■ En caso de quitar a todos los funcionarios, el ahorro anual sólo sería de 50 mdp, explica
■ Es equivocada la estrategia de los sindicatos en este contexto de la crisis financiera, asegura
El ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Francisco Javier Domínguez Garay, invitado al programa Synergia, de La Jornada Tv, afirmó que son erróneas los posturas de los sindicatos de la institución al exigir que se reduzca la burocracia universitaria o el salario de los funcionarios, puesto que ello “no tiene ningún sustento real para resolver el problema financiero”.
La información que se ha dado a conocer recientemente sobre el sueldo de los funcionarios, dijo, solamente sirve para detectar rubros en los cuales se pueden ahorrar recursos, pero no para atender el déficit presupuestal de la Universidad.
Incluso, afirmó que, si en la UAZ se quitara a todos los funcionarios, incluidos los directores de las unidades académicas, el ahorro sería sólo de 4.3 millones de pesos mensualmente, es decir, alrededor de 50 millones de pesos al año.
Sin embargo, ello no sería factible porque se necesitan personas que conduzcan los diversos rubros de la Universidad, 100 por ciento de esos funcionarios son profesores de base y el ahorro en su regreso a las aulas sería mínimo y en caso de hacer despidos, sería más costoso el proceso legal.
“Por lo tanto, quiero dejar claro que esa no es la salida financiera. Eso jamás va a resolver el problema financiero. El hecho de plantear ante Gobierno federal que esta Universidad puede ahorrar 18 millones de pesos mensuales, como dice el documento que firmaron, pues la única manera que se tiene para lograrlo, es recortar personal y no afectar sólo a los funcionarios”, expresó.
Esa posibilidad de recortar personal es algo que no se comparte, “porque afectaría las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, aunque se debe sanear lo que sea necesario”, expuso el actual coordinador de la Unidad de Planeación de la UAZ.
Reiteró que la estrategia que realizan los sindicatos en este contexto de la crisis financiera, es equivocada, pues pretenden que se resuelva a costa de los universitarios, sacrificando con ello el crecimiento de la institución.
Además, aseguró que esas acciones de los sindicatos dan motivos a Gobierno federal para recortar aun más el apoyo a la educación pública, a pesar de que ésta es un bien social y que además es obligación del Estado ofrecerla.
Por el contrario, Domínguez Garay mencionó incongruencias graves, puesto que la Federación exige maestros con posgrados, de tiempo completo y una formación de jóvenes con valores y deporte, pero en el momento de otorgar el subsidio, “no hay un peso para el deporte ni para la cultura”.
“Es muy fácil resolver el déficit de la Universidad. Para eso hay que hacer dos cosas: no crecer, apegarse a lo que le dan, y no cumplir con los contratos colectivos. ¿Eso debemos hacer los universitarios? Yo digo que no”, agregó.
En relación al modelo de asignación del presupuesto a las universidades, el ex rector explicó que la distribución del subsidio proviene por una parte del apoyo de Gobierno federal, a través del acuerdo que se genere en el Congreso de la Unión, y por otra del porcentaje que le corresponde a Gobierno del Estado. De esa manera se conforma el subsidio ordinario irreductible, el cual es la base sobre la cual se definen los posteriores aumentos en el presupuesto.
En ese sentido, manifestó su molestia al escuchar a los legisladores decir que la UAZ es un “barril sin fondo” y recordó que en la historia de la institución, “jamás han llenado ese barril y por lo tanto no puede estar sin fondo”.
Incluso, informó que la mayoría de las universidades públicas instauraron cuotas muy altas, como es el caso de las autónomas de Aguascalientes, Nuevo León o San Luís Potosí. La UAZ no puede hacer eso, “en un estado tan pobre y sin empleo”.
La insuficiencia en el presupuesto, entonces, “es un problema nacional fundamental que históricamente le ha pegado a las universidades, que desde antes tenían un subsidio insuficiente. Entonces el modelo indica que el subsidio irreductible se basa en la autorización de determinadas plazas de profesores, trabajadores administrativos, funcionarios, etcétera”.
