La Secretaría de la Función Pública (SFP) no puede iniciar una investigación de oficio en contra del secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, por el presunto delito de soborno y malversación de recursos públicos, pues se le acusa de haber pagado 100 mil pesos a algunos diputados para que aprobaran el Presupuesto de Egresos 2013.
El titular de la dependencia, Guillermo Huizar Carranza, dijo en entrevista que la ley no le permite iniciar una investigación de oficio a algún funcionario público de Gobierno estatal; es decir, debe haber una denuncia de por medio para actuar.
El secretario además dijo no tener algún elemento de donde “colgarse”, salvo un video que aseguró, no había tenido oportunidad de escucharlo. De modo que requiere de una queja ciudadana para que la dependencia a su cargo pueda iniciar una investigación.
Recordó que la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos da atribuciones a la SFP para actuar sólo mediante una queja; “estamos dispuestos a hacerlo en caso de que medie la denuncia, de otra suerte no tengo ninguna atribución para hacerlo”.
El funcionario recordó que la ley anterior sí permitía iniciar investigaciones de oficio y cuando se reformó se pugnó porque la SFP siguiera con la atribución de oficio; “fue el gran debate que se dio, pero finalmente no lo quisieron así los señores diputados”.
Así, el secretario invitó a los interesados en la presunta corrupción del secretario general de Gobierno a que hagan una denuncia, “invito a los ciudadanos a que hagan sus quejas en cualquier caso que localicen actitudes que puedan estar al margen de la ley, no sólo en este caso en particular sino en todos”.
Respecto de los diputados, evidentemente refirió que ese es un tema que compete estrictamente a la Auditoría Superior del Estado (ASE), autoridad competente para fiscalizar el uso del recurso público al interior del Congreso.
