Zacatecas, como muchos otros estados, tiene en la Ley de Identidad de Género una deuda que están arrastrando y que debería dar “un golpe de timón” para avanzar, porque una vez que se otorgue ese derecho, creará y ofrecerá a personas que durante mucho tiempo le han sido negados sus derechos y que han vivido en la clandestinidad, el carácter de ciudadanía, señaló en entrevista para La Jornada Zacatecas, la activista zapoteca y asambleísta del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), Amaranta Gómez Regalado.
Los últimos 20 años, de acuerdo con la también antropóloga social, ha habido un movimiento fuerte por parte de diferentes sectores que han impulsado agendas para obtener algunos logros y avanzar, dentro de un país con una democracia incipiente, hacia un marco jurídico que permita la no discriminación, muestra de ello es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, misma que propició el escenario para crear el Conapred que se ha convertido en un modelo para América Latina.
Aunado esto, a decir de Gómez Regalado, se ha fortalecido también el hecho de que los dirigentes de sectores han empezado a tener exigencias más claras y mucho más concretas. Para el caso de la diversidad sexual, detalló, hay dos temas en la ruta que desde el principio han sido la agenda: el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las identidades de género de las personas trans.
En el primer tema, Zacatecas ya se unió al mapa junto con otros estados, faltando solamente ocho entidades en el país por reconocer el matrimonio igualitario. Era un recorrido que parecía fácil dijo, pero se les debe a la apuesta de la sociedad civil, los activistas de derechos humanos y los movimientos LGBTTTI de irse por una ruta de estado por estado y aprovechar las coyunturas políticas de cada entidad que favorecieron ese paso, pero la otra ruta, la ley de identidad de género, advirtió, está todavía acéfala en muchos de los estados.
“Parece ser, esa es una lectura personal y política, que las identidades y las corporalidades trans terminan siendo carne de cañón para la hora de la negociación, porque no puedes explicarte por qué una ley avanza y la otra no, y sin embargo, los movimientos ahí están. La exigencia principal de esta ley es el reconocimiento del Estado mexicano desde el nivel federal, estatal y municipal, de la ciudadanía, del carácter de ciudadanía que tienen las personas trans; de tener un documento que lo haga nombrar como quiera y de ahí desprenderse una serie de derechos: derecho a la educación temprana, el reconocimiento de modificar los documentos de estudios realizados, derecho a tramitar tus identificaciones como el INE o el derecho a pagar impuestos. Cuando tienes todos estos derechos garantizados a partir de un documento que un estado te ofrece, lo que hace es ofrecer ciudadanía, no hay otra cosa. Quienes siguen negando estos derechos piensan que las personas trans somos personas de tercera o cuarta categoría”.
Acceso a un empleo digno y reglamentos municipales antidiscriminatorios
Además de las dos agendas mencionadas, Amaranta Gómez Regalado enumera dos temas que están siendo también impulsados dentro de la misma agenda de los movimientos LGBTTTI. El primero de ellos, dice, quedó desvelado con la pandemia de Covid-19, como si se hubiera abierto una caja de Pandora, y es el tema del acceso al trabajo particularmente para las personas trans.
“El reducto social no puede quedarse en el estilismo o la prostitución como únicos destinos de desarrollo. Quien lo elija está bien, finalmente es un derecho a elegirlo y son trabajos dignos si se quieren ver como tal, pero el Estado no puede ofrecer eso, sino ofrece otras alternativas omite atender las necesidades de esta población, lo que hace que sea un acto de discriminación. Está omitiendo la capacidad técnica de las personas trans: el talento, la inteligencia, la fuerza de trabajo en tiempo que le podría invertir una persona trans al Estado mexicano, y digo Estado desde la política municipal, estatal y federal”.
Esto no es invento, aseveró, pues países como Argentina han desarrollado un modelo de establecer una Ley Federal en la que el 1 por ciento de los empleos son para las personas trans. No obstante, en México se han topado con un problema discursivo que tiene ver con la meritocracia, pues cuestionan por qué una población tendría que acceder rápidamente a una acción afirmativa de un cupo laboral si no es por mérito propio.
“Estas poblaciones históricamente desertan a temprano tiempo de la escuela y no tienen oportunidad de llegar a la universidad. El piso no es parejo cuando se habla de meritocracia, ese no puede ser el parámetro para poder discutir si los derechos de estas personas vulnerables históricamente y negadas en el derecho tienen o no derecho a acceder a un empleo digno. La ley del matrimonio está bien, pero eso no les va a dar de comer”, aseveró la activista.
El otro tema que se está impulsando tiene que ver con que no hay reglamentos municipales para prevenir y erradicar la discriminación, y tampoco consejos estatales y municipales para la misma lucha, por lo que este tema se convierte en otra tarea fundamental para las entidades como Zacatecas. “Estas dos agendas son las que tiene que ser empujadas, pero si no creamos condiciones jurídicas y políticas públicas es difícil que podamos lograrlas a largo plazo”.
Derechos vs fundamentalismos
Lo que detiene el avance de los derechos no son pensamientos improvisados, reconoció la antropóloga, sino que son movimientos que tienen largo tiempo peleando por tener los espacios de poder, pero desde los fundamentalismos y totalitarismos que buscan colocar a los otros en las periferias porque no entran en las normas. Esos pensamientos, explicó, son de larga duración, pues fueron los procesos colonizadores que trajeron las ideas judeocristianas los que dictaron las normas.
“Por ejemplo, el castellano es un castellano esquizofrénico porque solamente tenemos la o el como categorías únicas. El mundo binario está ahí instalado y quien se sale de esas normas, de ese castellano, quien quiera tener un tercer espacio, no hay manera. Entonces venimos arrastrando esos dispositivos culturales de pensamientos heredados que no son de ahorita, esos son los que intentan parar las ideas progresivas de reconocimiento de derechos. No es un producto de la casualidad, son pensamientos heredados de los fundamentalismos que tienen larga duración que se van reformulando. Les puedes poner el nombre que quieras: fundamentalismos, conservadurismos, religiones, lo que tú quieras, pero ahí están; se van reformulando y cuando se ven amenazados en estos intereses reaccionan, se han sabido mover y traen recursos. Pero el derecho tiene que ser progresivo y eso no es negociable”, sentenció.
Finalmente, Gómez Regalado reconoció que es necesaria una “interseccionalidad colaborativa” para luchar contra los fundamentalismos. Es decir, que a los distintos sectores minoritarios les interesen las agendas de los otros y partiendo de ahí, diseñar una estrategia metodológica. Pero los cambios no son inmediatos, advirtió, sino que también son de larga duración y lo que se debe pensar es que con la lucha se abona para que en el futuro alguien más disfrute esos derechos.
“No hay que desesperarse, porque en algún punto la historia nos demuestra que cuando hay argumentos y apelamos al derecho, siempre terminamos teniendo la razón de alguna manera y avanzamos. No desesperarse es el único mensaje”.
