Uno pensaría que debajo de la pólvora estruendosa que rodea a la Reforma Judicial habría el encuentro de dos visiones de lo político y lo jurídico irreconciliables.
No es así, la propuesta que se debate en el Congreso no da para tanto, no modifica en lo sustancial las formas de interpretación, ni cambia en el fondo las facultades de los afectados.
Estamos lejos de eso porque estamos en un punto más básico, la posibilidad siquiera de tocar con el pétalo de una reforma al poder Judicial.
No es que el asunto sea muy novedoso, ya Ernesto Zedillo había reducido a menos de la mitad el número de Ministros de la Suprema Corte. Eran otros tiempos dirán algunos, y con razón, porque con los años se fue mudando ese manto de infalibilidad con el que se asumía al poder presidencial hasta el siglo pasado, para establecerse en el poder judicial.
El blindaje de la investidura presidencial ya demostró su permeabilidad con el trato y tratamiento que se le ha dado a los titulares del ejecutivo de Vicente Fox a la fecha, sin embargo, pasó a ser el vestido común de los ministros de la corte quienes tenían a su favor un anonimato informal, porque a pesar de la importancia de su cargo y sus funciones, sus nombres eran desconocidos para la mayoría de los ciudadanos, y por supuesto aún más desconocidos eran sus privilegios.
Apenas ahora sabemos que tienen comedor, apoyo para lentes, gasolina, gastos funerarios, teléfono celular, medicamentos etcétera.
También ahora apenas nos enteramos que su remuneración es 51 veces el salario mínimo, muy por encima de lo que ocurre en Estados Unidos en la misma comparación que es solo 15 veces, Canadá 10 veces, o Reino Unido, nueve.
Aunque hace casi hace una década el zacatecano Felipe Borrego Estrada realizó un estudio que permite conocer el nepotismo en el poder judicial, es hasta ahora que éste se está difundiendo.
Apenas estamos sabiendo de esto, pero no discutiéndolo. En semanas anteriores estuvo presente en Zacatecas la ministra Lenia Batres Guadarrama y su exposición crítica a la Suprema Corte fue interrumpida en múltiples ocasiones con gritos vacíos sin más argumentos que los “bu” y los “burra”.
Luego, la participación de un representante del poder judicial local no hizo más que reafirmar la desigualdad argumentando que la realidad del tribunal local era distinta. En el fondo solo se confirmó la exposición de la ministra que había centrado sus baterías en los privilegios del poder judicial federal y había mencionado que encontraba a lo largo y ancho del país como principal argumento contra la reforma la soberbia meritocrática de quienes se asumían dueños del cargo por merecerlos.
No es condición del oficio, ahora lo sabemos, porque en Estados Unidos en al menos 43 estados se elige por voto popular a los jueces locales y en 20 de ellos también los tribunales supremos; en 19 estados participan los partidos y en 21 lo tienen prohibido; incluso 98% de los fiscales son electos también (disponible en https://elpais.com/mexico/opinion/2024-08-24/lo-que-sheinbaum-callo-sobre-los-jueces-de-estados-unidos.html)
Comparar lo que se hace bien y lo que se hace mal en otros países, nuestras similitudes y diferencias abonarían a pulir una reforma que en su paso por el legislativo ha sufrido ya más de cien modificaciones, lo cual da muestras de disposición. Pero lejos de ello, el debate público se baña de desinformación como la de que bastará la popularidad para ser juez, o qué se afectará a los trabajadores del poder judicial.
Poco se ha analizado lo sustantivo: que se elegirán ministraturas de la Suprema Corte de Justicia, y magistraturas del Tribunal Electoral de una bolsa de candidaturas planteadas por los tres poderes en las que habrá solo personas que cumplan con los principios de elegibilidad que la ley ya establece. En el caso de las personas juzgadoras se establecen además comités y sistemas de evaluación.
Como cada cambio, habrá una curva de aprendizaje, errores, matices, cosas que estarían mejor en la versión anterior etcétera, y seguramente tardarán en verse las ventajas de estas modificaciones si es que las hay. Lo mismo sucedió cuando se establecieron otros cambios, cuando las procuradurías pasaron a fiscalías, se establecieron los exámenes de control y confianza en las policías o se creo el sistema de justicia penal adversarial, o se establecieron los mecanismos alternativos de justicia.
Faltaba un eslabón de la cadena por tocar, y hacerlo tendría que implicar un análisis técnico del que estamos muy lejos de presenciar. Ojalá el debate legislativo sea de más altura que el mediático para que pase lo que pase sea claro para la ciudadanía de a pie, saber qué esperar o qué temer.
