El alcance del sistema educativo en el combate al trabajo infantil es limitado. Dice el INEE que “las causas más importantes del trabajo infantil se encuentran fuera de la esfera de la educación y deben ser atendidas mediante políticas graduales e integrales en las que participen de manera articulada los sectores económico, laboral y social.”
La problemática es más amplia. El INEE lo dice muy bien en su informe: el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”
Es un hecho que, al cancelar las posibilidades de educación, el trabajo infantil contribuye a la reproducción de la pobreza. La OIT señala que los adultos que fueron niños trabajadores y carecieron de educación normalmente acceden a trabajos mal remunerados y padecen inseguridad laboral o desempleo, lo que hace “más probable que sus propios hijos caigan también en una situación de trabajo infantil. Romper este círculo vicioso resulta un desafío a nivel mundial y para ello la educación desempeña un papel clave.”
No es gratuito que el 61.1% de los jefes(as) de hogares con población infantil ocupada no tenga educación básica completa (rezago educativo). En el caso de los jefes(as) de familia que no tienen trabajo, 78.1% no cuenta con educación básica completa, en tanto que cuando están empleados la proporción es de 58.9%.
Hacer efectivo el constitucionalismo de los derechos
Por todo esto el trabajo infantil representa el tipo de problemas que debe ser abordado por los sistemas nacional y estatales de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular por los sistemas de protección especial, que tendrían que surgir de la armonización legislativa de las leyes locales de infancia en las entidades y el DF, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a más tardar el 3 de junio próximo.
Ante el panorama dibujado anteriormente de poco sirve, por ejemplo, lo que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del “Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, un reconocimiento a la buena voluntad de las empresas para resolver el problema, y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes, de la que poco se sabe qué hace realmente. Si revisamos el PEF 2015 encontraremos que no existen recursos destinados a la erradicación del trabajo infantil, fuera de acciones como ese premio a la buena voluntad de los empresarios agrícolas.
Lo que necesitamos, de acuerdo con el INEE, es que las políticas se orienten “a la vez a prevenir y a suprimir el trabajo infantil; deben atender las causas y no solamente sus efectos. Es necesario que el Estado se proponga esto y desde ahora se vayan tomando las medidas necesarias para hacerlo posible en un futuro.”
Estamos frente a la excelente oportunidad de reorganizar los programas que deben coordinarse en esos sistemas que propone la ley general y de poner en el escenario lo recursos que se requieren para enfrentar con seriedad el problema.
Sin embargo, la nueva ley general no cuenta con recursos para operar. Hasta el momento el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus réplicas en los estados, no tienen cómo arrancar. La nueva Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fundamental para garantizar protección especial, parece significar sólo un cambio de nombre, como en Zacatecas, porque en el PEF se tienen etiquetados recursos para las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, es decir, para hacer lo mismo de siempre, como se puede ver en las de reglas de operación vigentes.
Recuérdese que el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, del SNDIF, en 2012 apenas entregó 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores en las 28 entidades federativas donde opera, un promedio de $384 mil pesos por estado de la república.
No aceptamos que se mantenga esa desproporción entre el “remedio” y la “enfermedad”. El cambio debe venir de leyes locales y recursos suficientes que aseguren sistemas estatales de protección especial, para efectivamente garantizar que todos y todas puedan desarrollar su máximo potencial.
Zacatecas está entre los seis estados con mayor proporción de trabajo infantil y Veracruz se ubica entre los diez con mayores tasas de ocupados que trabajan 35 horas o más a la semana. Requerimos un enorme esfuerzo en estos estados, que ocupan las posiciones 24 y 26, respectivamente, en la garantía del Derecho a la Protección, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia.
Educación de calidad, un derecho clave para ejercer otros derechos, es el mejor antídoto contra el trabajo infantil. Recíprocamente, para abatir la desigualdad educativa, se requiere el impulso del ejercicio de nuestras libertades políticas y de las reformas sociales que necesitamos. La garantía y el ejercicio de los derechos es lo que sacará a México adelante.
Recordemos que para los niños, niñas y adolescentes, como para sus familias, también aplica el “constitucionalismo de los derechos”. Como dicen Salazar y Carbonell, “cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas; entonces el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica. En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados tanto por las autoridades como por los particulares, la realidad será autoritaria, inequitativa, opresora.”
Eso es. Como hombres y mujeres libres, estamos en el momento de construir las políticas públicas y los mecanismos de garantía que conviertan los derechos en una realidad. De otra forma sólo estaremos sumando más palabras a las muchas que ya existen, y no tienen efecto práctico en la vida de los ciudadanos, en nuestras leyes. La agenda de los niños y niñas que trabajan exige efectividad en la garantía de sus derechos, como el derecho a la educación, no “rollo”.■
