■ No se dieron detalles para respetar la presunción de inocencia y no afectar las investigaciones
■ Se les relaciona con faltas graves como peculado, cohecho y, en general, disposición indebida de recursos públicos
Hay por lo menos tres funcionarios de la actual administración, y “uno tiene buen nivel” dentro del organigrama gubernamental, que están siendo investigados por presuntos actos de corrupción relacionados con faltas graves como peculado, cohecho y, en general, disposición indebida de recursos públicos.
Sin dar nombres ni detalles sobre los casos, para respetar la presunción de inocencia y no afectar las investigaciones, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Raquel Velasco Macías, informó que en esta instancia se está trabajando sobre 12 asuntos derivados ya de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y en ellos es en donde se encuentran los servidores públicos que en estos momentos están en funciones.
Consideró que esta información es “muy sensible” y que continuarán con el proceso para llegar a las conclusiones finales. Agregó que “el gobernador ha dicho que no encubre a nadie, incluso está muy interesado en que avancen los asuntos. Entonces, nosotros debemos de darle el trámite que marca la ley y también la debida oportunidad de defensa”.
Velasco Macías precisó que estos casos ya están radicados en el tribunal que, con la nueva ley de responsabilidades, es el encargado de realizar el trabajo que hasta ahora llevaban a cabo tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Por tanto, precisó que “nosotros somos los que vamos a aquilatar las pruebas y a resolver si hay o no responsabilidad porque en un momento dado también se puede eximir de responsabilidad”.
En caso de que se les considere responsables de los hechos investigados, se procederá a emitir una sanción de inhabilitación, pero también la condena incluirá la reparación del daño causado al erario.
Añadió que “si la falta es tan grave que configura un delito, por separado la fiscalía anticorrupción inicia el procedimiento respectivo para seguirle el proceso penal que implica privación de libertad”, es decir, pena de cárcel.
La magistrada presidenta del TJA sostuvo que este proceso podría prolongarse durante tres meses por lo que antes del mes de septiembre se tendrá ya la conclusión de estos casos y, “cuando la sentencia cause ejecutoria”, se darán a conocer los nombres de los funcionarios involucrados en estos casos.
