La seguridad pública se ha convertido en nuestro más grande dilema nacional, y a su vez, en el más urgente problema a resolver. Lo segundo es consecuencia evidente de que no logramos acertar en la estrategia que nos permita superar décadas de ausencia en el desarrollo institucional, y lo primero, justo, la causa: no logramos conciliar por dónde empezar. El tema es que hemos venido pateando el bote hasta que se atiborró de arena y ahora cada que lo pateamos es más pesado y nos lastima más. En este punto nos encontramos justo ahora con una reforma legal a todas luces inconstitucional y frente a una propuesta de reforma constitucional, en un transitorio, entrampado en la pugna política, derivada de una sucesión adelantada, que complica, bajo la lógica de la lucha por el poder, la construcción de consensos.
Es en este contexto que se ha desarrollado el debate en el Congreso de la Unión, ya en ambas Cámaras que lo conforman (la de los Diputados y la de los Senadores), respecto a la modificación, del ya famoso, quinto transitorio del Decreto con relación a la Guardia Nacional, cuya aprobación ya se dio en la conocida como la Cámara Baja y se entrampó la semana pasada en la Cámara Alta.
No hay muchas opciones, siendo realistas, sin embargo, lo que sí no debe hacerse es caer en ese vicio de la vida pública que es el simplismo. Si bien es cierto que en las circunstancias actuales sería una irresponsabilidad no conceder una prórroga al plazo para que el presidente de la República pueda acudir a las fuerzas armadas para atender el preocupante asunto de la inseguridad, sería aún más irresponsable, aprobar, sin cambiar una sola coma, dicha propuesta. La alternativa que viene ganando fuerza, ya no solo en la oposición, sino incluso en la coalición gobernante en el Senado de la República, es construir un acuerdo a partir del cual no solo se reforme y se amplíe el plazo establecido originalmente (que termina en marzo de 2024), sino establecer, en el mismo transitorio u otro, el mecanismo de evaluación, seguimiento e incluso incidencia ciudadana, para garantizar que el tiempo transcurrido en este nuevo periodo no será un despropósito más, sino el tiempo suficiente para construir una estrategia de Estado en materia de seguridad, que contemple no sólo el fortalecimiento del cuerpo de seguridad a cargo del gobierno federal, sino que, en la distribución de competencias, se fortalezcan las instituciones correspondientes en el ámbito local, desde lo subnacional hasta lo municipal. La tarea no es sencilla, sin embargo, la vida pública hoy, como la democracia, se caracteriza por su complejidad, por lo que la simplicidad no solo se viste de insuficiencia, sino también de irresponsabilidad mayúscula.
Por ello mismo, una consulta popular, en los términos que establece la Constitución (que además no permite ese mecanismo en materia de seguridad), no es tampoco una vía para atender la complejidad que significa un debate como éste. Esto, sin embargo, no significa que no se pueda construir un instrumento de incidencia ciudadana y social, a través de un ejercicio pleno de deliberación democrática en clave gobernanza. Es decir, con transparencia, información confiable, propuestas serias y técnicamente viables, así como con apertura institucional para la colaboración, corresponsabilidad y participación ciudadana.
No es con fórmulas fáciles ni con los ingredientes a la mano, que lograremos dar con la receta que nos detenga en la vorágine de crisis de civilidad en la que nos encontramos, sino con una visión de Estado, que ya no se puede construir exclusivamente desde las instituciones, sino desde la apertura, la incidencia y participación ciudadana, con todos los elementos, conocimientos y experiencias para lograr el objetivo.
Este elemento puede ser parte de la estrategia de reforma al ya multicitado quinto transitorio.
@CarlosETorres_
