Reforma eléctrica, TMEC y Lawfare

El próximo día 2 de octubre habrá elecciones presidenciales en Brasil, y ya está configurado el escenario principal con una competencia entre dos: la relección del actual presidente Jair Bolsonaro, o el regreso de Inacio “Lula” da Silva, quien encabeza por amplio margen las encuestas más recientes. No debe caber ninguna duda de que los estrategas de la derecha más radical y antidemocrática deben estar muy ocupados diseñando nuevos procedimientos para detener a la izquierda latinoamericana que está resultando imparable en los procesos electorales como lo muestran los recientes resultados en dos países claves: Chile y Colombia. El regreso de Lula en Brasil significaría un golpe definitivo al método de Lawfare (Golpe de estado judicial), un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a Derecho, soportado por los grandes medios de comunicación y por los jueces, utilizado para socavar el poder y la imagen de los líderes de la izquierda en Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, entre ellos el desafuero y el fraude contra AMLO en México 2006.
Desde 2018 en México el mecanismo se ha utilizado mediante las peores empresas mediáticas, periodistas y jueces corruptos, buscando la destrucción de la reputación de AMLO y de Morena, creando narrativas que aparenten ser verdad, la llamada posverdad, para esconder que en realidad no buscan confirmar si algo es verdad o no, sino que lo que buscan es reafirmar odios y, en su momento, construir un caso judicial y/o político con amplio apoyo medíatico. También han recurrido con frecuencia a difundir predicciones catstróficas como resultado de las políticas de AMLO en los ámbitos de la economía, salud, relaciones internacionales, medio ambiente y otras, siempre apelando al apoyo mediatico, de algunos jueces defensores a ultranza de los principios neoliberales, y hasta de empresarios y políticos de distintos países. La construcción del tren maya se utiliza para crear la idea de que a la 4ª T no le importa la lucha contra el calentamiento global y defender el ambiente. En los días recientes, están desplegando una campaña feróz por la defensa de AMLO a su política de recuperación de la soberanía energética, acusándolo de poner en riesgo el TMEC y el conjunto de las relaciones con EU. Sin embargo, es muy probable que esta narrativa perversa tenga el mismo destino que la que inventaron sobre la política petrolera y la supuesta obsolesencia de las refinerias.
Sobre la supuesta violación del TMEC, el gobierno mexicano ya prepara la argumentación que presentará durante las pláticas de avenimiento que pronto iniciarán a solicitud de EU y Canadá. Se reiterará que en el T-MEC México se reservó el derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna en materia de energía y por tal razón este sector estratégico quedó fuera del tratado trilateral, es decir, la Reforma Energética del presidente López Obrador no está constreñida o limitada por las reglas del acuerdo comercial, lo que se deduce del texto inserto en el capítulo 8 del T-MEC, aplicando el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual indica que los tratados deben interpretarse de buena fe, atendiendo al texto y al contexto. En este sentido, dijo, operó la figura jurídica llamada reserva y por ello el Estado Mexicano sacó el tema energético del tratado.
En apoyo de esa conclusión categórica, citó la declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la cual dijo que “el Estado mexicano mantiene la soberanía sobre el sector energético” y cuando se aprobó el T-MEC se estableció que el tema energético no quedó incluido en el acuerdo. También insistirán en que no se viola ninguno de los tres estándares o principios relevantes: nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato. En el T-MEC se explica claramente que las acciones regulatorias no discriminatorias no constituyen expropiaciones indirectas, y se explicó que de acuerdo con el capítulo 14.5 del mismo tratado, la iniciativa de reforma no tiene tales efectos ni favorece inversiones de un país en particular.
También recordarán a los empresarios quejosos que en la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo, la generación de energía eléctrica, por parte del sector privado, continuará garantizada en un 46%, permitiendo la libre competencia entre todos los participantes, sin distinción. Como dice la Lic. Almudena Otero de la Vega, de la CFE: “la reforma establece los principios esenciales en los cuales se van a basar las leyes secundarias, entre los cuales tenemos la seguridad energética, la seguridad nacional, el abastecimiento continuo de la energía eléctrica, el manejo directo por parte de la CFE del Sistema Eléctrico Nacional y la reivindicación del área estratégica de la electricidad como una unidad inseparable”.
Y sobre todo subrayarán las afirmaciónes del abogado general de la CFE de que la reforma energética del 2013 es “un proyecto fallido e insostenible”, por lo que existe “la necesidad de recuperar el principio básico de la seguridad energética del país para dar garantía de abastecimiento a toda la población en condiciones confiables, seguras, de calidad y a los precios más bajos posibles” y que con esto se busca que se ejerza el derecho a la vida digna, además de que “no existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico permanezca inmodificable. El Estado tiene la responsabilidad de realizar los cambios que sean necesarios para atender las necesidades colectivas, particularmente aquellas cuya satisfacción demanda la realización de un servicio público a cargo del Estado en virtud de su relación directa con la subsistencia y el adecuado desarrollo de la vida social y familiar”.