Durante la sesión legislativa del pasado 23 de abril de la sexagésima cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas, la diputada Priscila Benítez Sánchez propuso una iniciativa dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría del Bienestar, con el fin de prevenir el uso político de los programas sociales en Zacatecas. Esta propuesta generó intensos debates y enfrentamientos entre los diputados Enrique Laviada Cirerol y Ernesto González Romo, quienes defendieron los intereses de sus respectivos partidos políticos e incluso mencionaron la ya aprobada reforma de pensiones.
La diputada solicitó que se abstengan de coaccionar a los ciudadanos para favorecer a ciertos candidatos políticos.
La diputada Benítez fundamentó su iniciativa en el reciente decreto que eleva a rango constitucional el derecho a los programas sociales, así como en el artículo séptimo de la Ley General de Desarrollo Social, que garantiza a toda persona el derecho a participar y beneficiarse de dichos programas. Además, hizo hincapié en la obligación de los funcionarios públicos de mantener neutralidad en los procesos electorales, según lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada señaló que, lamentablemente, ha recibido informes sobre presiones ejercidas por servidores públicos en diversas comunidades, particularmente dirigidas a adultos mayores, quienes son amenazados o extorsionados para favorecer a ciertos candidatos políticos. Este uso indebido de los programas sociales para fines electorales es inaceptable y vulnera los principios democráticos.
Tal iniciativa se votó a favor para que sea tratada como urgente y de obvia resolución; son 16 votos a favor y siete en contra.
Ante esto, el diputado Ernesto González Romo argumentó en contra del punto de acuerdo presentado por la diputada Priscila Benítez, enfocándose en dos aspectos principales. Primero, cuestionó la calidad moral de la diputada promotora, citando su confesión previa de haber participado en prácticas de mapachería electoral y manipulación de programas sociales con fines electorales. Consideró esta conducta como despreciable en la política.
Segundo, señaló que el punto de acuerdo busca manchar la política social del Gobierno federal al cuestionar la imparcialidad en la entrega de programas sociales. Destacó la importancia de los programas universales y la eliminación de sesgos políticos en su distribución, invitando a diputados de otros partidos a respaldar esta postura.
El diputado Enrique Laviada Cirerol respaldó el punto de acuerdo de la diputada Priscila Benítez, pero antes confrontó al diputado González Romo. Le reprochó el uso ilegal de programas sociales y denunció prácticas de coacción y manipulación electoral. Criticó la falta de congruencia en su discurso y lo acusó de aceptar prebendas políticas. Luévano también cuestionó la ética del diputado González, mencionando su apoyo a candidatos cuestionables.
Incluso criticó la reforma de pensiones al argumentar que afecta a los jubilados al saquear sus pensiones. Se refirió a los 40 mil millones de pesos retirados de los ahorros de los jubilados mexicanos y expresó preocupación por posibles futuros saqueos al fondo de pensiones y al Banco de México por parte de Morena. Finalmente, llamó a respetar la ley y responsabilizar a quienes la infrinjan, independientemente de su afiliación política.
Finalmente, el diputado González Romo respondió criticando la congruencia del diputado Luévano, señalando que fue elegido por Morena y luego traicionó al movimiento. Acusó a Luévano de utilizar la tribuna para fines electorales y políticos, sin mencionar a beneficiarios reales de programas sociales. González Romo defendió la reforma de pensiones, argumentando que busca garantizar una pensión digna para los ciudadanos al arrebatarle miles de millones de pesos a los bancos y las afores. Y así concluyó expresando su orgullo por estar con el presidente López Obrador.
