan con las facultades tributarias sobre el aprovechamiento de los recursos naturales o sustancias que, en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos de igual naturaleza de los componentes de los terrenos y que el impuesto no invade la esfera de la federación y, por lo tanto, se propuso reconocer validez.
En lo que respecta a la emisión de gases a la atmósfera, el impuesto grava las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que se desarrollan en el estado y que afectan su territorio.
En materia de contaminantes en el suelo y subsuelo, grava la emisión de sustancias contaminantes que se depositen desechen, descarguen o desechen al suelo, subsuelo, o agua, en el territorio del estado y. en almacenamiento de residuos, el impuesto grava el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados situados en el estado.
