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viernes, 29 marzo, 2024
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¿Fue el Estado?

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Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

Se cumplió el primer año de la negra noche de Iguala en la que estudiantes normalistas y otros civiles fueron atacados por policías de diversas corporaciones, mientras el Ejército atestiguaba pasivamente los hechos.

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La fecha se conmemoró con manifestaciones a lo largo de todo México, e incluso en otros países. Tan sólo en la capital zacatecana se vivieron varias manifestaciones de todo tipo. Los estudiantes de la escuela Normal de San Marcos, y otras personas marcharon desde las oficinas de la Secretaría de Educación de Zacatecas hasta la Plaza Bicentenario; miembros de diversas organizaciones sociales marcharon desde la máquina 30-30 hasta el Centro Histórico. Fotógrafos de diversos medios organizaron una exposición fotográfica en la Plazuela Miguel Auza. Alguien trazó el número 43 en el cerro de las antenas con pintura blanca. Y algunos jóvenes plantaron flores en un área verde de la escuela de Minas, escribiendo con ellas el número 43. Gesto bellísimo y simbólico en homenaje a aquellos que quisieron enterrarlos y resultaron semillas.

La importancia de la fecha obligó a las autoridades a tocar el tema también. En el Senado de la República se intentó debatir al respecto, con el voto en contra de Carlos Puentes y de Alejandro Tello.

En el Congreso local, sí se habló del tema. Por un lado, los opositores reprocharon la participación del Estado en los hechos, y por el otro, los priístas hicieron todo lo posible por desmarcarse de los hechos, incluyendo los patéticos intentos por hacer responsable de los hechos al mayor de sus cocos.

En su visita a Zacatecas para instaurar el primer comité del país para aplicación del fondo minero, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, no desperdició la oportunidad de resaltar la reunión de Enrique Peña Nieto con los padres de las víctimas, apenas la segunda en todo un año desde ocurrida la tragedia.

En el mismo discurso, Robles desestimó los “diferendos técnicos” entre la investigación de la Procuraduría General de la República, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pero resaltó, lo que consideró como la principal coincidencia: la hipótesis de que fue el crimen organizado quienes perpetraron el crimen.

El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones sigue el mismo guión. A la pregunta de cómo le afectaba lo ocurrido en Ayotzinapa a la imagen de Peña Nieto, respondió “que nadie le cargue la culpa a alguien distinto… (…) Los culpables están en Iguala, están en Ayotzinapa”.

La indicación es clara, hay que delimitar el problema a Ayotzinapa, y responsabilizar de los hechos a los presuntos partícipes directos del asunto. Que se linche sin piedad a los supuestos sicarios detenidos, y que hoy sabemos gracias a la investigación de Anabel Hernández y Steve Fisher, que se trata de simples albañiles torturados.

Que se linche mediáticamente a los directores municipales de las policías de Iguala y Cocula; que se linche en todo caso al alcalde de Iguala y a su esposa, a quienes se tomaron fotos con ellos, a quienes los saludaban en la calle, o compartieron mesa con ellos, a los que los felicitaban en su cumpleaños, o los que tengan una camiseta de ellos. Y si la rabia no para, que se sacrifique los últimos meses de gobierno de Ángel Aguirre. Pero que ahí termine el problema.

A un año de la tragedia, los jóvenes no aparecen, pero sí las contradicciones y las grandes omisiones de los responsables de investigar el tema.

Un quinto camión, borrado prácticamente de los expedientes hace pensar al GIEI que en efecto, pudo tratarse de un acto del crimen organizado, una brutal respuesta a los jóvenes, que sin saberlo, secuestraban un camión probablemente con heroína que se dirigía a Estados Unidos.

Fue entonces, para alivio de Robles, de Manlio Fabio y compañía, una acción cometida por el crimen organizado.

Sin embargo, aun suponiendo que esa hipótesis fuera atinada. No puede eximirse al Estado de su responsabilidad en el asunto, pues los perpetradores del crimen portaban uniformes de las corporaciones policiacas y pertenecían a ellas, y estar en la nómina del narcotráfico no les impedía (al contrario) cobrar en la que se paga con los impuestos.

Otros agentes del Estado, como elementos de la Policía Federal y el Ejército supieron de los hechos, y, en el mejor de los casos, no los evitaron.

Aun dando por cierta que la hipótesis de que el narcotráfico castigó dramáticamente a quienes les robaban un cargamento, no puede olvidarse que es el Estado el obligado a garantizar el bienestar y la seguridad de los pobladores; y que fue su jefe quien colocó en el cargo a Murillo Karam, artífice de la “verdad histórica” hoy desmoronada.

No se puede olvidar, tampoco, que no son los únicos, que además de faltarnos esos 43, que se convirtieron en símbolo, hay más de 25 mil

desaparecidos que hacen falta en este país.

Olvidan que es el Estado el que tiene los recursos, el equipo, la tecnología, para buscarlos, y olvidan que encontrarlos es su obligación. ■

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