Regularmente, los excesos y abusos de poder se ejercen sobre la población más vulnerable, campesinos y pueblos indígenas, sin que haya consecuencias de tipo de legal que permitan la aplicación de justicia para las víctimas, y evitar la impunidad. Siempre ha ocurrido, sin importar la alternancia de partidos en el poder, de los gobiernos federal y estatales que comenzó a partir de 1997.
Un caso emblemático es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, sin que a la fecha se conozca lo que realmente sucedió con los jóvenes, a pesar de “las investigaciones” realizadas en el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto y en el actual, de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí se ha reconocido: es un crimen de Estado. Pero sólo eso. Incansablemente los padres de familia de los estudiantes, mes por mes en esos días, realizan su marcha exigiendo justicia.
Pero a la fecha no hay nada.
Deseo comentar sobre un acontecimiento que igual fue un crimen de Estado, y que tiene en común con lo de Ayotzinapa, la falta de justicia.
Ocurrió también, hace tiempo en el Estado de Guerrero:
La mañana del 28 de junio de 1995, algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se dirigieron a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga, el primero fue detenido en “El Vado” por un grupo de policías y agentes judiciales del Estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo, el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta emboscada 17 campesinos fueron asesinados y 14 heridos.
Inicialmente, esos hechos fueron reportados por la policía como una defensa ante la agresión de un grupo armado. Sin embargo, un video transmitido por “El Canal de las Estrellas”, en el programa de Ricardo Rocha, logró la apreciación en detalle de la alevosía y ventaja con que actuaron los policías contra los campesinos, y muestra que no existió un ataque, porque éstos, iban desarmados y fueron agredidos sin oponer resistencia.
Después de la masacre, las protestas de la sociedad civil no se hicieron esperar. Las condenas múltiples de diferentes organizaciones y partidos políticos, fueron de tal intensidad que el gobierno federal a cargo del entonces presidente Ernesto Zedillo, se vio obligado a nombrar para el caso un fiscal especial, que investigara los hechos con objeto de que ese crimen no quedara impune. Se nombraron varios, pero no se logró la finalidad, porque Rubén Figueroa fue exonerado de “culpa”.
Un avance mínimo que se obtuvo con esas protestas, fue el reconocimiento y la determinación de que en los sangrientos hechos, sí tuvo responsabilidad el mandatario estatal, lo que trajo como consecuencia, su destitución disfrazada de “licencia temporal indefinida” para abandonar el cargo.
La sociedad civil insistió en exigir castigo para Figueroa, pues no se consideró justa su exoneración. Las protestas se multiplicaron y gracias a ello, fue posible conminar al presidente Zedillo para que solicitara la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de realizar una minuciosa investigación de los múltiples homicidios. Esta nueva tarea estuvo a cargo de los ministros Humberto Román y Juventino Castro y Castro.
En aquel tiempo se presionaba para que Figueroa fuese castigado conforme a la ley penal., porque de ninguna manera sería posible, como decían muchos, que se le siguiera un juicio político. No era procedente, toda vez que éste tiene por objeto la separación del cargo, y aquel, dejó de ser gobernador, por lo que no existía materia en que fundar el procedimiento.
Se manifestaba la urgencia de atender el problema de Aguas Blancas, porque además de un homicidio impune, fue un hecho que restaba a México autoridad moral para reclamar al vecino del norte, el respeto a la vida e integridad corporal de los indocumentados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió el informe número 49/97 con fecha del 18 de febrero de 1998. En él, indica que el 24 de febrero de 1996, la Comisión solicitó a los Estados Unidos Mexicanos tomar las medidas cautelares necesarias, para proteger la vida e integridad física de todos los testigos de la masacre de Aguas Blancas. También sostuvo, que a pesar de haber nombrado fiscal especial para el caso, la investigación mantenía muchas irregularidades.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su recomendación 104/95, acreditó que el 28 de junio de 1995, se violaron los Derechos Humanos de 17 personas pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes resultaron muertas de manera intencional por la Policía del Estado y la Policía Motorizada.
