En el marco de actividades académicas de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), el maestro Juan Miguel Juárez Caldera, juez de control del distrito judicial de Sombrerete, impartió la conferencia magistral “El Poder Judicial y su importancia en la Gestión Pública”, en la que expuso el papel fundamental de este poder en el equilibrio del Estado, la defensa de los derechos humanos y la resolución de conflictos sociales, así como los retos estructurales que enfrenta en la entidad.
Durante su intervención, el ponente subrayó que el Poder Judicial, aunque frecuentemente percibido como el “patito feo” de los tres poderes, es en realidad un pilar indispensable para el funcionamiento del Estado, al encargarse de interpretar la ley y garantizar el orden jurídico. “Cuando la gente tiene problemas, lamentablemente hasta el final van con nosotros… y a nosotros nos toca limpiar…”, expresó, al referirse a la función de resolver controversias tanto entre particulares como entre estos y el Estado.
El juez explicó que, a diferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Judicial no administra directamente recursos públicos ni ejecuta programas sociales, lo que ha contribuido a una percepción limitada sobre su relevancia en la gestión pública. Sin embargo, enfatizó que su verdadero poder radica en el control constitucional y en la capacidad de revisar que las leyes y actos de autoridad respeten los derechos humanos. “Ese uno por ciento del presupuesto tiene la capacidad de decidir si el otro 99 por ciento es equitativo y proporcional”, señaló.
En este sentido, Juárez Caldera detalló que el Poder Judicial representa menos del uno por ciento del presupuesto federal y en Zacatecas no alcanza ni el 2 por ciento del presupuesto estatal, lo que limita su capacidad operativa. Indicó que el Poder Judicial del estado ejerce alrededor de 722 millones de pesos anuales, recursos que en su mayoría se destinan al pago de salarios, dejando escaso margen para infraestructura, tecnología o ampliación de personal.
A pesar de estas limitaciones, destacó que Zacatecas se posiciona como el tercer estado mejor calificado a nivel nacional en materia judicial, lo que atribuyó al esfuerzo del personal y a la vocación de servicio. No obstante, advirtió que la carga de trabajo es elevada y que las condiciones no son las ideales para una impartición de justicia más eficiente.
El juez explicó que, en promedio, cada juzgador maneja alrededor de 700 a 750 asuntos, de los cuales solo una parte logra resolverse anualmente debido a la constante llegada de nuevos casos. “Me llegan 700 asuntos y al año saco 300… pero me siguen llegando otros 700”, ejemplificó, al comparar la dinámica con una carga de trabajo que nunca disminuye.
Asimismo, resaltó que el sistema judicial enfrenta carencias importantes en infraestructura y recursos humanos. En algunos casos, un solo juzgado puede concentrar múltiples jueces y personal limitado, lo que incrementa la presión operativa. A ello se suma la falta de espacios adecuados para audiencias y la dependencia de otras instancias gubernamentales para la construcción de instalaciones.
En cuanto a la naturaleza de los asuntos que atiende el Poder Judicial en el ámbito local, Juárez Caldera señaló que la mayoría de los casos corresponden a conflictos familiares, como divorcios, pensiones alimenticias y violencia intrafamiliar. Indicó que estos problemas están estrechamente vinculados con fenómenos sociales como el consumo de drogas y la salud mental, aunque precisó que no se presentan de manera aislada, sino como parte de contextos complejos.
“El problema no es solo jurídico, es social… vemos reflejada la realidad del estado en cada expediente”, sostuvo, al enfatizar la necesidad de políticas públicas integrales que atiendan las causas de fondo y no solo las consecuencias legales.
Durante la conferencia, el juez también abordó la importancia de la división de poderes, retomando los principios del Barón de Montesquieu, y explicó cómo el Poder Judicial actúa como contrapeso frente a posibles excesos del Ejecutivo y del Legislativo. “Cuando los otros poderes realizan actos contrarios a los derechos humanos, es aquí donde entramos nosotros”, afirmó.
En otro momento, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la autonomía judicial, particularmente a partir de reformas recientes que modifican la forma de designación de jueces y la estructura administrativa del Poder Judicial. Señaló que la elección por voto popular podría debilitar la profesionalización del sistema. “Nuestro trabajo es técnico… requiere conocimientos básicos de derecho y una preparación seria”, puntualizó.
El magistrado también compartió su experiencia personal, destacando que ha dedicado más de dos décadas a su formación jurídica y que ha elaborado más de tres mil sentencias a lo largo de su carrera. “Me preparé durante dieciocho años para ser juez”, afirmó, al contrastar su trayectoria con los nuevos esquemas de selección que podrían no garantizar el mismo nivel de preparación.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer el sistema judicial mediante una mejor distribución del gasto público, mayor inversión en infraestructura y la incorporación de herramientas tecnológicas, como la digitalización de procesos y el uso de inteligencia artificial. Asimismo, destacó la necesidad de dignificar la labor judicial y reconocer su impacto en la vida cotidiana de la población.
“Este país necesita trabajo y hay que ponernos a estudiar y a trabajar”, concluyó, ante estudiantes y docentes que participaron en el evento académico.
La conferencia concluyó con un espacio de diálogo en el que se abordaron temas como la inseguridad, la violencia intrafamiliar y la necesidad de diseñar políticas públicas más eficientes, reafirmando el papel del Poder Judicial como un actor clave en la construcción de un Estado de derecho sólido.
