Dos trágicos acontecimientos (que por desgracia, no únicos), han conmovido a la opinión pública nacional e internacional y colocan, una vez más, en tela de duda y alerta, la muy severa inseguridad en nuestro país, durante el actual sexenio a cargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese al autoelogio como mandatario incorruptible e intolerante con la impunidad. Se trata de los homicidios de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, desaparecida el 9 de abril del año actual en Monterrey, N.L., y encontrada muerta el 21 del mismo mes, en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo del mismo Estado. Igualmente, el asesinato de Luz Raquel Padilla, quien el pasado sábado 16 del presente, fue rociada con alcohol y quemada viva, en un parque de Zapopan, Jalisco, falleciendo tres días después, el martes 19 del mismo mes, como consecuencia de las quemaduras de tercer grado en más del 80 % de su cuerpo.
Ambos casos, además de autores intelectuales y materiales, involucran también, a autoridades investigadoras a cargo de las fiscalías estatales, ministerios públicos, peritos, policía ministerial, así como a secretarias y secretarios que levantan denuncias o querellas, y tienen obligación de llevar el trámite de las carpetas de investigación correspondientes. Igualmente, involucra a los gobernadores, quienes tienen la facultad para nombrar como fiscales a los mejores hombres y mujeres, y lejos de esto, llevan a esos cargos a conocidos que no reúnen el perfil requerido. Todos los citados, hasta ahora, son presuntos responsables por omisión, y merecen, en su caso, el castigo de ley correspondiente.
No basta, por supuesto, la irresponsable costumbre mañanera de minimizar problemas tan graves como los mencionados, señalando que “la fiscalía se hará cargo” y ordenando a la señora Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana, señora ésta que sin reunir el perfil (al parecer es periodista), tenga bajo su responsabilidad una de las tareas más difíciles para el país como es la inseguridad. Y, sea justamente esta mujer, quien “explica e ilustra” con gráficas difíciles de entender, que ya han disminuido los homicidios en nuestro país. Que van a la baja.
Tampoco es suficiente, con la apreciación que observan y dan a conocer los titulares de la SEDENA, General Luis Crescencio Sandoval, ni de la SEMAR, Almirante José Rafael Ojeda Durán, cuando mediante gráficas, en las que según ellos entienden, han disminuido los homicidios dolosos en el país.
Con asombro escuchamos esas “justificaciones”, cuando observamos con tristeza cómo ríos de sangre se desbordan por el territorio nacional.
¿Por qué suceden estos hechos de crueldad en México? Solo encontramos una respuesta: porque se puede y nada pasa. Al inicio de la presente colaboración mencioné que no son los únicos casos.
En los que nos ocupan se tienen más dudas que respuestas. Con la joven encontrada muerta en una cisterna del Motel Nueva Castilla, se había revisado con anterioridad, en tres o cuatro ocasiones, ese lugar y nunca se encontraron indicios de su cadáver. Luego, la necropsia practicada indicó que al caer a la cisterna Debanhi sufrió golpes en la cabeza que le provocaron la muerte. No obstante, gracias al esfuerzo de los padres de esta alumna de Derecho de la UANL, se realizó exhumación de cadáver para la práctica de nuevos peritajes, con resultado que la muerte fue provocada por sofocamiento y, al ser encontrada, tendría entre 3 o 5 días de haber fallecido, lo cual significa que desde su desaparición estuvo con vida.
Muchos cuestionamientos qué realizar: cámaras de vigilancia que no aparecen; testimoniales pendientes; inspecciones mal elaboradas; contradicciones de funcionarios. En fin. Algo se logró ante la insistencia del papá de la víctima.
Con Luz Raquel Padilla, también la fiscalía, ministerio público, policía ministerial, peritos, secretarias y secretarios que levantan denuncias o querellas, tienen responsabilidad por omisión, porque la víctima presentó en términos de ley su denuncia por amenazas. Y, todas esas autoridades y subordinados fueron omisos y negligentes. Había amenazas y muy graves, pero dejaron que todo siguiera su curso, sin prestar la debida atención a la víctima conforme a derecho.
Las amenazas no sólo se encontraban escritas en la pared de la entrada a su domicilio. También existen testigos que han manifestado el tipo de agresiones de que fue víctima.
Al inicio de la presente colaboración, mencioné que esos dos no son los únicos casos. El viernes 10 del pasado junio por la noche, el joven abogado Daniel Picazo fue golpeado salvajemente y quemado vivo en Papatlazolco, Huachinango, Puebla. También, el 1 del presente mes en Cuautla, Morelos, Margarita Ceceña fue rociada con gasolina y se le prendió fuego. El autor, un familiar. El domingo de la semana que termina falleció a consecuencia de las quemaduras de segundo y tercer grado. que sufrió en más del 70% de su cuerpo.
Una pequeña de 11 años en el albergue “Casa de Vida y Camino de Fortaleza” en Tonalá, Jalisco, fue rociada con alcohol y quemada con electrochoques, provocándole quemaduras de segundo grado en el 13% de su cuerpo.
Es la barbarie a la mexicana.
