Integrantes de diversos colectivos del Movimiento Feminista de Zacatecas hicieron un llamado al Poder Legislativo de Zacatecas para que, en lo inmediato, hagan las reformas necesarias al Código Penal en lo que respecta a la despenalización del aborto, pues, de no ser así, advirtieron, se está “a nada de que sea el Poder Judicial quien se lo mandate”, esto luego de que amparos interpuestos por dicho movimiento avanzan en sentido positivo.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa este domingo, cuando expusieron una cronología de los últimos hechos en torno a estas acciones, destacando que desde el 23 de marzo se presentaron dos demandas de amparo en las que se señalaron como autoridades responsables al Congreso del Estado de Zacatecas, por el incumplimiento a la obligación de adecuar la legislación del estado para respetar y garantizar el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo, y contra el Poder Ejecutivo del Estado, de quien se reclamó la promulgación del Código Penal el 17 de mayo de 1986.
La demanda de amparo, precisaron, planteó tres conceptos de violación: primero, que las normas impugnadas violan en perjuicio de las quejosas los derechos a la dignidad humana, igualdad y no discriminación, salud (física, mental y social), autonomía reproductiva, vida (vida digna, autonomía personal, libre desarrollo, vida privada) y derecho a decidir, con relación a su derecho a la interrupción legal del embarazo; segundo, que el contenido de la normativa impugnada materializa el incumplimiento a la obligación internacional de adecuar la legislación interna, que se traduce en la violación al principio de igualdad y acceso igualitario a servicios de salud; y tercero, la discriminación a las personas a las que se dirige la norma, pues violan el derecho a la igualdad y no discriminación, debido a que sólo criminalizan a las mujeres, esto es, se dirigen únicamente a un sector de la población a partir de dos categorías sospechosas: el sexo y el género.
El 27 de marzo, el Juzgado de Distrito ordenó acumular los juicios de amparo debido a que a las mismas autoridades se les estaban reclamando los mismos actos; después, el 14 de junio de 2023 tuvo verificativo la audiencia constitucional y el pasado 12 de septiembre se emitió la sentencia de amparo, concediéndose éste, sobre los artículos 60 Bis, fracción III, 310 y 311 del Código Penal para el Estado de Zacatecas que penalizan el aborto, al considerarse inconstitucionales.
Ante la sentencia, precisó la activista Emilia Pesci Martínez, el Poder Legislativo respondió al Juzgado que las promoventes no tenían personalidad, ya que no estaban gestando en este momento, no obstante, se resolvió que no es impedimento que cualquier mujer pueda promover el amparo, hecho que el Legislativo desestimó, nuevamente, porque se debió haberlo hecho 15 días antes de que se promulgara la ley, es decir, en 1986. “Pero el punto es que necesitamos que los juzgadores en lo local tomen en cuenta la sentencia de la Corte para mandatar al Legislativo que tiene una responsabilidad moral de adecuar las normas con los criterios internacionales en la materia”, dijo.
“Entonces el exhorto es a la Legislatura, porque nosotros ya presentamos este recurso de revisión, pero estamos a la espera, estamos seguras que se resolverá a nuestro favor, como ya se han resuelto otros amparos; estamos seguras que se tendrá que hacer la reforma al Código, sin embargo, creemos que el legislativo debiera hacer lo propio y no queremos que solamente pase sin señalar que el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas no está haciendo la parte que le corresponde cuando ya hay antecedentes en este sentido”.
Asimismo, señalaron que no han tenido acercamiento con el diputado local, José Xerardo Ramírez Muñoz, quien el pasado 27 de septiembre propuso una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del estado y de la Ley de Educación en materia de interrupción legal del embarazo y, por el contrario, recordaron que cuando se votó en comisiones la iniciativa ciudadana, el mismo diputado no votó, argumentando que había perdido la conexión en su presencia digital en la sesión.
“No hemos tenido ningún acercamiento con él y sobre su iniciativa sobre la reforma al Código Penal, que, a diferencia de la iniciativa ciudadana, ésta buscaba no sólo reformar el Código Penal para el delito de aborto, sino que reformaba la Ley de Salud para garantizar el acceso seguro y, en tercer lugar, reformaba la Ley de Educación para garantizar la educación sexual científica en las escuelas”.
Finalmente, Pesci Martínez explicó que, con la última resolución de la Corte y con el proceso de estos amparos, si una mujer o persona gestante en Zacatecas desea interrumpir el embarazo bastaría con que acuda a las instituciones de salud federales y no se le niegue el servicio. Incluso, dijo, ya hay varios médicos y médicas de los Servicios de Salud de Zacatecas que están en la disposición de realizar estos procedimientos sabiendo que no se les puede criminalizar.
Sin embargo, a pesar de que el panorama pudiera parecer resuelto en lo nacional, en el amparo se señala que la norma sigue siendo discriminatoria y estigmatizante en Zacatecas porque habla de “la buena fama” de las mujeres y de nacimientos legítimos e ilegítimos, lo que obstaculiza que mujeres tengan acceso a la información porque sigue existiendo este lenguaje que estigmatiza a la práctica.
