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jueves, 28 marzo, 2024
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Solicita Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 13 mdp para 2016

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Por: ALMA RÍOS •

■ Prevén dar cumplimiento a Ley General de Derechos de estos sectores y la nueva ley estatal

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■ Recursos se destinarán para contratar a quienes serán subprocuradores de Protección a este rubro

Para dar cumplimiento a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y asimismo a la nueva ley estatal en la materia ya armonizada con la primera, ambas que entraron en vigor el presente año, y que precisó Isabel Crowley, representante de Unicef en México en su visita a Zacatecas del pasado mes de octubre, requieren recursos suficientes para que “no se queden en papel”, ya se ha propuesto para la Procuraduría que deriva de su implementación, un presupuesto para 2016 de alrededor de 13 millones de pesos, y para el caso de sistema de protección integral de este sector, “ya se está haciendo una propuesta por parte de la Secretaría General de Gobierno y ahorita estamos en trámites para ver qué es lo que determinan nuestros diputados”, dijo Lorena Lamas Arroyo.

La procuradora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes informó que estos recursos que se dirigirán a la dependencia que encabeza, se utilizarán en un primer momento para la contratación de personal que representará la figura legal de Subprocuradores de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, mismos que por ley deben adscribirse a los 18 distritos judiciales existentes en el estado, y que tienen como funciones la coordinación con los delegados que dependen directamente de las presidencias municipales.

También derivado de las modificaciones a las leyes que buscan proteger a niñas, niños y adolescentes en el estado, se ordena que los menores, a quienes ya no se les considera como población vulnerable sino sujetos de derecho pleno, sean representados en todos los casos dentro de los juzgados familiares, civiles e incluso penales, por un tutor.

La Procuraduría en la materia tendrá asimismo como nueva facultad, la de “desarrollar medidas de protección”

en su favor y asimismo, la de multar la omisión en este sentido que tengan otras autoridades.

Lamas Arroyo precisó sobre el estado de cosas actual respecto al maltrato infantil, que no existen estadísticas reales del problema, pues la institución a su cargo conoce sólo las que se le reportan por querella.

En ese sentido la próxima implementación de un sistema integral estatal para la protección de las niñas, niños y adolescentes que dependerá de la Secretaría General de Gobierno y será presidida por ley por el primer mandatario estatal, tendrá entre sus funciones, las de generar medidas para obtener estadísticas precisas, y crear derivado de ellas, políticas públicas de atención y protección a la infancia de Zacatecas.

El límite para su creación es el próximo 28 de diciembre, precisó, al momento de señalar asimismo que luego de que se sumara la procuraduría que dirige a una campaña nacional contra el maltrato infantil, se elevó el número de reportes, mismo que pasó de un promedio de 45 casos por mes, hasta los 85.

De estos aunque no todos proceden sí se les da seguimiento en su totalidad, “para verificar las condiciones en que se encuentra el niño y proceder en caso de que corra riesgo”.

Al respecto de esto último, informó que son 10 los casos por mes, que terminan en denuncias penales que inicia la propia Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes contra los agresores, pues ya no procede en su circunstancia, “terapia psicológica”.

En los casos en que no es posible la reinserción del menor a su familia, se les deriva para su atención a las casas asistenciales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a otras privadas, donde se resuelve su situación legal.

También sobre otro tema de violación a los derechos humanos de los niños, la explotación infantil, informó que a través de operativos del Instituto Nacional de Migración se detectaron dos autobuses que respectivamente transportaban, 45 y 32 menores de edad, que en el segundo caso se verificó que no viajaban con sus familiares, por lo que fueron canalizados a Oaxaca, su lugar de origen, a través de un convenio que tienen las procuradurías en esta materia.

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