La soberanía alimentaria no puede construirse únicamente desde el discurso gubernamental ni reducirse a programas de compra temporal de cosechas. México enfrenta hoy una contradicción profunda: mientras la llamada Cuarta Transformación ha colocado nuevamente al campo en el centro del debate nacional, miles de pequeños productores continúan atrapados en redes de coyotaje, discrecionalidad y clientelismo que degradan su trabajo y condenan a las comunidades rurales a sobrevivir bajo reglas impuestas por intermediarios políticos y comerciales.
Las recientes denuncias de mujeres campesinas excluidas de las listas de acopio vinculadas a los hermanos Castro no son un hecho aislado. Son el síntoma de una enfermedad estructural que persiste en el campo mexicano: la utilización electoral de la pobreza rural y la concentración del poder de decisión en pequeños grupos que administran los apoyos públicos como si fueran patrimonio privado. Cuando una productora debe suplicar para vender su cosecha, no existe justicia social; existe subordinación.
La izquierda mexicana no puede conformarse con sustituir a los viejos caciques por nuevos administradores del mismo modelo clientelar. La transformación verdadera exige romper con la lógica de intermediación que encarece los alimentos, empobrece a quienes producen y vuelve dependiente al país de mercados externos cada vez más agresivos e inciertos. Hoy, frente a un Estados Unidos marcado por políticas comerciales impredecibles, proteccionismo creciente y presiones geopolíticas constantes, la soberanía alimentaria dejó de ser una consigna romántica: es una necesidad estratégica de seguridad nacional.
Resulta indispensable construir un nuevo pacto agroalimentario rumbo a 2027. Los partidos políticos, las universidades públicas, los centros de investigación, las organizaciones campesinas y la sociedad civil deben sentarse a diseñar mecanismos transparentes de comercialización, padrones auditables, cooperativas regionales, redes públicas de almacenamiento y sistemas digitales abiertos que eliminen la discrecionalidad.
No basta producir más; hay que garantizar que quien siembra reciba un precio justo y que quien compra alimentos pueda acceder a ellos sin que comer se convierta en un lujo. Cada peso que se queda un intermediario especulador es un golpe doble: contra el campesino y contra la mesa de las familias trabajadoras.
Defender al campo mexicano de coyotes y presiones extranjeras es defender la soberanía, la estabilidad social y el futuro mismo del país.
