Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, derogó ayer el estado de excepción en las seis provincias donde se han registrado protestas indígenas contra su gobierno desde hace ya 13 días, horas después de que funcionarios de su gobierno hablaron en un primer acercamiento con el líder indígena Leonidas Iza, en momentos en que la Asamblea Nacional avanzó en una sesión maratónica en la que se debate la posible destitución del mandatario.
Mediante el decreto ejecutivo 461, firmado por Lasso y difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se dispuso la terminación del estado de excepción que ordenó días después del inicio de las protestas ante la “grave conmoción interna” en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde se han acentuado las movilizaciones de los grupos indígenas.
“El gobierno nacional ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz, en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades”, se informó en un comunicado.
La Asamblea Nacional inició una sesión extraordinaria para tratar, a pedido de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), la destitución de Lasso, quien antier denunció un intento de golpe de Estado en su contra supuestamente impulsado por Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Antes de abrir el debate virtual entre los legisladores, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, informó al pleno sobre la eventual conformación de una comisión que viabilice el diálogo entre el gobierno y la mayor organización indígena del país y ponga fin a un paro nacional que cumple su decimotercer día.
La reunión se llevó a cabo en la iglesia Basílica del Voto Nacional, ubicada en el casco colonial de Quito, a la que acudió Iza acompañado por otros dirigentes indígenas, así como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el canciller, Juan Carlos Holguín, y otros funcionarios del régimen, informó Saquicela en declaraciones a la prensa.
“No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la Conaie… de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo”, aseguró Saquicela, y ratificó que “de parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente”.
El titular del Legislativo indicó que se trata de “un avance”, pues “hemos pedido que se bajen las tensiones, que se bajen los enfrentamientos mientras se da este diálogo y se encuentra una solución”.
Amanda Yépez, del colectivo Geografía Crítica, alertó que hay “agresiones graves del Estado” contra los manifestantes, registradas el pasado día 14, mientras Viviana Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos, informó que “existen 68 incidentes de violación de derechos humanos: 123 detenciones, 166 personas heridas y cinco fallecidas, en el contexto de la represión”.
El mandatario no compareció
Lasso fue convocado para presentar su defensa, pero no asistió. En su lugar acudió Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, quien leyó una carta a nombre del mandatario en la que afirmó: “no hay pruebas del incumplimiento del programa ofrecido en campaña y su nexo con la crisis política y conmoción interna”, como acusó la Unes.
Sin embargo, reconoció “que el país actualmente enfrenta problemas que deben ser solventados”.
Al iniciarse el debate entre legisladores, Patricia Núñez, de la Unes, firmó la carta para iniciar el proceso de “muerte cruzada”, mecanismo en el que se destituye a la presidencia y se disuelve la Asamblea Nacional. Al recordar a las víctimas del paro nacional, aseguró que hay un uso excesivo de la fuerza en las protestas.
Marlon Cadena, jefe de la bancada de Izquierda Democrática, rechazó el vandalismo y la represión que han marcado el paro, negó compromisos con el gobierno, pero enfatizó que no respaldarán la destitución del presidente.
Por parte del Partido Social Cristiano, el congresista Esteban Torres se congratuló del diálogo iniciado entre el gobierno y la Conaie e indicó que su partido no votará la destitución del mandatario porque eso no resuelve los problemas estructurales del país.
Hasta el cierre de esta edición sólo habían intervenido 15 asambleístas de 135.
Luego del debate, la Asamblea Nacional tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 legisladores.
De ser aprobada, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero el mando del gobierno, y el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de siete días, convocaría a elecciones presidenciales y legislativas.
Corredores humanitarios
En la mañana, Iza indicó en la Universidad Central que abrirán vías como “corredores humanitarios” para permitir el ingreso de alimentos a Quito y reiteró que el paro continúa.
“No venimos a dejar regando la sangre de los hermanos aquí, venimos con una propuesta”, agregó Iza en la concentración de manifestantes, a quienes señaló que sólo cuando haya sido contestada, concluirá el paro.
Entre los 10 puntos que reclama la organización constan la reducción de los precios de los combustibles y subsidios a campesinos.
El dirigente dijo que no llegaron a la capital a cometer “vandalismo” y pidió pacificar el país para no enfrentarse entre hermanos; sin embargo, calificó como un “ataque brutal de violencia” el operativo con el que fueron desalojados el viernes de la Casa de la Cultura donde celebraban una asamblea popular y a la cual dijo retornarían para efectuar una minga y limpiarla, al igual que en los lugares donde son acogidos.
En las inmediaciones del parque El Arbolito, la tarde de ayer manifestantes se expresaron en medio de danzas, bailes y silbidos. Un importante contingente militar y policial permanece en el lugar, sin que hasta el momento haya habido enfrentamientos.
En la mañana cientos de mujeres organizaron un ritual en el norte de la capital y luego marcharon contra el gobierno. Algunas indígenas iban con los ojos pintados con franjas rojas y portaban plantas medicinales.
“Toda la canasta básica está muy cara y nuestros productos del campo (…) no valen nada”, declaró Miguel Taday, un productor de papa de la sureña Chimborazo, a unos 200 kilómetros de Quito.
La Conaie participó en revueltas sociales que derrocaron a los presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). En 2019 encabezó más de una semana de protestas contra el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), que dejaron 11 muertos.
Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis política. El gobierno asegura que reducir los precios del combustible costaría al Estado más de mil millones de dólares al año en subsidios.
Las últimas dos noches Quito ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes con bombas molotov, cohetes pirotécnicos, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
La rebelión indígena deja seis civiles muertos y un centenar de heridos en 13 días, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Las autoridades registraron más de 180 lesionados entre militares y policías y prometieron reprimir más enérgicamente las manifestaciones.
