Una de las caras del México bárbaro del siglo XXI, es, sin duda, la del “submundo” al que son condenadas la inmensa mayoría de personas afectadas -víctimas directas o indirectas- por el delito de desaparición forzada y desaparición por particulares.
Ante las estadísticas de un horror en crecimiento constante. La justicia y el bloque de constitucionalidad gracias a la reforma del 2011, con la “revolución debida a la juridificación de los derechos humanos” (Mireille Delmas-Marty), en el caso de las decenas de miles de víctimas directas e indirectas del delito de desaparición, parecen acumularse como promesas incumplidas, yacen enterradas en miles de fosas clandestinas, en el avance prácticamente nulo de innumerables expedientes y carpetas de investigación para la búsqueda en vida de las personas desaparecidas.
A eso habría que agregar el perverso agravio que algunos legisladores, de diversas fracciones partidistas, están cometiendo, al retrasar la aprobación de la ley sobre personas desaparecidas.
Venciendo todo tipo de dificultades, los familiares de personas desaparecidas, han logrado poco a poco organizarse. Con un costo humano desorbitante; bastaría mencionar -en esa búsqueda de sus seres queridos, teniendo todo en contra-, a la activista y madre, Miriam Rodríguez Martínez (asesinada por buscar a su hija Karen Alejandra de 17 años); a Marisela Escobedo (asesinada el 16 de diciembre del 2010, por buscar a su hija Rubí Marisol de 16 años), a Nepomuceno Moreno asesinado el 28 de noviembre del 2011, por buscar a su hijo Jorge Mario, de 17 años). Sabemos fehacientemente que son muchos más, padres, madres, hermanas, hermanos, familiares, amigos, sin que estemos en condiciones de decir cuantos, los que nunca regresaron, después de que decidieron ir a buscarlos, ante un Estado omiso, o cómplice, en algunos lugares, como Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, etc.
Es en medio de esta tragedia sin fin, donde hay que situar el verdadero sentido de la actitud negligente y tortuosa de los legisladores que se están oponiendo a que la Ley sea aprobada. Luego de múltiples análisis, reuniones de trabajo con los equipos técnico-jurídicos, y representantes de miles de familiares de personas desaparecidas; de que el Senado, pasara a la Cámara de diputados el dictamen correspondiente, ¿porque razón entonces se rehúsan a aprobar la ley?
Revisemos las posiciones: una fracción de la bancada del PAN, lo ha retrasado en la Cámara Alta [¿estratagema para trastocar los plazos e impedir que la ley fuera aprobada dentro del periodo ordinario de sesiones, por los diputados?], además han declarado que están considerando la modificación de lo que ya había aceptado el Senado.
Por su parte, Morena y el PRD, ya en la Cámara de Diputados, argumentando haberla recibido hasta el último día del periodo ordinario de sesiones, [debido a la demora en el Senado], también han mostrado su desacuerdo hacia el dictamen del Senado, y proponen someterlo a cambios. Con lo que se suman a prolongar una incalificable tortuosidad.
Mientras el PRI, que tiene la mayoría, estaría esperando los resultados de las elecciones en el Estado de México y las otras entidades para revisar sus cálculos políticos, y ver, entonces, si modifican también su posición respecto a la ley.
En suma, una de las mayores tragedias, lo que actualmente estamos viviendo en México [tenemos más personas desparecidas que en Irán], ha sido convertida por diversas fracciones de los legisladores, [aunque existan honrosas excepciones] en una especie de “causa eficiente” para alimentar el “bamboleo electoral”, los cálculos partidistas, y las intrigas de palacio.
¿Realmente les interesa erradicar la violencia, hacer justicia a las familias de personas desaparecidas? En su lugar, quienes se oponen a que sea aprobada, parecen estar sopesando la decisión de quitarle todo el extraordinario filo que se proponía como contenidos de la ley, olvidan que esas propuestas no son improvisadas, recogen el conocimiento de las aportaciones de expertos juristas, y, sobre todo, la amarga experiencia acumulada por miles de familias. ¿Buscan eliminar esa perspectiva en la propuesta revisada y turnada por el Senado?
Algunos legisladores, y el ejecutivo, parecen más inclinados a sacrificar la justicia, y la paz. Durante las arduas y prolongadas negociaciones, han aceptado nuevos puntos, pero se han negado a incluir otros contenidos extremadamente importantes, como los siguientes: no incluir a los superiores jerárquicos como responsables en casos de que la desaparición sea realizada por personal a su mando; suprimir la policía propia al sistema nacional de búsqueda; no definir con claridad las responsabilidades y competencias federales y estatales, un problema reiteradamente padecido por los familiares; introducen el concepto de “personas no localizadas”, en contra de los estándares internacionales, etc.
Con todo, la valoración lúcida y reflexiva de los familiares, y de las organizaciones que les acompañamos ha sido la de exigir la aprobación de la ley, en los términos en que el Senado la ha pasado a los diputados.
No es un problema solo de los familiares de personas desaparecidas. ¡La aprobación de esta ley, es un problema que todos en México deberíamos asumir como propio! ¿Aceptaremos tan flagrante negación de tan fundamentales exigencias de justicia?
