La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, generó una amplia controversia luego de declarar, durante la conferencia matutina del jueves 18 de diciembre, que “muchas de estas desapariciones no son de delincuencia organizada (…) son ausencias voluntarias por problemas familiares”.
Las declaraciones surgieron a partir de una pregunta relacionada con la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tema que desde hace años mantiene en alerta a colectivos, especialistas y organismos internacionales debido a la magnitud de la crisis en el país.
Durante su intervención, la mandataria federal explicó que, conforme a la legislación vigente, una persona solo puede ser considerada legalmente como desaparecida cuando existe una carpeta de investigación abierta ante las fiscalías. Señaló que esta medida busca evitar registros sin sustento, al afirmar que anteriormente “se registraba un nombre y no había datos adicionales… tenía que ser considerado por ley como persona desaparecida”. En ese contexto, Sheinbaum sostuvo que no todos los casos de desaparición están relacionados con el crimen organizado ni con actos del Estado mexicano.
Estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata por parte de colectivos de búsqueda, entre ellos Buscadoras Zacatecas A.C., organización que manifestó su preocupación y tristeza ante lo que consideraron una falta de sensibilidad desde el poder. En un posicionamiento para el medio, el colectivo señaló que las familias llevan años luchando para que se reconozca la crisis de desaparición que atraviesa el país, la cual, afirman, ha sido minimizada de manera constante.
“Desde siempre se ha querido minimizar la dimensión de esta violencia; se nos hace sentir culpables por la desaparición de nuestros familiares y se suele revictimizar a las víctimas y a las familias”, expresaron. Aseguraron que calificar muchas desapariciones como ausencias voluntarias no solo carece de responsabilidad, sino que también contribuye a restar gravedad a un fenómeno que ha sido documentado de manera reiterada por organismos nacionales e internacionales.
El colectivo subrayó que la desaparición en México es generalizada y sistemática, tal como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas. Indicaron que, en su labor diaria, observan cómo aumentan las fichas de búsqueda y cómo más familias se suman, desesperadas, a la búsqueda de sus seres queridos. Además, señalaron que en muchos casos la desaparición no solo está vinculada al crimen organizado, sino también a la falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades.
“Dejaron que este problema creciera como nunca y ahora se quieren lavar las manos”, denunciaron. Recordaron que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas y que en Zacatecas la cifra supera las cuatro mil. Añadieron que uno de los principales problemas sigue siendo el subregistro, ya que muchas familias no denuncian por miedo, desconfianza o amenazas. “¿Usted confiaría en las autoridades para denunciar? Con los dichos de la presidenta se pierde mucha de esa confianza”, señalaron, al considerar que este tipo de mensajes trasladan la responsabilidad de la crisis a las víctimas.
En el ámbito académico, Jairo López Pacheco, investigador y docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, coincidió en que las declaraciones deben analizarse dentro de un contexto más amplio. Afirmó que el Gobierno federal se ha enfocado más en administrar el problema de la desaparición que en construir soluciones reales. Recordó que desde finales del sexenio anterior se intentó intervenir el registro nacional de personas desaparecidas, pero que la presión de los colectivos impidió que se hiciera sin su participación.
López Pacheco advirtió que, tras las reformas a la Ley General en materia de Desaparición, se observa un retroceso al volver al esquema de registrar únicamente a quienes cuentan con una denuncia formal. Esto, explicó, excluye a familias que no denuncian por miedo, falta de recursos o desconfianza en las autoridades, cuando antes podían acudir directamente a instancias como las comisiones de búsqueda.
El académico calificó como paradójico que, en un país con más del 90 por ciento de impunidad en estos delitos, se insista en cargar la responsabilidad sobre las víctimas. Señaló que muchas familias dejaron de exigir justicia porque la consideran inalcanzable y que, aun cuando solo demandan búsqueda y localización, el gobierno busca controlar el relato a partir de las estadísticas.
Finalmente, cuestionó el enfoque oficial al señalar que la discusión de fondo debería centrarse en cuándo dejarán de desaparecer las personas y qué acciones concretas se están tomando para combatir la impunidad. “Nuevamente el Gobierno está cargando la responsabilidad de la crisis en las víctimas”, concluyó.
