En septiembre de 1989 era evidente que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) ya no resistiría más un estado de facto, de coyunturas, sujeta a presiones, chantajes y eternas negociaciones políticas. Era preciso establecer un orden jurídico. Además, se solicitaba al Gobierno del Estado sensibilidad a las iniciativas institucionales de los universitarios.
Se anhelaba, una reflexión cuidadosa y de valoración objetiva por parte de los universitarios, tendiente a realizar las actividades de reestructuración a fondo, con el propósito de que la Universidad solucionara sus problemas estructurales para cumplir con su alta misión, convirtiéndose, en palanca del desarrollo social y cultural de Zacatecas.
Era urgente que los universitarios se abocarán a buscar hasta encontrar, una estrategia general para realizar las transformaciones que frenaran el deterioro institucional y favorecieran la academia. Con ejercicio pleno de la autonomía, pero con sobrada responsabilidad para que los diferentes grupos y sectores de los universitarios se unieran en torno a un proyecto institucional, que dejara en segundo término y para siempre los intereses de grupo o de persona.
Se convocaba a realizar la reglamentación de todas las actividades universitarias, una reestructuración normativa que permitiera y posibilitara la reordenación administrativa y financiera, y a la vez, de sustento a la reorganización académica y un plan unificado de desarrollo institucional. Para la modificación de la Ley Orgánica vigente y el Estatuto General de la Universidad se sugerían las siguientes líneas: que el Consejo Universitario se integrara con criterios de representación académica, que no fueran más de cien sus integrantes y que la duración de estos fuera de tres años, excepto el Rector y los directores; que estos últimos duraran en su cargo seis años, sin reelección, y que el proceso electoral de autoridades universitarias no se llevará más de 45 días.
También se sugería que la administración central fuera reducida y conforme a necesidades y posibilidades institucionales; integrar en la Ley Orgánica y Estatuto General un capítulo de responsabilidades, sanciones y recursos que evitaran la transgresión institucional y la violación a la legalidad universitaria, y establecer en la Ley, la fecha precisa para el informe del Rector –se proponía el primer miércoles del mes marzo de cada año–.
Se solicitó al Gobierno del Estado considerar las relaciones con la Universidad, coadyuvando a la gestión de los aspectos fundamentales para la Institución, para mejorar la calidad de la educación, para vincularse con los sectores sociales; en la gestión de recursos para resolver cuestiones cruciales del déficit universitario. Además, se demandaba canalizar a las instancias correspondientes la iniciativa para que se incrementara en un 2 o 3% el subsidio estatal.
A pesar de las circunstancias se enarbolaba que la UAZ se reafirmaba como la Institución de enseñanza superior de la entidad, ya que daba atención al 70% de los profesionistas, desarrollaba el proyecto cultural más importante de la región, contribuía de manera significativa en la difusión y divulgación de la cultura, tenía relaciones importantes con los sectores sociales y productivos del estado, así como un proceso de extensión efectivo hacía la comunidad zacatecana.
En lo referente al crecimiento de la población estudiantil, se reconocía que había pasado de 15 mil 251 a 16 mil 421, de los cuales el 50% correspondía al nivel de licenciatura. Que la oferta educativa se había consolidado y ampliado con la aprobación, en el Consejo Universitario, de los doctorados en Ciencias Pecuarias y en Farmacología Médica y Molecular; de las maestrías en Ciencias Nucleares, en Humanidades (área de historia y en la línea de formación docente) y en Ciencias de la Educación, y de las Especialidades en Derecho Laboral y en Valuación de Inmuebles.
Se hacía énfasis en las actividades permanentes de formación docente y se precisaba que vía el PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado), se había recibido entre 1997 y 1998 $13,050,000.00 pesos y de especial satisfacción la incorporación de nueve académicos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los que sumados a los existentes, daban un número aproximado de 40, lo que resultaba muy significativo para una Universidad Pública de provincia.
Respecto a la situación financiera, se aseguraba que el déficit obedecía a la diferencia entre el modelo SEP y el modelo UAZ en relación al salario. Dicha diferencia –se aclaraba– se agravaba año con año. Además, el comportamiento proporcional del subsidio del Gobierno Estatal en relación con el total de ingresos en lugar de aumentar disminuía (entre 1993-1994 representó el 14.25%, entre 1997 y 1998 fue de 11.80%).
En un mensaje inusual, el Jefe del Ejecutivo manifestó su compromiso y respeto a la autonomía universitaria, para luego reconocer su preocupación por la situación institucional. “Veo con tristeza –dijo– como nuestra Máxima Casa de Estudios se va reduciendo a grupos y disputas, lo que no debe tener contento ni satisfecho a nadie”, veía a la Universidad en peligro de deterioro, el más agudo de los últimos años y sin viabilidad ni académica, ni mucho menos en su contribución al desarrollo social y mejora de Zacatecas.
En ese contexto el Gobierno del Estado manifestó su preocupación por la situación de la UAZ, se hacía un llamado a los universitarios a la reflexión, y aclaraba su no intervención en la Reforma Universitaria, respeto a la autonomía y ofrecía su colaboración en las acciones en bien de la Institución. Manifestó tener una disyuntiva entre mantenerse totalmente al margen y que la Universidad siguiera en el camino sin retorno, lo que le parecía irresponsable, es decir, una actitud de dejar pasar, y no hacer nada. Advertía: “La Institución está en sus manos, tienen en estos momentos todos el gran reto, allá ustedes si lo aceptan”. Ofrecía su colaboración y los buenos oficios para ser simplemente un aliado de la Universidad.
En los cambios estructurales, pensados para resolver los más graves problemas de la Institución para proyectarla con certidumbre hacia el futuro. La Rectoría asumió las medidas a su alcance para ir optimizando el uso de sus recursos humanos, materiales y financieros. Así, adoptó la medida de ajustar tiempos y salarios a los integrantes del personal académico que desempeñaban labores en otras instituciones. La medida generó inquietudes y preocupación de algunos de los afectados que reclamaban, más que el fondo de la medida, la forma en que se había procedido.
La Rectoría fundamentaba la medida: se sabía que uno de los problemas de la institución era el cumplimiento de la jornada laboral contratada. Se señalaba que para nadie era un secreto que había personal universitario contratado de tiempo completo en la Institución que desarrollaba fuera de la misma, en algunos casos, contratos también de tiempo completo. Que esa situación ni se justificaba, ni podía continuar en la Universidad. Se debía proceder a su corrección, aplicando las medidas que se adoptaran por igual a todos los que se encontraran en esa situación. Que no se trataba de esos universitarios rompieran su vínculo con la Universidad, por el contrario, se trataba de que esa experiencia y conocimiento adquirido en el diseño y aplicación de políticas públicas en la región, abonaran en el mejoramiento de la vida académica de la Universidad. Opiniones que resultarían muy valiosas en el terreno de la docencia, investigación y la extensión.
¡Cuánto falta conocer sobre nuestra Máxima Casa de Estudios!
Esta ignorancia es la que ha permitido que se le menosprecie o que se tergiverse su historia para satisfacer vanidades personales o intereses de grupos, ante la actitud indiferente de la comunidad universitaria.
Se parte de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (LUMAT). Informes:
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1Docente Investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. LUMAT
