El debate público sobre la eminente reforma al Poder Judicial de la Federación permite tener enfrente al más obscuro de los 3 poderes que; además, se ha ido alejando de la justicia social (no solo la judicial) para terminar en los brazos de las oligarquías de México y de los capitales transnacionales. De por sí, ha sido infiltrada y convive con el crimen organizado y de cuello blanco. No estoy descubriendo nada que no sea del dominio público.
No es casual, ni por descuido, que Andrés Manuel López Obrador haya dejado al final de su mandato la iniciativa de promover la transformación del sistema judicial. Al inicio de su gobierno, convocó a que los cambios los hiciera el propio Poder Judicial. El entonces presidente de la SCJN, ministro Arturo Zaldívar, dio pasos importantes. Pero, ante la cercanía de su relevo AMLO propuso que fuera reelecto un período más para que culminara las reformas que ya se estaban dando. El propio ministro declinó su reelección.
Norma Piña, nueva ministra presidenta, frenó los avances, dio reversa y hasta mostró una inusitada beligerancia altanera, prepotente y grosera. Bloqueó todo tipo de colaboración (léase: asumir la responsabilidad conjunta de resolver los grandes problemas de la sociedad mexicana) con el legislativo y ejecutivo. Pretendió ser un poder superior, con el faccioso argumento de la autonomía y la separación de poderes, a concebirse como “contrapeso”.
Los risorios desplantes públicos de Norma Piña, el golpeteo interno en el sistema judicial y su rijosa confrontación con el legislativo y ejecutivo evidencia una presidencia judicial que se concibe oposición y no en cooperación institucional. Acabó con su poca independencia. Su praxis judicial está al servicio del capital transnacional, en los oligarcas del país y subordinada a la criminalidad organizada y de cuello blanco. Desde entonces, la llamada separación de poderes le ha servido para “interpretar” las leyes a placer, liberar delincuentes altamente peligrosos, otorgar amparos a empresas extranjeras neocolonizadoras, evitar el pago de impuestos y proteger la corrupción.
Así, la lucha contra la corrupción, la impunidad, contra el clima de inseguridad, la protección de los bienes nacionales y la defensa de los derechos humanos, entre ellos los laborales, resulta muy difícil teniendo a un Poder Judicial que no participa para resolver esos y muchos otros problemas judiciales. Su autotransformación no fue posible debido al monstruoso nepotismo (6,755 redes familiares; el 49 por ciento de los trabajadores reconoce tener al menos un familiar laborando en el Poder Judicial), amiguismo, compadrazgo, influyentismo y las recomendaciones de muchos de sus integrantes. El sistema profesional de carrera es más un sistema corporativista. Se acuerdan de él para abogar contra una reforma que no pretende retirarlo, como dicen. Al contrario, lo refuerza.
El periódico La Jornada, en un extraordinario reportaje de Gustavo Castillo García, reveló que En 2022 se documentó que el servidor público con el número más alto de relaciones familiares con servidores públicos activos es 26, e incluyen a un secretario del decimosegundo circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa. “Entre sus relaciones se encuentran un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales judiciales nivel C. “Estos 26 servidores públicos junto con sus respectivas relaciones forman una red de 79 servidores públicos, de los cuales 14 están inactivos”.
Dos ejemplos: Ana Elena Aguilar Arrangóiz (hija del ministro Luis María Aguilar Morales), con cédula profesional de 1998 es odontóloga, pero resuelve asuntos judiciales. El otro caso es del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quien tiene trabajando en la SCJN a su hija Daniela Pardo Soto Reyes desde el 2011. Cierto, siempre hay gente buena, profesional, éticamente responsables, con la frescura de entender las leyes en el contexto de la realidad social y de su tiempo. Por lo general, son bloqueados por un sistema putrefacto.
Lo peor propaganda al sistema judicial la hace una oposición embustera y repudiada, el PRIAN; la de oligarcas económicos que no quieren pagar impuestos como Claudio X. González, Salinas Pliego, Gustavo de Hoyos. Están fuera de la ley y rayan en la delincuencia de cuello blanco; o la de voceros de nuestra derecha corrupta (trabajadores de monopolios corruptos de la comunicación) de radio, televisión y prensa escrita que se esfuerzan en defender su “independencia” y su papel de “contrapeso”.
La gran empresa transnacional, babeando por la riqueza de las naciones débiles, principalmente los bancos y su gobierno imperial e injerencista no se ha quedado atrás. Flaco favor le hace la embajada de EEUU (financiador de Xóchilt Gálvez y de la mal llamada “marea rosa”) con hablar a favor del Poder Judicial de México. Con eso transparentan su ausencia de independencia. Ahora dirán: “la embajada gringa no se toca”. La mayoría de los mexicanos no nos interesa tocarla, solo deseamos que no se metan, es nuestra soberanía.
