En sesión de la 65 Legislatura de este martes 26 de noviembre, el diputado Alfredo Femat Bañuelos propuso un exhorto al Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), se asignen en el Presupuesto de Egresos del 2025 los recursos suficientes para dotar a los campesinos zacatecanos de los insumos necesarios para la temporada de siembra.
Mientras que los diputados de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), en voz de Eleuterio Ramos, lanzaron un exhorto a la Presidenta de la República, a la Cámara de Diputados federal, así como al mandatario estatal, para con el mismo objetivo, haciendo eco de peticiones que productores del campo han hecho llegar, incluyendo una inversión de 67 millones de pesos para la tecnificación de 5 mil 350 hectáreas mediante sistemas de riego como hule de acolchado y cintilla, con la contribución del 25 por ciento por parte de los productores.
Ma. Teresa López y Jesús Badillo solicitaron incrementos a los recursos para la Coordinación Estatal de Protección Civil y para el Patrimonio de la Beneficencia Pública, respectivamente.
Al final de la sesión, Marco Vinicio Flores lamentó la reducción presupuestal del 11 por ciento para el estado, denunciando una disminución en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del Ramo 33, 80 millones de pesos menos para la Universidad Autónoma de Zacatecas y mil 350 millones de pesos en recortes a servicios de salud estatales.
Carlos Peña, Ana María Romo y Ma. Teresa López se unieron al señalamiento del emecista, quien también reprochó las proyecciones económicas del gobierno federal, calificándolas como irreales al estimar un crecimiento dos o tres veces mayor que el previsto por organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI y el Banco de México. Señaló que basar el gasto en estas cifras aumentará el déficit fiscal, en un preocupante 6 por ciento.
Turismo sustentable y penas en los delitos contra policías
La diputada Ana María Romo Fonseca propuso reformas a la Ley de Turismo del Estado para fomentar un modelo de turismo sustentable y social. La iniciativa busca establecer zonas de desarrollo turístico sustentable, aprovechando los recursos naturales y culturales del estado para generar empleo y dinamizar la economía.
Jaime Esquivel Hurtado presentó una iniciativa para incrementar las penas por delitos graves cometidos contra policías o sus familiares. En caso de homicidio, la propuesta contempla penas de hasta 40 años de prisión.
José Luis González Orozco planteó la necesidad de implementar campañas de concientización para prevenir los embarazos prematuros entre adolescentes. Zacatecas ocupa el octavo lugar nacional en esta problemática, lo que subraya la urgencia de reforzar la educación sexual y los programas de salud preventiva, señaló.
Una iniciativa para incluir la práctica de estafa emocional dentro del Código Penal fue leída por el diputado Saúl Cordero, quien subrayó la urgencia de proteger a los ciudadanos frente a las nuevas modalidades de fraude que han surgido en el entorno digital.
En el marco del 25N, Isadora Santivañez y Ana María Romo condenaron los hechos ocurridos en la marcha del 8 de marzo pasado, donde mujeres y niños fueron violentados. «Fue uno de los hechos más lamentables para las mujeres que hemos vivido en nuestro estado, un antes y un después en las marchas», afirmó la priísta celebrando que se esté trabajando en un protocolo para evitar actos de represión y garantizar la seguridad de las activistas.
En la sesión también se aprobó un exhorto al Ejecutivo estatal y a los Ayuntamientos para garantizar que los refugios temporales estén preparados ante el frío, se presentó la propuesta de representantes legislativos ante el Instituto Electoral del Estado (IEEZ), y se pidió dictaminar la reforma para elevar a rango constitucional el Principio de Parlamento Abierto, promovida por la diputada Maribel Galván en la Legislatura pasada.
Regidores de la primera minoría del Ayuntamiento de Mezquital del Oro, solicitaron se declare la nulidad del acuerdo de Cabildo, en la elección y designación del Titular del Órgano Interno de Control, llevada a cabo por la presidenta municipal y el resto del Cabildo, argumentando que dicho proceso fue indebido e ilegal.