El ajuste a la baja de hasta 45 por ciento al presupuesto del Poder Legislativo de Zacatecas, planteado en el llamado Plan B de la Presidencia de la República, no surge en el vacío ni puede leerse como una medida aislada. Llega, más bien, como consecuencia de una larga cadena de omisiones, excesos y oportunidades desperdiciadas por parte de diputadas y diputados locales para reivindicar su papel como auténticos representantes de la soberanía popular.
Durante los últimos años, la Legislatura estatal ha tenido múltiples ocasiones para alinearse con los principios de austeridad republicana y combate a la corrupción que enarbola la denominada Cuarta Transformación. Sin embargo, en los hechos, ha prevalecido una lógica distante de dichos postulados. La llamada Estafa Legislativa permanece sin sanción ejemplar, mientras continúan operando el tráfico de influencias, esquemas de gasto opacos bajo el concepto de viáticos, que han implicado el manejo de recursos millonarios sin la debida rendición de cuentas.
A ello se suma el incumplimiento de un principio básico: que ningún servidor público debe percibir ingresos superiores a los del titular del Poder Ejecutivo. Este mandato, más que simbólico, constituye un eje de congruencia política que el Legislativo local ha sido incapaz de asumir plenamente mientras cínicamente menciona a otros actores de hacerlo lo mismo que los y las diputadas locales.
En este contexto, el recorte presupuestal aparece como una medida correctiva que, aunque drástica, resulta coherente frente a la falta de voluntad interna para reformarse. No se trata de debilitar a un poder, sino de obligarlo a cumplir con los compromisos adquiridos ante la ciudadanía.
Si la Legislatura de Zacatecas no ha sido capaz de moderar sus excesos por convicción, tendrá que hacerlo por mandato constitucional en el llamado Plan B.
