En la sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura de este 25 de mayo, el diputado local por Morena, Ernesto González Romo, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas a fin de ampliar el marco normativo para establecer las facultades de diputadas y diputados en materia de gestión institucional, y una segunda iniciativa para crear la propia Ley de Gestión Institucional del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, sin que los legisladores toquen el recurso.
“Como representantes populares, las y los diputados tenemos entre nuestras facultades la importante labor de interlocución y gestoría en apoyo de los ciudadanos para coadyuvar a solventar sus apremiantes necesidades. Para la orientación e información respecto de las gestiones para su acceso de los programas y beneficios sociales, las y los legisladores podemos establecer procedimientos para ser un puente entre los ciudadanos y las dependencias del Ejecutivo del estado, atendiendo puntualmente los asuntos prioritarios de los sectores más desprotegidos y observando siempre los principios de racionalidad y eficacia administrativa”, expuso el legislador.
Con esto se buscaría también erradicar la exclusión social en su acceso y aprovechamiento, por lo que la primera propuesta legislativa de modificación de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, plantea la ampliación del marco normativo para poder establecer una normatividad completa y sólida en la que se reglamenten el conjunto de acciones en materia de gestión institucional del Poder Legislativo ante el Ejecutivo estatal en beneficio de la ciudadanía.
“Cabe señalar que al día de hoy, no existe en la normatividad del Congreso del estado, ordenamiento alguno que regule nuestra labor de gestión institucional; por tanto, no existen procedimientos que configuren un vínculo sólido en la labor de intermediación de los legisladores frente a la Administración Pública estatal”.
Esta iniciativa del morenista se sustenta legalmente en los artículos 65 y 66 de la Constitución local, cuando señalan que las facultades y obligaciones de la Legislatura destaca la de: “expedir las normas que regulen el proceso de planeación del desarrollo en el Estado y la participación de los sectores social y privado en la ejecución de acciones y programas”. Mientras que el artículo 66, establece que el diputado debe “Velar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas del estado y fungir como gestores de las demandas y peticiones de los habitantes de la entidad”.
“La gestión institucional de la Legislatura debe realizarse teniendo como base el respeto a la división de poderes que nuestra Constitución Política consagra, además de armonizarla con la gestión del Poder Ejecutivo estatal y federal, así como con instituciones y organismos de la sociedad civil. De tal modo que -en el corto y mediano plazo- el trabajo de gestión institucional de esta Soberanía Popular buscará la coincidencia con los ejes estratégicos y principios rectores que comprenden el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024”, dijo.
A decir de González Romo, hoy en día resulta urgente fortalecer las relaciones institucionales de la Legislatura con la Administración Pública del estado y, con ello, la operatividad y eficacia de los programas gubernamentales para beneficio de los ciudadanos, principalmente de los grupos en situación de vulnerabilidad y las personas que padecen un alto grado de rezago social.
Por tanto, esta propuesta permitirá, en la esfera reglamentaria, establecer una serie de obligaciones de las dependencias de la Administración Pública del estado para cumplir con una respuesta puntual y expedita a las solicitudes de gestión institucional que realicen las diputadas y diputados, tales como: enviar, anualmente, un catálogo de programas, servicios y trámites que se realicen en las dependencias que hayan recibido una solicitud por parte de la Legislatura del estado, en el que se especifiquen los requisitos y trámites necesarios para que los ciudadanos puedan acceder a estos beneficios. En caso de no hacerlo, las dependencias podrán ser acreedoras a una sanción.
La reforma al artículo 66 que se pretende, permitirá dotar de sustento constitucional a la legislación, a fin de establecer toda una serie de facultades de las diputadas y los diputados para que puedan realizar gestiones ante las diferentes dependencias de la Administración Pública estatal, a favor de las ciudadanas y ciudadanos que soliciten nuestra intermediación, así como ciertas obligaciones de respuesta a estas gestiones por parte de dichas dependencias.
En tanto, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Gestión Institucional del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas busca, en la esfera reglamentaria, establecer una serie de obligaciones de las dependencias de la Administración Pública del Estado y de los Municipios para cumplir con una respuesta puntual y expedita a las solicitudes de gestión institucional que realicen diputadas y diputados, sin que éstos toquen o tengan acceso al dinero público pero que sí vigilen que esos apoyos sean entregados.