Eso significa que el incremento en el subsidio se fundamenta en la autorización de docentes y trabajadores, pero no con base en las necesidades o en el crecimiento de las universidades. En consecuencia, Gobierno federal otorga un apoyo parejo a todas las universidades, a pesar que las condiciones de ellas son diferentes.
En los últimos años, comentó que el Congreso de la Unión aprobó un apoyo extraordinario para las universidades públicas, el cual se etiquetó en rubros específicos, entre ellos, las jubilaciones y pensiones, y el número de alumnos en programas de buena calidad.
Para acceder a esos recursos, las instituciones de educación superior concursan y de acuerdo a sus indicadores y los resultados de una evaluación, reciben una menor o mayor cantidad de recursos, pero sin que se destinen al subsidio irreductible.
Asimismo, Domínguez Garay mencionó un fondo extraordinario que se utiliza para apoyar a las universidades que aumentan su matrícula, que es el programa del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Cupia), mediante el cual se distribuye una cantidad de recursos de acuerdo al número de estudiantes.
Durante su administración, recordó, compartió la visión de aumentar el número de alumnos debido a la necesidad de ofrecer opciones educativas a los jóvenes, evitar que estos se expongan a situaciones desfavorables fuera de la educación, y buscar la obtención de más recursos extraordinarios.
Al respecto, comentó que los principales criterios que se consideran para que las universidades concursen por recursos extraordinarios, indicó, es que demuestren que esos recursos hayan sido utilizados para el rubro que se solicitó, que los programas sean reconocidos como programas de calidad, que haya un mayor número de profesores con tiempos completos y posgrado, y la oferta de nuevos programas académicos.
El incremento de profesores de tiempo completo, dijo, es otra incongruencia en la aplicación del subsidio, porque en los últimos años no hay la autorización de la Federación para aumentar el número de docentes de tiempo completo, pero entonces al participar en los concursos con el mismo número de docentes, impide el acceso a más recursos.
En ese contexto, expuso que el Rector en turno debe decidir de dónde obtener el recurso necesario para cubrir sus compromisos contractuales. Por ejemplo, recordó que Rogelio Cárdenas Hernández atendió la insuficiencia presupuestal a través de la modificación del contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores (Stuaz), en el que aumentó el número de años para alcanzar la jubilación.
Asimismo, comentó que en esa administración, se acudió a los recursos del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI), con lo cual se cubrió el adeudo y el déficit financiero de la Universidad.
Alfredo Femat, por su parte, decidió resolver el problema del ISSSTE y Fovissste, y para ello solicitó al Sindicato de Personal Académico (Spauaz), presidido por Arturo Burnes, que firmara la modificación del contrato para aumentar los años de trabajo para alcanzar la jubilación. Además, en ese periodo se definió que no creciera el subsistema de educación media superior de la Universidad.
Sin embargo, dijo que en ambas administraciones de la Universidad, “dejaron sin cubrir todo lo que tiene que ver con Hacienda y con el Sistema de Ahorro para el Retiro”.
Domínguez Garay expuso que en su caso, definió cubrir los adeudos a Hacienda, pero en consecuencia el problema se orientó al ISSSTE y Fovissste, lo que le permitió no afectar ni modificar los contratos colectivos de los sindicatos, con lo cual se evitó atentar contra las prestaciones laborales.
En ese sentido, expuso que en su administración, ante la insuficiencia en el presupuesto, decidió pagar los montos correspondientes a Hacienda, lo cual permitió la condonación del adeudo de 570 millones de pesos, pero ello implicó que se acumulara el adeudo con el ISSSTE y Fovissste.
La insuficiencia en el presupuesto, entonces, implica un dilema para el Rector en turno: detener el crecimiento, no abrir nueva oferta educativa, afectar los contratos colectivos o dejar de pagar al ISSSTE, Fovissste, SAR o Hacienda.
Por último, el ex rector hizo un llamado a la comunidad universitaria a informarse y tener claridad sobre en dónde radica el problema de la UAZ y así entender que no es culpa de los administradores, ni de los funcionarios, ni de los profesores.
Con base en el entendimiento de la situación, concluyó que “la Universidad debe salir a exigir lo que requiere para su funcionamiento y seguir abriendo opciones a los jóvenes, haciendo investigación y cultura”.
