Durante las últimas semanas el debate público se ha centrado en las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral enviadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, conocidas como Plan A y Plan B. La atención se ha puesto, en el primer caso, en los cambios propuestos para modificar la elección de los Diputados de Representación Proporcional (los plurinominales) y en eliminar a los Senadores de dicha naturaleza. Como también sabemos dicha propuesta fue rechazada por la Cámara de los Diputados, en la que se ingresó. En lo que hace al Plan B, que por su parte ingresó a la Cámara de los Senadores, el debate parece centrado en la reducción del tamaño y gasto de los Poderes Legislativos Locales y, a su vez, en la misma lógica, de los Ayuntamientos.
En el Plan A ya había una muy interesante referencia a los municipios, particularmente en lo que hace a los mecanismos de participación e incidencia ciudadana, lo que, en estas mismas páginas celebramos por tratarse de una ruta correcta rumbo a la democratización en clave gobernanza y aun más, en el empoderamiento ciudadano en el nivel más cercano a la ciudadanía, primer rostro que perciben las personas de ese entramado complejo y enorme que es el Estado mexicano.
Ahora bien, en el Plan B, la propuesta parece ir en contrasentido del plan A y de lo que puede suponerse era el espíritu de la reforma planteada. Al proponer limitar el número de integrantes de los cabildos, sean regidores o síndicos, lo que se promueve es la reducción de la representación de la ciudadanía en el ámbito estatal más cercano y cuya efectividad más impactos tiene en su vida cotidiana. Es perfectamente entendible la pretensión por reducir los costos, sin embargo, creo que hay alternativas a ello sin que se deba afectar la representatividad de la sociedad en los Ayuntamientos. Una, solo por usar la misma referencia de la iniciativa en cuestión, es limitar el costo, en relación al presupuesto por Ayuntamiento, destinado a las percepciones, equipo y en general, el recurso que hoy se gasta en las regidurías, sin que ello implique reducir el número de éstas. Usemos solo una referencia: hay municipios que por su población superan a entidades completas; sería injusto que éstos ciudadanos tuvieran más reducida su representación en el Ayuntamiento, que lo que podrán tenerlo los ciudadanos de otros estados con referencia a su Legislatura local. Por el contrario, deberíamos apostar por más regidurías a un menor costo; volver a la idea de que el cabildo debiera ser esencialmente una junta de vecinas y vecinos que velan por el buen funcionamiento de los servicios públicos en su comunidad. Sin llegar a proponer que tales cargos sean honoríficos, sí podemos acercarnos al umbral de tal punto. Más importante es apostar por que las personas integrantes de tales cuerpos edilicios cuenten siempre con información confiable, verificable y de calidad para la toma de sus votos y posiciones. En tal sentido, si lo que se pretendía en el Plan A no pasó, podemos pensar en que, en otra fórmula, con el mismo espíritu, podemos lograrlo: que las ciudadanas tengan cada vez más injerencia, más incidencia, más participación y más peso en las decisiones públicas que les afectan su día a día.
Tanto en la opinión publicada, como en las políticas e iniciativas diseñadas desde la Ciudad de México, hay cierto menosprecio por los Ayuntamientos, lo que creo se explica por lo ambigua que les resulta la figura dado su diseño jurídico local, y lo muy complicado que resulta la gestión en las alcaldías de dicha entidad federativa. Sin embargo, bien caería a los autores innombrados retornar a las bondades e historia de los Ayuntamientos en México, y apostar, en un compromiso histórico y popular serio, a que sea dicha figura a la que se le apueste para reconfigurar y relanzar nuestra democracia, pues, como ya lo he escrito también en éstas páginas: toda democracia es local.
@CarlosETorres_
